El anuncio de la abrogación del “decreto de la muerte” que enlutó a los sectores populares movilizados del país, deja en la impunidad el asesinato de todas las personas masacradas en Sacaba y Senkata, consolidando y validando el dispositivo discursivo de la “lucha contra el terrorismo”.
Catorce días y con más de una veintena de asesinatos después de su promulgación, el 14 de noviembre, el denominado “decreto de la muerte” 4078 que otorgó inmunidad penal a los militares en sus operativos para reprimir la valerosa resistencia contra el golpe de Estado, fue abrogado. Esta determinación fue parte de las exigencias de los sectores populares movilizados.
La autoproclamada presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Jeanine Añez manifestó, el 28 de noviembre, que «Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país, hemos logrado la ansiada pacificación".
El decreto 4078 es un recurso constitucional que los gobiernos tienen a su disposición cuando la seguridad del Estado o la seguridad de la ciudadanía se siente amenazada por acciones de violencia que ponen en peligro la estabilidad del país y la vida de los ciudadanos» afirmó Áñez en una conferencia de prensa.
La abrogación del “decreto de la muerte”, que enlutó a los sectores populares movilizados del país, deja en total impunidad el asesinato de todos las personas masacradas en Sacaba y Senkata, consolidando y validando el dispositivo discursivo de la “lucha contra el terrorismo” en la actualidad.
A través de Arturo Murillo, Ministro de la Presidencia, pudimos ver recientemente la creación del Centro Especial Antiterrorista y las amenazas que realizó a delegaciones extranjeras que vienen a recoger testimonios de vulneración de derechos humanos, confirmando la casería y persecución que se quiere realizar contra todos los que sigan denunciando el golpe de Estado.
Desde La Izquierda Diario haremos seguimiento a la publicación del documento oficial de abrogación de este Decreto Supremo, que no ha sido difundido y sobre el cual diversas organizaciones de Derechos Humanos consultadas, no tienen conocimiento para poder hacer un análisis de sus alcances reales.
Redacción LID Bolivia
Sábado 30 de noviembre | 01:05
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