Con la complicidad de la oposición, incluida la proclamada centroizquierdista o izquierdista, el gobierno chileno de Sebastián Piñera viene de obtener una legislación que fortalece el poder de fuego del Estado contra la rebelión popular que atraviesa al país, atropellando el derecho a huelga y de movilización del pueblo trabajador.
La ley fue denominada “antisaqueos” y tramposamente presentada como un intento de combatir a la violencia, ello por parte de un gobierno responsable de centenares de manifestantes que han quedado sin ojos por la represión, de detenciones ilegales a mansalva, de violación por parte de los agentes represivos a las y los detenidos, de la muerte de activistas, como parte de una lista interminable de crímenes.
Prohibido movilizarse
Aprobado el miércoles 4 en la Cámara de Diputados –con 127 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones- y el jueves 5, en general, en el Senado -33 a favor, dos en contra y dos abstenciones-, la norma modifica el Código Penal estableciendo que “quien tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público durante una manifestación o reunión pública será sancionado” con penas de entre un año y medio y cinco años.
Entre los hechos que define como tales se incluye la “paralización o interrupción de algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones”, con lo que se prohíbe ejercer la huelga a amplios sectores de los trabajadores públicos y privados, al tiempo que se persigue a quienes tomen acciones como las que desataron la rebelión, con la juventud protestando en el sistema de transporte contra la suba del boleto.
A su turno, prohíbe “usar o usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, ya sean de carácter público o privado”, disparando contra las ocupaciones de fábricas y empresas que constituyen acciones clave en las luchas en defensa del trabajo y del salario, todavía más en un país donde la sindicalización es bajísima y en buena medida por empresa y no por rama (ergo, más débiles). Y contra las tomas de terrenos, cuando son más de 2 millones los chilenos con déficit habitacional y el pueblo mapuche sigue obligado a batallar por las áreas que le fueron sustraídas por los capitalistas.
La norma penaliza la utilización de elementos para “impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos”, es decir, cualquier tipo de piquete. También el lanzamiento de objetos, pretendiendo dejar inermes a los manifestantes –y el conjunto de la población- ante las avanzadas criminales de Carabineros y militares, que han cobrado notoriedad internacional por su brutalidad.
Vergüenza nacional
El proyecto fue presentado por parlamentarios de la derecha oficialista de Chile Vamos, y de la opositora Democracia Cristiana y contó con el apoyo de la práctica totalidad de la oposición. En ello se incluyen numerosos parlamentarios del centroizquierdista Frente Amplio, como el ex dirigente estudiantil Gabriel Boric, quien luego se excusó diciendo que lamentablemente se ha entendido la ley “como una criminalización a la movilización” (es decir, como lo que es) y que ellos solo buscaban “dar una señal” contra los saqueos –o sea, aparecer como un factor de gobernabilidad del Estado capitalista. El FA también aportó con una suma de abstenciones, al igual que parlamentarios del Partido Comunista como Karol Kariola. Solo unos pocos representantes de estas fuerzas votaron en contra. En estos días se discuten las “indicaciones” al proyecto votado en general, donde desde el FA buscarán colar matices para camuflar su carácter represivo.
Esta misma oposición es la que misma que busca desviar la rebelión popular, ya sea por la vía del “pacto social” con Piñera y una asamblea constituyente absolutamente regimentada, o por medio de una acusación constitucional que traslada el eje de la calle al parlamento (PC).
La ley contra la movilización popular se integra en un amplio paquete de reforzamiento represivo impulsado por Piñera, que incluye entre otros un proyecto para poner a los militares a “custodiar la infraestructura crítica del país” –que el mandatario presenta extorsivamente como la alternativa al estado de sitio, y está en tratativas en el Senado- y la “ley antiencapuchados”, aprobada recientemente por esa misma cámara.
En la búsqueda por garantizarse su subsistencia, el régimen “democrático” de expoliación y precarización de la población hace cada vez más claro su carácter de heredero del pinochetismo. Los rebeldes de Chile tienen planteada una gran movilización por la caída de esta ley y de todas las normas represivas; por la salida inmediata de Piñera y por una asamblea constituyente y soberana convocada por las masas en lucha, por la refundación del país por parte de los trabajadores.
Tomás Eps
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