Bolivia: entre el golpe de Estado y la resistencia popular

El dramático péndulo de la lucha de clases en Bolivia.

Esta primera semana del gobierno de Jeanine Áñez ya lleva 23 muertos, cientos de heridos, cientos de detenidos y más de 700 médicos cubanos deportados, además de decenas de periodistas y agencias de información internacionales expulsadas del país. La formación de listas de “masistas” y de gente que no apoya el movimiento cívico policial y militar calificándolos como “enemigos” constituye un salto cualitativo en el giro a la derecha y represivo de la situación actual.
La consumación del golpe de Estado cívico policial y militar el pasado 10 de noviembre en Bolivia, con la renuncia de Evo Morales y la asunción como presidenta autoproclamada de Jeanine Áñez, avalada por la OEA y el imperialismo así como por los baluartes de la reacción continental como Bolsonaro, amerita una explicación de las fuerzas profundas y estructurales que condujeron a este resultado.
Los acontecimientos últimos en Bolivia vienen sacudiendo a la opinión pública internacional, particularmente latinoamericana, en la que la imagen y llegada de la figura de Morales contaba y cuenta con altos índices de popularidad, sostenidas por una estable situación económica y sostenido crecimiento económico en los últimos 10 años que contrasta con la dinámica del conjunto de la región.
Los violentos cambios en la situación y en las relaciones de fuerza entre las clases y los partidos, entre el oficialismo y la oposición de derecha, entre el imperialismo y el país, entre el oriente y occidente, que se produjeron entre las elecciones del 20 de octubre y la consumación del golpe el 10 de noviembre, no solo dificultan los análisis sino que también plantean serios interrogantes sobre la futura estabilidad del nuevo orden al preanunciar un retorno de la lucha de clases luego de una década de pasivización de la acción de masas.
Si el 20 de octubre se inició un movimiento semiespontáneo de las clases medias en defensa del voto ciudadano ante lo que consideraban como un “escandaloso fraude” atribuido a Morales y al MAS para impedir una segunda vuelta que lo podía dejar fuera de palacio ante su rival de centro derecha Carlos Mesa, en pocas horas y días el movimiento se fue radicalizando en sus demandas y en sus métodos de lucha incorporando al mismo a diversos sectores sociales agraviados por el régimen de Morales en sus casi 14 años de gobierno, lo que permitió que el movimiento cívico pudiera encubrir su profundo carácter reaccionario, racista y clerical con un manto de popularidad.
Ya el lunes 21 de octubre, el Comité Cívico de Santa Cruz convocó a un paro cívico nacional con bloqueo de caminos que fue rápidamente secundado por el Comité Cívico de Potosí (Comcipo) –dirigido por Marco Pumari, que ya se encontraba en conflicto meses antes de las elecciones por demandas de carácter regional [1] desatendidas por el gobierno del MAS–, el Comité Cívico de Oruro y el Comité Cívico de Sucre –dirigido por Rodrigo Echalar del POR (Partido Obrero Revolucionario)– que contribuyeron no solo a fortalecer el movimiento dirigido por Camacho de Santa Cruz, sino a darle una cobertura “popular” a un movimiento cuyo centro social y político estaba constituido por los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad boliviana, como se pudo observar en las múltiples manifestaciones racistas de la Resistencia Juvenil Cochala o la Unión Juvenil Cruceñista, por no hablar de esa juventud paceña, de clase media blanca-mestiza, que recuperó el legado colonial de una sociedad estructurada racialmente y que en los 14 años de gobierno del MAS no pudo terminar. El empresariado, y particularmente las cámaras agroindustriales, se sumaron al movimiento golpista en el último tramo del mismo hasta que se hizo evidente que Morales no contaba con respaldo alguno y su debilidad era manifiesta. El motín policial iniciado en Cochabamba, que rápidamente se generalizó al resto de las guarniciones del país, junto con el guiño de las FF. AA. que declararon que no saldrían a reprimir al “pueblo” y sugiriendo a Evo Morales que renuncie –declaración que motivó el saludo de Donald Trump–, terminó de sellar la alianza social y política que hoy gobierna Bolivia.

