Desde que CFK hizo referencia al Pacto Social de 1973 en la presentación de su libro Sinceramente en la Rural, el tema se instaló en el debate público. Claro que la mención a José Ber Gelbard tiene más de liturgia que de realidad: las diferencias del contexto nacional e internacional son enormes; y además aquel esquema de “aumento por decreto, suspensión de paritarias y congelamiento de precios por dos años” terminó en el Rodrigazo y una irrupción obrera que dejó a la burguesía un trauma imborrable.
Aunque el nuevo intento de Pacto Social será uno de los ejes de los Fernández a pocos días del cambio de gobierno, “todavía hay muchos borradores y pocas estipulaciones concretas” (El Cronista, 25/11).
Con paritarias sin congelamiento
“Las correcciones salariales seguirán a las cláusulas gatillo vigentes y serán modificadas a partir de que vayan siendo renegociadas o a partir de las modificaciones de los convenios colectivos de trabajo”. En todo caso sólo se aplicarán “incrementos vía suma fija para los salarios más bajos”. Es decir una combinación de ajustes fijos (a cuenta) y paritarias. Esto lo dijo Héctor Daer, uno de los “cocineros” del acuerdo con las patronales –lo que está provocando tensiones muy fuertes con Hugo Moyano– y virtual vocero del futuro oficialismo.
Daer también confirmó que no habrá congelamiento de precios aunque “las empresas deberán sostener sus costos por volúmenes”. La “apuesta de Alberto Fernández” sería impulsar el consumo “poniendo plata en el bolsillo de la gente”. ¿Cómo? “Dándole a la maquinita”, como había adelantado otro Fernández (Roberto), el inefable dirigente de la UTA.
Según trascendió, los economistas del equipo de Fernández calculan que una expansión monetaria del 10% podría aumentar la demanda sin que la oferta responda subiendo los precios sino incrementando la producción (Infobae, 19/11). Para Daer, “en este año vamos a tener entre 50 y 60 puntos de inflación y no hubo emisión, así que margen para emitir dinero, hay. Por supuesto siempre con responsabilidad y en el marco de una política integral” (ídem, 25/11). No hace falta explicar que la apuesta es riesgosa.
Todos adentro
Consultado sobre la viabilidad de un Pacto Social hoy, Carlos Leyba - uno de los colaboradores de Gelbard - decía que una las claves de cualquier acuerdo es la representatividad de los negociadores. “Con un nivel de informalidad laboral de casi el 45% -se preguntaba- ¿a quién representa la CGT?”.
Esto explica la obsesión oficial por meter en el operativo de reunificación no solo a todas las fracciones de la burocracia sindical sino también “a las organizaciones sociales, con las cuales Daer tiene línea directa y, en el caso del triunvirato Vaticano, una excelente relación” (BAE, 25/11).
A diferencia de Hugo Yasky de la CTA, los líderes del Triunvirato fueron parte del plenario de secretarios generales que contó con la presencia de Alberto Fernández y, en los próximos días, se presentará en el mismo salón Felipe Vallese la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que cuenta con inscripción sindical desde 2015 y donde confluyen la CTEP, CCC y Barrios de Pie-Somos.
Será, sentenció Daer, un paso fundamental “rumbo a la institucionalidad que merecen nuestros compañeros de las organizaciones sociales, por una articulación más orgánica dentro de la CGT” (ídem).
El modelo alemán
El Pacto Social ya fue el eje de la campaña electoral de CFK en 2007, aunque lo archivó antes de asumir. Luego intentó reflotarlo en 2009. Esos antecedentes brindan pistas sobre lo que se viene. Tanto CFK como Carlos Tomada (por entonces ministro de Trabajo) elogiaron mucho el Pacto Social vigente en Alemania desde los 2000, en el que “los sindicatos promueven una política salarial respetuosa de la estabilidad de la moneda” y “el acople de los salarios al aumento de la productividad”.
También se impusieron un conjunto de reformas - reformas Hartz – basadas en “el aumento de la eficiencia de los servicios de empleo, políticas de activación de los desempleados y desregularización del mercado laboral”.
Ese paquete incluyó “la reducción de jornada, pactada y temporal” y los llamados “minijobs”: trabajos con salarios bajísimos (450 euros) y una “cobertura de desempleo y de seguridad social mínimas”. En el 2015 el 15 % de la población alemana subsistía con ingresos menores a dos tercios del salario promedio. Esto explica la extensión de los “working poors”, es decir, los trabajadores pobres.
La “subsidiarización” de “personas empleadas con contratos minijob” implica “un nuevo modelo de relaciones contractuales” y “una suerte de subvención secundaria mediante la cual el Estado financia la reactivación de la acumulación capitalista en un contexto de crisis de rentabilidad”.
El Pacto Social que están cocinando es un recurso para institucionalizar la precarización y maniatar a los trabajadores.
Miguel Bravetti
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