14 de abril de 1931, el inicio de la revolución española

Rescatar aquellos años atendiendo al trasfondo que les atravesaron, el enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución. Lo que toca celebrar hoy es el inicio de una de las mayores revoluciones del siglo XX.

¿La República fue el resultado de las elecciones o de un intenso proceso de lucha de clases?

Tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, en las que las candidaturas republicanas obtuvieron una amplia victoria en las principales capitales, miles de jóvenes y trabajadores salieron a la calle en contra del régimen político y la Corona. Las grandes demandas democráticas pendientes como la reforma agraria, la separación de la Iglesia y el Estado, el fin de la Monarquía o los derechos democrático nacionales de vascos, catalanes y gallegos, se mezclaban con las demandas obreras contra los alquileres, por la subida de salarios y contra los despidos que empezaban a extenderse como parte del impacto de la crisis del 29.
Estas movilizaciones masivas no cayeron del cielo. Desde comienzos de año la efervescencia social se extendía por todo el Estado. El decrépito régimen de la Restauración, con Alfonso XIII a la cabeza, hacía aguas. En Febrero dimitía el sucesor de Primo de Rivera, el General Berenguer, y dejaba paso al Almirante Aznar. Un cambio de caras que fue incapaz de contener la oleada de huelgas obreras y las protestas estudiantiles.
El 13 de abril, la localidad vasca de Eibar fue la primera en proclamar desde el Ayuntamiento la República. Le seguirían el resto de consistorios, incluyendo el de Madrid, el día siguiente, 14 de abril. En Barcelona serían los dirigentes de la ERC, Lluís Compayns y Francesc Macià, quienes lo harían de una manera especial. En la Plaza Sant Jaume proclamaban la Republica catalana como parte de la República Federal española, como un intento de forzar una negociación con el gobierno provisional para que reconociera la Generalitat y habilitara el proceso de elaboración de un nuevo estatuto de autonomía.

¿Una revolución democrática o un proyecto reformista para evitar una revolución social?

El nuevo gobierno estuvo integrado por republicanos burgueses de izquierda y dirigentes del PSOE. Elegiría como presidente a Manuel Azaña, de Izquierda Republicana. Sin embargo sus primeras decisiones marcaban sus intenciones de promover un cambio de régimen sin una ruptura total con el establishment existente y mucho menos con el sistema social. Decidieron, en primer lugar, facilitar la salida de Alfonso XIII y su familia del país, imposibilitando que pudiera ser juzgado por los crímenes de su reinado. En segundo lugar, entregaron la Presidencia de la República a Niceto Alcalá Zamora, un ex-monárquico conservador y uno de los grandes terratenientes del país.
Una dualidad iba a atravesar a la II República durante toda su historia, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Por un lado el 14 de abril se puede considerar como la fecha de arranque de la revolución española, un proceso dilatado y con altibajos que no será sofocado definitivamente hasta la derrota de los obreros revolucionarios en la Barcelona de mayo del 37 y la posterior victoria de Franco casi dos años después.
Por el otro, ese mismo día arrancan también los esfuerzos de los dirigentes republicanos y reformistas para contener las aspiraciones democráticas y sociales de obreros y campesinos, detrás de un programa que, en lo fundamental, se negaba a avanzar sobre los intereses de los grandes capitalistas y terratenientes, y fue incapaz de descabezar a las fuerzas de la reacción – Iglesia, monárquicos, carlistas y militares golpistas – que en 1936 iniciarían la guerra para acabar con la misma República y todo resto de organización obrera o campesina.

El bienio progresista y el enfrentamiento con el movimiento obrero y campesino

De hecho, la conflictividad social no se va a detener con la llegada de la República. El proceso constituyente y el primer gobierno republicano, el llamado “bienio progresista”, va a tener en la calle uno de sus principales desafíos. Fueron miles los trabajadores y campesinos descontentos con la lentitud de las reformas, y esto se expresó en movilizaciones como las de mayo de 1931 en Madrid que acabó en una oleada de quema de edificios religiosos, las protestas campesinas en Andalucía en diciembre de ese mismo año, los levantamientos campesinos de Arnedo y Castilblanco, las insurecciones del Llobregat en enero de 1932 o la masacre de Casas Viejas de enero de 1933, donde el gobierno asesinó a 21 campesinos.
En el campo, la Reforma Agraria del “bienio progresista” dejaba intacta la gran propiedad que contara con los títulos de propiedad en regla y garantizaba una altas indemnizaciones en los escasos supuestos en los que se podían llevar adelante expropiaciones. Esto implicaba que se calculaban 100 años para poder resolver el problema del campesinado sin tierra. Todavía hoy se seguiría aplicando. En la ciudad, el Ministro de Trabajo Largo Caballero, del PSOE, que había ocupado ese mismo cargo con Primo de Rivera, mantuvo intacta la legislación antisindical y se enfrentó directamente a las huelgas y reivindicaciones de los trabajadores.
La Iglesia, quitando medidas excepcionales tomadas contra los Jesuitas y otras órdenes, mantuvo intacto su patrimonio. Y en el Ejército, la casta de oficiales sufrió algún agravio menor, pero se les mantuvo en activo y ante algunas intentonas golpistas, como la de Sanjurjo en agosto de 1932, se trató a los golpistas con una condescendencia que ya quisieran para ellos muchos huelguistas encarcelados.
La brecha entre las aspiraciones de trabajadores y campesinos, y las ilusiones truncadas en el gobierno republicano-socialista fueron aumentando ostensiblemente. La respuesta del gobierno Azaña fue aprobar una Ley de Seguridad de la República cargada de disposiciones represivas contra los luchadores que dejaron un saldo de 9.000 presos políticos en enero de 1933.

