Suspensión de pagos, una oportunidad

Por una auditoría ciudadana de la deuda pública

Los pagos de la deuda se postergaran. Hay un acuerdo tácito con los acreedores. Se presenta así la oportunidad para investigarla, desnudar las razones de semejante endeudamiento en tan corto plazo, ver en que se aplicaron esos fondos... Obrar en consecuencia.
Tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro de Economía Martín Guzmán lo han dicho sin ambigüedades: “El país está en un virtual default”. “Así como está la deuda no puede pagarse”. “Para pagarla la economía tiene que crecer”. Es obvio, sacar al país de la recesión y “encender la economía” no es posible si al mismo tiempo se quiere hacer frente a los vencimientos. No habría perspectiva de crecimiento y la recesión se prolongaría por varios años más.

Señales

Ni lerdo ni perezoso el gobierno ha comenzado a enviar señales a los “mercados”. Reperfila a agosto 2020 8.100 millones en LETES emitidas bajo legislación nacional mientras cumple con las obligaciones amparadas por legislación extranjera. Estas incluirán casi con seguridad el cupón semestral por 100 millones del bono a 100 años que vence este sábado 28 (¡el Día de los Santos Inocentes!) y el cupón de bonos Discount por 750 que vencen el 31 (nada para festejar).
La señal más contundente es la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica” que con algunos cambios acaba de ser aprobada por el parlamento. El sesgo es profundamente fiscalista, con eje en la sostenibilidad de la deuda pública. Todo apunta a establecer un marco en el cual renegociar la deuda que deberá “…ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”. Para más en su art. 57 habilita al Tesoro Nacional a emitir Letras a 10 años para comprar al Banco Central 4571 millones de dólares, importe que cubre los intereses que hay que pagar en 2020 a acreedores privados. Hay que señalar que contiene transferencias de recursos hacia los más desposeídos -jubilaciones mínimas y AUH- que se complementan con la Tarjeta Alimentaria y líneas de crédito ultrablandas. Sin embargo el mayor aporte lo hacen los jubilados de haberes medios, también el agro, mientras reduce retenciones a mineras y petroleras y no toca a los bancos.

Todo al 30 de marzo

El ministro de economía lo ha reiterado varias veces: el plazo para renegociar la deuda vence el 30 de marzo próximo. ¿Porqué esta premura? Veamos:
El problema se presenta en el primer semestre del 2020. De los 65.000 millones de dólares que vencen durante el año, 45.400 se concentran en los primeros seis meses. Si se despeja lo que corresponde a deuda intra-estado (renovación automática) y lo que corresponde a organismos de créditos internacionales (refinanciable) lo que queda con el sector privado asciende a unos 19.400 millones. Las reservas de libre disponibilidad no alcanzan a cubrirlos y el país entraría en default en mayo próximo…

Una dudosa legitimidad

Es muy evidente, la postergación de los pagos no es por convicción sino por necesidad, sin embargo esta postergación legitima la deuda sin cuestionarla, ni siquiera se piensa en revisarla a través de una auditoria. Simplemente se argumenta que es legítima porque fue contraída por un gobierno elegido por el voto popular, pero no es el carácter de un gobierno lo que la puede legitimar o no sino el objetivo y el destino de esos fondos.
Y no es claro el objetivo, mucho menos el destino de la mayoría de los más de 100.000 millones de dólares tomados por la administración Macri. No hay ninguna explicación convincente de porqué se emitió un bono a 100 años, con un rendimiento del 7,9%, que duplicaba la tasa promedio de mercado. Se fue al FMI de urgencia porque no se podía pagar la deuda en bonos, poco más de un año después estamos en default. Según La Nación del sábado pasado el presidente lo explicó así a los empresarios: “Todo ocurrió con la anuencia del Fondo... es corresponsable. ¿Cómo le prestaste a este país semejante cantidad de dinero, que además dejaste que salga del sistema financiero graciosamente?”. En la propia pregunta del presidente está la necesidad de encontrar las razones reales de este despropósito.
Es que el FMI violó sus propios estatutos. Primero concediendo un préstamo cuando era evidente que esa deuda era insostenible, luego autorizando la venta de dólares de ese préstamo para contener el tipo de cambio, algo expresamente prohibido por sus reglas. Más aún con el préstamo la economía no se fortaleció, por el contrario incrementó su fragilidad y sus desequilibrios internos. ¿No es válido indagar el porqué?
Bajo las presidencias del Banco Central, primero de Federico Sturzenegger y luego de Luis Caputo, se sucedieron maniobras poco claras con Fondos de Inversión que significaron la salida de miles de millones de dólares en pocos días ¿Mala praxis, connivencia dolosa? Incluso el día posterior a las PASO, ya en la presidencia de Guido Sandleris, el central dejó avanzar la corrida del dólar sin intervenir (¿alguna orden de más arriba?).
Como se comprenderá hay muchas razones para pensar que esta deuda no es legítima, incluso que puede entrar en la categoría de “odiosa”. Esto es una deuda que no se ha tomado en beneficio del país ni de sus ciudadanos (ver recuadro).

No perder la oportunidad

Que los pagos se suspendan por dos o tres años es una oportunidad única para aprovechar ese tiempo para realizar una auditoría por medio de una comisión independiente, constituida por representantes parlamentarios, referentes locales e internacionales y abierta a la ciudadanía, con el objetivo de identificar la parte ilegítima y odiosa de la deuda. Y repudiar lo que haya que repudiar.
Estimados lectores esta es mi última columna del año, les deseo lo mejor para todos/as y que en el brindis del 31 incluyamos el deseo de que no se deje pasar una nueva oportunidad de investigar una deuda tan gravosa y de dudosa legitimidad. ¡Felicidades!
Según Eric Toussaint, portavoz del Comité por la Anulación de las Deudas Ilegales (CADTM) para que una deuda sea odiosa, y por lo tanto nula, debe cumplir dos condiciones:
1.- Haberla contraído en contra de los intereses de la Nación, o en contra de los intereses del Pueblo, o en contra de los intereses del Estado.
2.- Los acreedores no pueden demostrar que ellos no podían saber que la deuda era contraída en contra de los intereses de la Nación.
Según la doctrina de la deuda odiosa, la naturaleza del régimen o del gobierno que la contrae no tiene especial importancia, ya que lo que cuenta es el uso que se hace de esa deuda. Si un gobierno democrático se endeuda en contra del interés de la población, esa deuda puede ser calificada de odiosa, si también reúne la segunda condición. Por lo que, contrariamente a una versión errónea de esta doctrina, la deuda odiosa no concierne solamente a regímenes dictatoriales.

Eduardo Lucita

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda)