“Hemos podido constatar que, en distintas zonas del país, se lanzan gases lacrimógenos al interior de las viviendas, se han presentado cortes de luz simultáneos y ráfaga de disparos posteriores y la obstrucción deliberada por parte del ejército nacional para que los heridos por parte de la fuerza pública no puedan acceder a la atención médica”, indicó la ONG.
El 3 de mayo Amnistía Internacional declaraba que se comprobaron al menos 18 violaciones a los DDHH. Esto fue comprobado a través de un video de la ONG. “Las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país”, indican (PDCTV, 4/5). Hasta la cámara baja de EEUU , que ha apoyado el Plan Colombia, que militariza al país, ha pedido retirar el apoyo militar norteamericano a Colombia por las violaciones a los derechos humanos.
Plan sistemático
Esto responde a un plan orquestado, que cuenta con la complicidad de gobernadores y alcaldes. Duque anunció el 1° de Mayo que reclamaría “asistencia militar”. De acuerdo a la Ley 1801 de 2016, se puede utilizar el ejército ante eventos de “emergencia o calamidad pública”, algo claramente no justificado contra huelgas y manifestaciones. El ex presidente Uribe, quien se encuentra libre después de haber sido denunciado varias veces por orquestar masacres contra el pueblo desarmado, reclamó “el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas”.
Este mensaje fue entendido por los policías y militares, que apuntaban al pecho de los manifestantes, asesinatos a sangre fría. El Cali, desde el primer día, el ministro de Defensa envió a los militares a reprimir. Los militares custodian las rutas y las policías intentan controlar las ciudades, bajo la mirada cómplice de los alcaldes.
Los medios locales ocultan la represión y las violaciones a los derechos humanos, y califican a las movilizaciones de “actos vandálicos” y “saqueos”. Sólo algunos medios internacionales y las redes sociales muestran el plan sistemático de represión.
En Cali, una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, junto a un funcionario de la Procuraduría general y tres personas de organizaciones de Derechos Humanos (de la ONU), fueron objetos de amenazas por parte de parte de agentes de la Policía Nacional (el tiempo, 4/5). Carlos Camargo, defensor del Pueblo, dijo que en Cali los muertos suman 19. En la sexta noche se registraron al menos 5 muertos y 33 heridos (semana, 4/5). La Movilización en Siloé (Cali) era “pacífica hasta que llegó la fuerza pública a dispersarla con gases lanzados desde un helicóptero” (pulzo, 4/5). La Inspección de la Policía adelanta 26 investigaciones internas en contra de uniformados.
Hay desabastecimiento de alimentos y combustibles en Cali y en otras ciudades, promovido por la propia policía y el ejército. Los manifestantes están estableciendo corredores sanitarios para garantizar alimentos a la población.
Técnicas de guerra
El tenebroso Esmad, pertrechado y armado hasta los dientes, ha sido uno de los focos de las denuncias. Se lo acusa de 10 violaciones en diferentes puntos del país, desapariciones, torturas y violaciones; la utilización de "técnicas de guerra” contra la población civil. Los videos muestran la infiltración de las fuerzas públicas en las manifestaciones.
En La Luna, Cali, los policías "utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones", añadió la portavoz de la ONU (caracol, 4/5).
Los manifestantes siguen en las calles para visibilizar los muertos a manos de uniformados durante los siete días que lleva el paro. En diferentes ciudades hubo “marchas de antorchas”, como por ejemplo en Tunja, la capital de Boyacá. Luego corearon “Duque, paraco, el pueblo está verraco (enojado)”, “Que lo vengan a ver, esto no es un gobierno son los paracos en el poder”.
La movilización estudiantil y obrera ha sido clave para sostener esta huelga general continua.
Emiliano Monge
05/05/2021
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