El papel de las clases dominantes y del imperialismo

Durante la última década, la evolución del gobierno del MAS se dirigió a una creciente integración y asimilación a la clase dominante, despojándose paulatinamente de su composición indígena y popular y avanzando en la incorporación de personajes sin relación con los movimiento sociales, profesionales y técnicos formados y especializados en la administración del Estado. Así mismo, la estabilidad económica y el crecimiento alimentado por altos precios de materias primas potenciaron la concepción del MAS de avanzar en sociedad con empresas privadas y trasnacionales y permitieron que importantes sectores de las clases dominantes realizaran negocios como nunca antes lo habían hecho. Entre ellos destacan el sector financiero y bancario, los importadores –que gracias a una cambio fijo por dólar vieron crecer sus actividades por una política estatal que comprendía la inclusión social como una capacidad económica creciente para en el consumo– y finalmente el sector agroindustrial y ganadero, que desde el 2014 fue objeto de ventajas legales y económicas sin precedentes.
¿Por qué le soltaron la mano a Evo Morales si esta situación les era favorable? Responder esta pregunta implica ver no solo el papel del MAS en la estabilización económica y política, sino también ver qué tipo de relaciones sociales construyó el MAS con el conjunto de las clases sociales del país. Por un lado su origen campesino –cocalero– y popular, que le dotó de fuerza luego de los grandes levantamientos nacionales como la guerra del agua, o la guerra del gas en octubre del 2003, lo convirtió en el partido hegemónico en un escenario donde todo el sistema de partidos y toda institucionalidad del régimen neoliberal se encontraba por los suelos. La profunda desconfianza de las clases dominantes, alimentada por una relación de fuerzas favorable a las clases populares protagonistas de los grandes levantamientos, solo pudo ser paulatinamente despejada en primer lugar con los acuerdos constitucionales del 2008 y luego mediante las concesiones económicas que beneficiaron a estos sectores.
El agotamiento del boom de precios de materias primas determinó una cada vez mayor necesidad de recursos, así como las dificultades para satisfacer las demandas corporativas del conjunto de los sectores sociales y empresariales, alentando un salto en el extractivismo de materias primas –como el caso del litio en Potosí y su sociedad con una trasnacional alemana–, y la extensión de la frontera agrícola para satisfacer las necesidades de tierra del empresariado agroindustrial, hoy parte fundamental del golpismo. Evo Morales, pese a su creciente integración entre el partido de gobierno y el empresariado nacional, nunca pudo ser visto como una representación política propia del empresariado, siempre fue visto con desconfianza debido a sus orígenes, su lenguaje “socialista” y antimperialista y sus veleidades personalistas, y por lo tanto a la inexistencia de algún tipo de control institucional que hacia impredecible las políticas de Morales en un futuro próximo de crisis y de tendencias recesivas a nivel regional. Esta desconfianza no era suficiente para alentar una salida golpista, y eso explicaba por qué el empresariado tardó más de 15 días en pronunciarse, haciéndolo cuando la debilidad del régimen y el gobierno eran por demás evidentes.

El bonapartismo de Evo Morales y el MAS alimentaron a la oposición de derecha

La aprobación de la nueva Constitución Política de Estado que dio origen al llamado Estado Plurinacional de Bolivia, sobre la base de un acuerdo entre el MAS y la derecha oriental en octubre del 2008 con el objetivo de impedir que la movilización obrera, campesina, indígena y popular siguiera desarrollándose, empujó a Evo Morales y al MAS a tener que avanzar en la reconstrucción del Estado, desarrollando sus tendencias autoritarias y personalistas en forma creciente. El MAS fue incapaz de permitir la mínima posibilidad de crítica o de incorporar sugerencias o propuestas de diversos sectores sociales que no necesariamente se encontraban en la oposición al principio de su gobierno, y avanzó cooptando a las organizaciones indígenas, campesinas, obreras o populares, sin dudar en dividir las mismas y armar organizaciones paralelas sostenidas con los recursos del Estado, sin importar si estas organizaciones paralelas contaban con respaldo de sus afiliados o bases. Así, dividieron la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia), luego dividieron la CONAMQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu), intentaron crear –y en un momento pareció posible– una APDHB paralela, y los sindicatos obreros afines también eran objeto de paralelismo o de judicialización de los dirigentes opositores y la destrucción de directivas sindicales no disciplinadas.
La primer manifestación de esta evolución se expresó en un ataque feroz a la economía obrera y popular en diciembre del 2011 con el intento de imponer el llamado gasolinazo, del que Morales retrocedió aceleradamente al constatar la enorme resistencia popular que la medida estaba generando. Por esos años, Evo Morales enfrentó la resistencia de los pueblos indígenas del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure) que rechazaban la construcción de una carretera por el medio de sus territorios y que recibió un enorme respaldo popular contra una política que alentaba la colonización y la profundización de una política extractivista de las riquezas de los territorios indígenas. Diversos sectores indígenas y pueblos originarios fueron empujados a la oposición luego de esta lucha en defensa del TIPNIS y hoy son parte del bloque social del golpe. La reforma de la ley de pensiones en junio del 2013 fue impuesta sobre la base de una feroz represión a los trabajadores asalariados que habían protagonizado uno de los proceso de lucha más importantes en años y que había dado origen al efímero Partido de los Trabajadores (PT) impulsado por la COB (Central Obrera Boliviana) y el Sindicato Minero de Huanuni y la Universidad Nacional Siglo XX de Potosí. El cierre de este capítulo sobre la base de la represión a dirigentes, judicialización de cientos de trabajadores mineros y la cooptación y corrupción de altas capas de la burocracia sindical minera, fabril y petrolera, contribuyeron a distanciar a importantes sectores de trabajadores de base del MAS y a alimentar el odio y resentimiento a un gobierno que pese a hablar en nombre de los movimiento sociales, no dudaba en reprimir y perseguir toda forma crítica o de oposición política.
Esta política fue empujando a ex dirigentes de la COB como Lucio Gonzales o Guido Mitma, entre muchos otros, así como a sindicatos enteros perseguidos por el gobierno, a engrosar las filas de la oposición de derecha –algunos de los cuales militaron la asonada golpista de manera entusiasta–. La COB y los sindicatos se transformaron en correas de transmisión de la política del gobierno hacia el movimiento obrero, y los dirigentes actuaron como verdaderas policías políticas al interior de las empresas y fábricas, aumentando el divorcio entre las organizaciones sindicales, profundamente estatizadas, y los trabajadores de base que no ven en su central sindical otra cosa que no sea carrerismo y corrupción. Sin ver esta acumulación de descontento y bronca, no se puede entender el rol de la COB durante el golpe, sin capacidad alguna de movilización e inclinándose directamente al golpismo al sugerir también la renuncia de Morales.
El salto cualitativo en el bonapartismo de Morales se produjo luego de que este desconociera el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), en el cual salió perdedor y pese a eso impuso una nueva postulación sobre la base de maniobras legales y judiciales. Este desconocimiento de un resultado electoral, más las denuncias de fraude expresadas el 20 de octubre pasado, detonaron la movilización de toda la oposición culminando en la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre.

La política negociadora del MAS le da fuerza y legitimidad al golpismo

Ante este escenario, el MAS de Evo Morales no solo que respondió tardíamente a la ofensiva cívica, policial y militar sino que fue contribuyendo a la misma en cada respuesta a la crisis. Así, al generalizarse la idea del fraude electoral, la oposición planteó como salida una auditoría electoral mediante la OEA y la exigencia de una segunda vuelta. Esta política sin embargo fue abandonada luego del Cabildo Nacional de la oposición el 31 de octubre, al constatar que el MAS, lejos de enfrentar la injerencia de la OEA en los asuntos internos, se allanó a la misma, preparando su propia derrota luego de que el informe de la auditoria, aunque sin hablar de fraude explícitamente, reafirmó la imposibilidad de validar el resultado electoral que otorgaba a Morales el triunfo en primera vuelta. La convocatoria de Morales a una nueva elección, luego de conocido el informe y en medio de un contundente motín policial, agravó su debilidad y alentó al movimiento cívico a ir por más, acelerando el triunfo del golpe ya en marcha, con la renuncia de Morales.
La Asamblea Legislativa Plurinacional controlada por el MAS con dos tercios de su composición, lejos de rechazar la renuncia de Morales como ya había sucedido durante el levantamiento del 2005 con Carlos Mesa, y que habría podido obstaculizar la institucionalización del golpe, obligando a los golpistas a apoyarse directamente en las FF. AA., terminó reconociendo la ilegal posesión de Áñez, limitando su “resistencia” a negociar salvoconductos y su participación electoral en el nuevo régimen. De más está decir que esta política negociadora y pacificadora de los dirigentes, funcionarios y del mismo Evo Morales desde México, solo contribuye a desmoralizar y a desorganizar a las fuerzas que quieren resistir el golpe, prolongando la tensión política pero dejando a amplios sectores populares organizar la resistencia “como puedan”.
El lunes 11 de noviembre, de manera espontánea en general y contra muchas de las directivas de las más de 450 juntas vecinales alteñas, la población empezó una movilización creciente contra a derecha y por el respeto a la Wiphala, símbolo de la lucha de los pueblos indígenas. Desplegando una gran autonomía en la autoorganización y alentando la transformación del programa de la movilización, desde una demanda de rechazo al racismo hacia la exigencia de derrotar el golpe de Estado, los trabajadores y vecinos de El Alto han empezado a enfrentar el golpe pese a sus direcciones vecinales, cooptadas por la gestión de la alcaldía alteña presidida por Chapetón de Unidad Nacional, y los esfuerzos dialoguistas de los representantes del MAS. Decenas de miles se dan cita cotidianamente en cabildos y asambleas que regularmente se dirigen al centro de la ciudad de La Paz. La federación campesina de las 20 provincias, Túpac Katari, ha iniciado la movilización hacia la sede de gobierno engrosando las columnas con la presencia campesina del departamento. Los trabajadores mineros de Colquiri y Coro Coro han sido los primeros destacamentos obreros en incorporarse a la resistencia junto al magisterio rural. Las muestras de racismo y las ofensas lanzadas con la quema de la Wiphala están despertando al gigante del movimiento indígena, tanto en el movimiento campesino como en franjas del movimiento obrero, como expresa la resistencia alteña en marcha. Queda la incógnita si la política de desmovilización impulsada por el MAS podrá imponerse sobre la voluntad de lucha que ya han expresado sobradamente la juventud de El Alto y de franjas del movimiento campesino como el Chapare o las 20 provincias.

