Manifiesto de las FARC

Compatriotas:

1. La dignidad nos está convocando a la resistencia en unidad frente al
gobierno forajido, ilegítimo e ilegal que se ha tomado el Palacio de
Nariño, a la convergencia y al Acuerdo Nacional para superar la profunda
crisis institucional y de gobernabilidad que abate al país, y para
concertar caminos ciertos hacia la paz duradera.

Colombia merece respeto. No podemos tolerar más esa mafia
narco-paramilitar de latifundistas y ganaderos, narcotraficantes y
empresarios que, con el apoyo militar del gobierno de los Estados Unidos yel bombo de los medios de información, convirtieron a Colombia en uninfierno de la guerra, las masacres, las detenciones masivas deciudadanos, las desapariciones, la miseria y el saqueo, y de todos los desafueros del terrorismo de Estado.

2. El gobierno de Uribe marcha al compás de las directrices de Washington
y de las exigencias de poderosos capos narco-paramilitares como Salvatore
Mancuso, Jorge 40, Castaño, Cuco Vanoy, Isaza, Báez, Macaco, Don Berna, El
Alemán, Giraldo, El Tuso, Gordo Lindo y otros siniestros personajes de
motosierra y cocaína, socios del Presidente. Esa mafia financió con
maletas repletas de dólares las dos campañas presidenciales de Uribe.

Sí; ellos lo eligieron, y son ellos los que están mandando.


Impusieron a punta de fusil, de terror y de fraudes electorales a decenas
de congresistas, gobernadores y alcaldes que han actuado como peleles del
paramilitarismo en la política y en el gobierno. Como se creían los dueños
del país no tuvieron reparo en proclamar con clarines de victoria que
habían logrado elegir el 35% del actual congreso, lo que equivale a unos
80 representantes y senadores. Esos mismos votos contaminados llevaron a
Uribe a la Presidencia de la República, y por eso y mucho más, su mandato
es ilegítimo e ilegal.

Este gobierno está erigido sobre miles de fosas comunes y masacres, sobre
tierras despojadas y millones de desplazados, sobre lágrimas y luto...
Nada se hizo sin el visto bueno o sin la participación de las fuerzas
armadas oficiales.

Toda la cúpula del Estado, empezando por el propio Uribe, cabecilla
principal de los "paracos", está invadida por el monstruo de la
narco-para-política que se tomó a Colombia. El Vicepresidente fue el
inspirador del bloque paramilitar que actúo sobre la capital. La
comandancia del ejército y la policía no puede negar que siempre actuó en
concierto para delinquir con ellos. El ministro de Defensa conspiró con
Carlos Castaño. La ex canciller Araújo era cuota de Jorge 40. El ex jefe
del DAS Jorge Noguera, además de montar con ellos el conocido fraude
electoral a favor de Uribe, les suministraba la lista de los dirigentes
sindicales y populares que debían asesinar.

Al país se lo estaban robando los mandamases paramilitares y Uribe no
decía nada. Se robaron los recursos de la salud. Mordieron cuanto contrato
aparecía. Saquearon los presupuestos departamentales y municipales. Se les
permitió cobrar impuestos...

El Acuerdo de Ralito, pacto de las tinieblas entre el gobierno y sus
paramilitares, fue el pacto de la impunidad, en el que el gobierno se
comprometió a garantizarles penas irrisorias y simbólicas, participación
en política, la no extradición, el respeto a sus riquezas mal habidas
amasadas con el despojo, el narcotráfico y el lavado de activos.

Esa es la razón que ha compelido al Presidente Uribe al desacato y al
desafío insólito frente a la providencia de la Corte Suprema de justicia
que dictaminó que paramilitarismo y concierto para delinquir no es
sedición. Él entiende que sin el rótulo artificial de delito político que
pretendía colgarle al paramilitarismo para santificarlo, se le cierra la
más importante opción de impunidad con que contaba, no sólo para favorecer
a los paramilitares, sino para exculpar al Estado, genitor de esa inhumana
estrategia contrainsurgente en la que también están involucradas la CIA y
la DEA.

Es que Uribe se ha merecido el repudio de los pueblos que en sus giras
internacionales lo recibe con gritos de asesino, asesino; que renuncie por
paramilitar, por ilegítimo y por ilegal.

Cualquier gobierno del mundo en tales circunstancias ya habría caído sin
remedio. Y los colombianos no somos menos para tolerar semejantes
gobernantes, así cuenten con el respaldo del gobierno de los Estados
Unidos.

3. Colombia está siendo violentada además por la política de Seguridad
Democrática diseñada por Washington como desarrollo de la vieja Doctrina
de Seguridad Nacional y como estrategia de predominio del imperio sobre
los pueblos de Nuestra América. En esencia esta política -explicada por el
general Craddock del Comando Sur- busca en el marco de la recolonización
neoliberal, asegurar la inversión y el expolio de las trasnacionales
mediante la aplicación de leyes severas y la fuerza, para reprimir y
aniquilar la resistencia de los pueblos y la inconformidad social.

No podemos permanecer impasibles frente a esta política que ya empieza a
ser ejecutada también por otros gobiernos del hemisferio.

Para el caso de Colombia la Seguridad Democrática tiene como componente
militar el Plan Patriota, cuyo objetivo principal es la derrota militar de
la guerrilla de las FARC, o en su defecto la reducción de su voluntad de
lucha para llevarla doblegada a la mesa de negociaciones. Desde luego no
se sienten tranquilos con esta alternativa de poder construida por el
pueblo como resistencia a décadas de violencia estatal y de opresión.

Con ese objetivo de derrotar a la guerrilla movilizaron decenas de
batallones y brigadas móviles hacia el sur y lanzaron grandes y sostenidas
operaciones en otras áreas del país. Instalaron puestos de mando con
oficiales gringos en Larandia y Tres Esquinas, Caquetá, en los umbrales de
la Amazonía que codician. Activaron satélites espías y aparatos con
tecnología militar de punta. Desplegaron cercos estratégicos, bloquearon
zonas campesinas, desplazaron a la población, asesinaron y desaparecieron
civiles, incendiaron parcelas, robaron ganados, bombardearon día y noche,
trillaron selva y cordilleras, y no han podido en cinco años mostrar un
resultado contundente. Sólo el desgaste inútil y el resquebrajamiento de
la voluntad de lucha de las tropas oficiales que mueren en la selva o
salen lisiados de ella, porque así lo quiere un loco guerrerista que
vocifera en Bogotá y echa generales por ausencia de resultados o partes de
victoria.

De la pólvora y el fragor de los combates está surgiendo una fuerza
guerrillera de nuevo tipo, fogueada en las maniobras enemigas y en el
choque con las nuevas tecnologías de la operatividad contrainsurgente,
guerrilla que es verdadero poder de fuego político y militar al servicio
de la causa popular.

Pero paralelamente al desarrollo del Plan Patriota en los distintos
teatros de operaciones, el gobierno iba entronizando el delito de opinión,
la represión de la conciencia, hasta llegar a encarcelar a más de 150 mil
ciudadanos acusándolos de simpatizar con la guerrilla. En aras de disuadir
el respaldo al proyecto político y social de la insurgencia se está
cercenando en Colombia el derecho universal a la opción política. No le
bastó eliminar físicamente a toda una generación de revolucionarios que se
incorporaron a la Unión Patriótica como alternativa legal de cambio; ahora
quieren imponer un pensamiento, el de la nueva inquisición, de la derecha
y el fascismo. Un pensamiento que criminaliza la protesta social con el
cuento que detrás de toda movilización popular contra las políticas del
gobierno está la guerrilla. Un autoritarismo que quisiera barrer con la
autonomía y la independencia de las otras ramas del poder público para
establecer sin sobresaltos constitucionales el reino de la tiranía, que
sólo tolera las oposiciones que no se propongan el cambio del statu quo,
de las estructuras de la opresión.
4. Esa derecha fascista activó el presupuesto de la nación en función de
la guerra y el resultado es el desastre social. Niños que mueren de
hambre, crecimiento de la pobreza y del marginamiento, abandono total de
los proyectos de construcción de vivienda popular; la mayoría de la
población sin servicios de agua, luz y alcantarillado. Indiferencia del
gobierno frente a la carencia de escuelas, colegios y maestros porque optó
por la privatización de este servicio, lo mismo que el de la salud.
Recorte de las transferencias que paraliza el desarrollo de las regiones.
Venta de empresas rentables del Estado para allegar más recursos a la
guerra. Privatización paulatina de empresas estratégicas como ECOPETROL.
Incremento de los índices de desempleo y subempleo al impulso de la
flexibilización laboral que pisotea los derechos de los trabajadores y
dispara las ganancias de los empresarios. Hambre y alto costo de la vida
es lo que generan las políticas del Estado contra la masa popular.
Perspectivas de agudización de la crisis social con la aprobación del TLC
que atenta contra la patria, la soberanía y la calidad de vida de los
colombianos.