El ascenso de la derecha y la Comuna asturiana ¿Un “ensayo general” de la revolución del 36?

La debilidad de la izquierda revolucionaria, en aquel momento representada por la Izquierda Comunista de Nin, sumado a la política sectaria del estalinismo (enfrascado en su etapa del “tercer periodo”) y la división del anarquismo entre un ala reformista (los “treintistas”) y otra antipolítica e insurreccionalista cada vez más desligada de los trabajadores, hizo que la crisis del gobierno progresista fuera capitalizada por la derecha.
Esta es la razón - y no el “voto de las mujeres” como aludieron muchos reformistas misógenos que se habían opuesto al mismo en las Cortes Constituyentes con el argumento que votarían lo que les dijeran los curas – por la que en noviembre de 1933 ganarían las elecciones las fuerzas de la derecha, el Partido Radical y la recién fundada Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).
El gobierno Lerroux inaugura en 1934 el llamado “bienio negro”, dos años en los que las escasas reformas aprobadas en el primer bienio -incluida la timidísima Ley de Reforma Agraria- fueron echadas para atrás y la represión contra el movimiento obrero y campesino se incrementó brutalmente. Este ascenso de la derecha coincidió con un acontecimiento internacional de gran relevancia, en enero de 1933 Hitler asumía la cancilleria del Reich y un mes más tarde se producía el incendio del Reichstag que inauguraba la dictadura fascista en Alemania.
La amenaza de la reacción y la experiencia alemana (en donde las direcciones socialistas y estalinistas habían permitido el ascenso del fascismo sin presentar combate) llevó a que algunas organizaciones obreras se decidieran a poner en pié organismos de frente único obrero. En diciembre de 1933 se había fundado la Alianza Obrera en Catalunya. Lamentablemente las principales organizaciones del movimiento obrero o se negaron a esta política -como al CNT, con la excepción de su sección asturiana-, o se sumaron sin la voluntad de que este frente se desarrolla -como el PSOE- o se adhirieron tarde -como el PCE que no lo haría hasta septiembre de 1934-.
Más allá de sus direcciones, muchos militantes anarquistas y sobre todo del PSOE y las Juventudes Socialistas comenzaban a radicalizarse y a hacer una experiencia con sus direcciones reformistas. Esta izquierdización tenía lugar en otros países como en Francia, donde los trotskistas trataron de confluir con ella entrando a la SFIO para lograr construir un partido revolucionario que ofreciera una alternativa a la bancarrota política de la II y la III Internacional evidenciada especialmente en Alemania.
En octubre de 1934 la CEDA entró en el gobierno, lo cual fue el detonante para la insurrección por la que venían trabajando estos sectores. Los mineros de Asturias, se adueñaron del territorio, levantaron comités y se enfrentaron militarmente a la Guardia Civil y el Ejército.
En las grandes capitales la dirección socialista rehuyó de dirigir la huelga general y la insurrección. En Madrid los obreros iban a los locales del PSOE buscando indicaciones de qué hacer, pero sus dirigentes estaban literalmente desaparecidos. La dirección de la CNT no brindó apoyo al levantamiento, salvo en Asturias.
En Catalunya, la Alianza Obrera llamó a la huelga general, que fue un éxito a pesar de la oposición de la dirección anarcosindicalista, pero las organizaciones que la dirigían -la IC de Nin y el Bloque Obrero y Campesino de Maurín- se supeditaron explícitamente a la dirección del President de la Generalitat, Lluís Companys. Éste se rendiría a las tropas enviadas por el gobierno central sin prestar apenas resistencia. La autonomía catalana quedó suspendida y el govern de la Generalitat encarcelado.
En este marco, la Comuna asturiana quedó sola y aislada y el Ejército, comandado por el general Franco, la aplastó con un saldo de cientos de muertos y detenidos. Aún así, su derrota no significó la muerte de la revolución española, sino que esta experiencia heroica iba a ser retomada por los trabajadores y campesinos del resto del Estado dos años más tarde en aquellas zonas donde se derrotó el golpe militar.

