Clarín tituló la información con los tapones de punta: “El Central habilitó que los bancos financien el Tesoro con depósitos”. Un petardo financiero intencional, que cuenta, sin embargo, la mitad de la historia: la otra mitad es que los depósitos y el sistema bancario y monetario en su conjunto, están amenazados por una deuda financiera del Banco Central, las Leliq, que sólo necesita una mecha para explotar.
El estado nacional, como es sabido, no tiene condiciones de afrontar el pago de la deuda pública, sea en divisas o moneda local, incluidos los intereses. La noticia hizo emerger a quienes vaticinan un nuevo ‘plan Bonex’, en referencia a la sustitución de los depósitos bancarios por títulos públicos bajo el gobierno de Menem, en diciembre de 1989, o, para no ir tan lejos, al llamado ‘corralón’ de 2002. Los ‘alarmistas’ fingen ignorar que eso ocurre ahora mismo, porque los depósitos se encuentran atados a un bono, sólo que es del Banco Central. El Central sólo puede rescatarlo con una emisión monetaria que, por su magnitud, desataría una híper-inflación.
La norma en cuestión autoriza a los bancos a canjear una parte de las Letras del Banco Central que se encuentran en su poder (Leliq) por títulos del Tesoro nacional. La porción permitida cubre unos 700 mil millones de pesos, reservada como encaje por los bancos, sobre una tenencia de 3.7 billones de pesos en sus activos. La tenencia de títulos públicos en calidad de encajes viola las normas internacionales que regulan la solvencia del sistema bancario. Un oficialista citado en los periódicos declaró que “si la apuesta sale bien, le daría mayor profundidad al mercado de capitales local”. La expresión “apuesta” resume muy bien la cornisa por la que quiere zafar el gobierno.
La normativa del Central simplemente muestra el impasse financiero final del gobierno. En primer lugar porque las Leliq estaban creciendo como una bola de nieve: sólo por intereses, pagaron 250 mil millones de pesos a los bancos en los dos primeros meses del año. Una asistencia social entera, equivalente al 7% del PBI. Aumentó un 226% desde diciembre de 2019, cuando era poco más de un billón de pesos. Esos casi cuatro billones de pesos superan con holgura la base monetaria, o sea que no puede ser rescatado por el deudor, el Banco Central, ni siquiera a plazos. De otro lado, por la función que cumplen en el sistema monetario actual, esas Leliqs están forzadas a crecer, ya que se emiten para absorber el dinero que emite el mismo Banco Central. Pagan una tasa de interés anual del 38%, que representa un rendimiento mayor porque se renuevan mes a mes y pueden ser usadas, en parte (un 20%) como encaje. El significado de este desbarajuste, y su impacto, es demoledor, porque implica que la ayuda social que se financia con emisión, cuesta alrededor de un 40% de interés anual. Es lo que ocurre también con la compra de divisas, ahora en auge por la liquidación de las exportaciones de soja: los pesos que se emiten a cambio son absorbidos luego a esa tasa estrafalaria. Por la compra de divisas se emiten 130 mil millones de pesos por mes (sin ningún rendimiento en contraparte). Como el gobierno, por otro lado, está embarcado en no mover el tipo de cambio oficial y en frenar al financiero, ese rendimiento de las Leliqs se mide en dólares. Argentina no solamente está a la cabeza de los contagios por cada cien mil habitantes, también ocupa ese podio en cuanto a tasa de interés dolarizada.
Lo que ha hecho el Banco Central con acuerdo del Tesoro, es llamar a la brigada de explosivos para desarmar, pieza por pieza, esa bomba financiera. Lo que distingue a este desarme del trabajo policial, es que arma en su lugar un explosivo financiero alternativo, incluso de mayor alcance. Ocurre que el Tesoro, por su lado, está abocado a una refinanciación sin horizonte de la deuda local y los intereses. Entre junio y septiembre tiene vencimientos abultados, cuya refinanciación se encuentra en veremos; no pudo completar las licitaciones recientes. El apriete del Tesoro no viene por el lado del gasto público sino de la deuda. Al ofrecer a los bancos la posibilidad de comprar bonos del Tesoro con las Leliq, busca llenar ese bache financiero. El gobierno pasa de una bola de nieve a otra sin tampoco desarmar la primera.
Convertir la deuda de una institución con facultades de emisión, el Banco Central, en una deuda de un Tesoro insolvente pone en riesgo los depósitos de los particulares en los bancos. Tiene, sin embargo, una consecuencia adicional, que es unir una potencial corrida contra el peso, o sea una devaluación, con una corrida bancaria, porque una huida de los bonos del Tesoro, por parte de sus tenedores, produciría una desvalorización de esos activos en poder de los bancos. Que estos bonos del Tesoro para los bancos tengan un plazo mínimo de vencimiento de seis meses, no atenúa la posibilidad de corrida, porque la misma norma autoriza su venta en el mercado secundario, o sea a otros bancos o particulares.
Desde el punto de vista político, este desarme ficticio de las Leliqs por ‘Tbonds’ no podía haber venido en momento más oportuno, o sea después del manifiesto kirchnerista del 25 de mayo. Es que el Banco Central y el Tesoro, muy lejos de postergar pagos y suspender deudas ilegítimas o no, han decidido pedir socorro a los bancos y al mercado financiero. Lo han hecho, seguramente, con la venia de la Vicepresidenta, pues de lo contrario la habrían convertido en un florero. Lo que ocurre es que no hay salida a la bancarrota en el marco del status quo heredado – desde la última quiebra de 2001/2.
En pleno ajetreo por la deuda con el FMI, el Tesoro de Estados Unidos y el Club de París, la norma dictada por Pesce y Guzmán es parte indudable de una política de acuerdo. El ‘staff’ del Fondo ha dicho más de una vez que hay que ‘desarmar’ las Leliq y ‘armar’ un mercado local de capitales. La gestión anterior de Cristina Kirchner ya se había empeñado en este rumbo, que fue golpeado por la crisis con los fondos buitres. Lo mismo Macri-Sturzenegger, que pasaron de las Lebac, un título del Central que el público podía adquirir, a las Leliqs, un mercado cautivo de los bancos. La norma se adopta luego de haber acordado el arribo de una misión del FMI para supervisar las cuentas públicas (el llamado artículo cuarto). Es la condición que han puesto los gobiernos del Club de Paris para considerar una postergación del vencimiento de 2.500 millones de dólares, el 31 de mayo próximo.
Es clarísimo que este régimen político carece de las condiciones y del propósito de sostener la economía de los trabajadores en la pandemia, ni hablemos de la capacidad de disponer los recursos científicos y tecnológicos acumulados por la humanidad, al servicio de la vida. Por de pronto, ha procedido a la mayor serruchada de salarios y jubilaciones de las últimas dos décadas, con lo que ha logrado reducir el déficit entre gastos y recursos del 4 al 0,6% del PBI, y abultado las ganancias de las patronales. De 16 mil millones de dólares a 2.400 millones – una diferencia que fue a parar al parasitismo financiero.
Jorge Altamira
28/05/2021
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