El inestable gobierno golpista y las tendencias a formas de guerra civil continúan abiertas

La enorme polarización provocada, las división de las organizaciones vecinales en la ciudad de El Alto, en los sindicatos y comunidades, la profunda grieta abierta entre las bases y sus organizaciones sindicales en el movimiento obrero, han abierto una situación sumamente inestable y contradictoria que hace difícil de predecir la dinámica de los acontecimientos futuros. Aunque la política del MAS se consolide y logre desactivar momentáneamente la movilización contra el golpe, la relación de fuerzas no está definida claramente en ningún sentido.
Desde el gobierno golpista tratan de presentar la crisis actual como una lucha entre el MAS, calificado de narcotraficante y terrorista, y una derecha que se presenta como democrática, cívica y limpia de corrupción. Esta imagen sin embargo es insostenible luego de la violencia estatal desplegada con la consumación del golpe y las múltiples manifestaciones de racismo que emana de los desagües gubernamentales y cívicos. Por otro lado, en los sectores indígenas, campesinos e importantes franjas del movimiento obrero que no han intervenido aún gracias al nefasto rol de sus direcciones sindicales, pese a la confusión y desmoralización sembrada por el propio MAS, la voluntad de lucha expresada durante estos últimos días pone en claro que la relación de fuerzas más general entre las clases sociales establecida en la década pasada durante los levantamientos nacionales no ha sido sustancialmente revertida, y es esa relación de fuerzas más general la que plantea una gran y enorme incógnita de cuál será la vía que la lucha de clases imponga para la resolución definitiva de la crisis política abierta el 20 de octubre, y que lejos de resolverse con el golpe continua desarrollándose.
La urgente necesidad de avanzar en la organización para derrotar el golpe y la salvaje represión desplegada plantea la lucha por la constitución de comités de autodefensa para enfrentar la represión y garantizar la seguridad del paro alteño. Así mismo, es clave alentar las diversas formas de autoorganización que se han desplegado en estos pocos días en la ciudad de El Alto, desconociendo a dirigentes oportunistas y nombrando otros, con formas de deliberación y elección basadas en la democracia directa. Desde la LOR-CI venimos impulsando la lucha para que el movimiento supere sus objetivos condicionados por los marcos del régimen político, planteando que el pacto del 2008 entre el MAS y la oposición de la media luna de ese entonces, ya ha entrado en crisis y por lo tanto es necesario reabrir el proceso constituyente para imponer una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, para que sean los trabajadores del campo y la ciudad, los pueblos indígenas, el movimiento de mujeres y otros los que discutan y decidan libremente qué país quieren para el futuro, no limitados ya por los pactos y acuerdos que el evomoralismo firmó con los golpistas a espaldas de las grandes mayorías nacionales.
Este equilibrio contradictorio en la relación de fuerzas, el surgimiento de alas izquierda con voluntad de resistir, mas allá de una eventual pacificación, dejan abiertas las tendencias a una mayor lucha de clases e incluso a la posibilidad de que puedan desarrollarse diversas formas de guerra civil. Dependerá en gran medida de cómo se ubique el movimiento indígena ante los esfuerzos dialogadores de su dirección, así como también del movimiento obrero luego de que se empiece a ajustar cuentas con la burocracia sindical. Más allá de si el golpe logra asentarse debido a la participación de diversos sectores de trabajadores en el mismo, al rol de la burocracia sindical y a la política conciliadora del MAS con los golpistas, lo cierto es que la grieta social y racial se ha vuelto a abrir de manera profunda. ¿Podrá el gobierno autonombrado de Áñez proscribir al principal partido del país, el MAS, dejando fuera de las elecciones a todo el movimiento indígena y campesino? ¿Como reaccionarán los sectores populares ante esta derecha cebada y que tiene voluntad de imponer todo su programa? Estas y otras preguntas para el futuro próximo plantean que no se puede descartar que al calor de la resistencia se desarrolle una situación prerrevolucionaria o directamente revolucionaria si las masas logran vencer la política de diálogo y negociación, y radicalizan la resistencia a la violencia estatal.

Javo Ferreira

Notas

[1] Litio.