El Frente Popular y el asenso obrero y campesino de la primavera del 36

El rumbo cada vez más autoritario del gobierno de Lerroux no pudo evitar que entrara en una crisis interna cada vez mayor durante 1935. Los casos de corrupción iban deslegitimándolo cada vez más, a la vez que se llenaban las cárceles de obreros y campesinos (más de 30.000) y cientos de locales y periódicos de sindicatos y partidos obreros eran clausurados. En octubre todas las organizaciones obreras iniciaron una fuerte campaña por la amnistía que terminó de horadarle el suelo y fueron convocadas elecciones anticipadas en febrero de 1936.
Las organizaciones reformistas, el PSOE y el PCE sumido en el viraje de la III Internacional a favor de las políticas de colaboración de clases con las burguesías “democráticas”, llegaron a un acuerdo electoral con los partidos republicanos burgueses (IR , UR, ERC). Se constituyó así el Frente Popular, en base a un programa reformista inspirado en el del primer bienio. Es decir, en el que se aceptaba la irresolución de grandes demandas democráticas como la cuestión agraria y el respeto sacrosanto a la gran propiedad capitalista. La UGT lo integró también y la CNT se mantuvo formalmente independiente pero sin realizar su tradicional campaña de abstención. El joven POUM -formado en octubre del 35 fruto de la fusión de la IC y el BOC- acabó sumándose, lo que llevó a una ruptura política definitiva entre los viejos dirigentes de la IC y la Oposición de Izquierda dirigida por León Trotsky.
La victoria del Frente Popular trajo un nuevo gobierno de coalición con Manuel Azaña como Presidente. La Generalitat se restableció y el govern quedó indultado. Sin embargo la dinámica del primer bienio se iba a repetir de manera acelerada e intensificada. Las promesas e ilusiones reformistas eran incapaces de frenar la iniciativa de trabajadores y campesinos por resolver efectivamente todas sus demandas postergadas.
El día siguiente de las elecciones se produjeron grandes manifestaciones a las prisiones para exigir la inmediata libertad de los presos políticos, llegando incluso a asaltar las cárceles y liberar a los presos antes de que llegara el decreto gubernativo, como ocurrió en Valencia. Un día más tarde, se inició una oleada de huelgas exigiendo aumentos de salario, la reincorporación de los despedidos durante el “bienio negro” y otras reivindicaciones. No encontraremos una sola ciudad que en los meses siguientes no viviera al menos una gran huelga general o de algún sector clave de la clase obrera.
En marzo, la agitación tomó cuerpo en el campo andaluz y extremeño. Los campesinos tomaron en sus manos y por sus propios métodos la resolución del problema agrario. Más de 200.000 participaron en ocupaciones masivas de las tierras de los terratenientes que la Ley de Reforma Agraria se negaba a tocar.
El gobierno Azaña, y a partir de mayo el de Casares Quiroga (el primero sustituirá a Alcalá Zamora en la Presidencia de la República), se mostrarán incapaces de contener la movilización social. Al mismo tiempo la derecha, el alto mando del Ejército y los grandes industriales y financieros comenzaron a preparar el golpe con total impunidad.
En los últimos meses de la II República sin guerra, las tendencias a la revolución y la contrarrevolución tomaban día a día más cuerpo. El reformismo aparecía como una tercera posición impotente. Impotente para las clases dirigentes que la despreciaban por inútil. También para los trabajadores que estaban haciendo una amarga experiencia con él al dejar insatisfechas sus principales demandas, y por otro lado actuar como un obstáculo mismo para enfrentar el golpe que se avecinaba.
Finalmente entre el 17 y el 19 de julio se producía la sublevación militar. El gobierno del Frente Popular volvió a hacer gala de esta impotencia, llamando a la calma y tratando de negociar con los golpistas. A pesar de ello, nuevamente los obreros y campesinos estuvieron a la altura. Tomaron la iniciativa y salieron a enfrentar a los militares sublevados. Allí donde llegaron a tiempo, la cadena de mando del Ejército se rompió y el golpe fracaso.
Se iniciaba así la guerra civil, en la retaguardia republicana los trabajadores comienzaron a poner en marcha un programa de revolución social y a construir organismos de auto-organización para dirigir la vida social, económica y militar. Las tareas democráticas y sociales postergadas por los gobiernos republicano-socialistas se empezaban a resolver de inmediato, pero esta vez tampoco se lo iban a permitir. Aunque este tema seguramente dará para otro artículo.

Santiago Lupe
Barcelona | @SantiagoLupeBCN