La pesquisa tiene su origen en denuncias anónimas recabadas telefónicamente por el Gobierno, a comienzos de diciembre, en el marco de una fuerte campaña de terrorismo mediático. El Gobierno asegura haber recibido “miles de llamados” a una terminal telefónica habilitada especialmente, pero de los cuales apenas siete fueron ratificados en sede judicial. Este operativo precedente sirvió de excusa para una vasta operación de espionaje y seguimiento de dirigentes de las llamadas ´organizaciones sociales´, realizada en el mayor sigilo y amparada en el ´secreto de sumario´. Asimismo, el Estado retiró, a priori, toda provisión de mercadería para los comedores populares de las organizaciones sociales y redirigió la asistencia a entidades del clero. Además, congeló el monto de la asistencia a los desocupados.
La investigación se inició por presunta “extorsión” hacia los beneficiarios de los planes sociales, desestimada en primera instancia por el juez a cargo, Sebastián Casanello. Debido a un fallo de Cámara, por apelación del fiscal Pollicita, el juzgado hizo lugar a los allanamientos solicitados por el fiscal. De los 27 allanamientos realizados, los ´investigadores´ no recabaron exactamente nada, o sea, escasean las pruebas necesarias para una instrucción judicial. A las organizaciones se les imputa procedimientos que fueron determinados por el Estado, y gestionados a través del ex Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de la organización de cooperativas y cuadrillas, cobro de ´planes dobles´, rotación de beneficiarios (“altas por bajas”) y listas de espera. La presunción de que las multitudinarias movilizaciones de desocupados de los últimos años se montaron en la ´extorsión´ sobre los beneficiarios, sólo reunió siete denuncias dudosas. Nadie ha auditado, en cambio, las gestiones de los funcionarios responsables del programa, como la macrista Carolina Stanley, el massista Daniel Arroyo y los ´albertistas´ Juan Zavaleta y Victoria Tolosa Paz, entre otros. El gobierno de Milei, Bullrich y Petovello ha obrado como extorsionador – “el que marcha, no cobra”.
En este contexto, se ha desprendido otra causa contra dirigentes del Partido Obrero, por presunto desvío de fondos. El fiscal Pollicita ha salido “de pesca”, y es seguramente quien alimenta los trascendidos que violan el secreto del sumario; el juez debería pedir su apartamiento de la causa. Casanello no ha citado a declarar a ninguno de los funcionarios que tenían a cargo la acreditación de los fondos y validaron las rendiciones de cuentas de las organizaciones. Probablemente lo hará más adelante. Por otra parte, las dos organizaciones -el Polo Obrero y el FOL- señaladas en el expediente, no fueron las que mayores fondos recibieron. Una judicialización selectiva, que excluye a funcionarios y a dirigentes que operaban desde los dos lados de la mesa, se convierte en persecución. En cuanto al PO, esto no ocurre por primera vez: fue acusado por Alfonsín, Gil Lavedra, Larrambebere y Alessio por asaltar supermercados, en 1989, y luego por ´Hannibal´ Fernández por poner fuego a vagones de la línea Sarmiento, bajo “la década ganada” de los K. En ambos casos, los acusadores fracasaron en la manipulación judicial, a pesar del apoyo que le habían brindado los medios. La Justicia no puede ignorar el contexto político actual, que se caracteriza por una campaña liberticida contra los piqueteros y los derechos de los trabajadores – incluido el secuestro de alimentos y el desvío de fondos para cajas personales. La persecución política y mediática afecta el derecho de defensa de los afectados.
Investigar a la fiscalía por fomentar trascendidos en una causa con secreto de sumario.
Por una auditoría judicial a la jerarquía del ex Ministerio de Desarrollo Social y del actual Ministerio de Capital Humano.
Por el derecho de los trabajadores a organizarse en los barrios para peticionar contra el Estado y darse su propia organización político-social.
Jacyn
04/06/2024
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