La perfidia con que actúa el Estado debe ser respondida con la
movilización de pueblo en acciones de calle y bloqueo de carreteras que
paralicen el país en demanda de los derechos conculcados para constatar en
la lucha de masas la fuerza de los de abajo y para buscar la convergencia
de todos los sectores democráticos bajo una sola bandera política y social
con miras a conformar un nuevo gobierno que trabaje por la paz, la
justicia social y el rescate de la dignidad y la soberanía del pueblo de
Colombia.

5. Para la construcción de esta alternativa ponemos a consideración del
país, de sus organizaciones políticas y sociales, de todo el pueblo, la
Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia para abrir la discusión y el
intercambio en torno a las banderas y programa de un nuevo gobierno que
sugerimos patriótico, democrático, bolivariano, hacia un nuevo orden
social, comprometido en la solución política del grave conflicto que vive
el país.

Un gobierno cuya divisa en política internacional sea la patria Grande y
el Socialismo y que priorice la integración de los pueblos de Nuestra
América. Por eso la política de fronteras de FARC opta por la hermanación
y no por la confrontación con los ejércitos de los países vecinos. Nuestra
lucha es de resistencia y liberación frente al régimen opresor colombiano.

Un nuevo gobierno que materialice el proyecto político y social del
Libertador, que conforme un nuevo Ejército Bolivariano para la defensa de
la patria y las garantías sociales. Un nuevo orden edificado sobre la
democracia y la soberanía del pueblo, que agregue a las ramas del poder
público los poderes moral y electoral, que instituya el congreso
unicameral y la revocatoria del mandato. Un nuevo sistema de gobierno que
castigue con severidad la corrupción y la impunidad, que ponga fin a la
política neoliberal, que estimule la producción en sus diversas
modalidades, que asuma el control de los sectores estratégicos, que haga
respetar nuestra soberanía sobre los recursos naturales y que implemente
políticas eficaces de preservación del medio ambiente. Un gobierno que
trabaje por la gratuidad de la educación en todos los niveles, que
instrumente la redención social, la justicia agraria, que renegocie los
contratos con las trasnacionales que sean lesivos para la nación, que deje
sin vigencia los pactos militares, tratados y convenios que mancillen la
soberanía de la patria, que no extradite nacionales, que objete el pago de
la deuda externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de
sus fases. Un gobierno cuya divisa en política internacional sea la Patria
Grande y el Socialismo y que priorice las tareas de la integración de los
pueblos de Nuestra América.

Es hora de analizar y seleccionar la ruta que nos conduzca a la paz, a la
independencia, la justicia social, la democracia, y la unidad como camino
para sobrevivir y enfrentar con éxito las políticas de los imperios.
6. La paz es un proceso, un bien común que requiere de todos la
preparación del terreno para que germine. No se logra de la noche a la
mañana. Necesita nuevas estructuras económicas, políticas y sociales que
la sustenten, cambios como los que sugiere la Plataforma Bolivariana por
la Nueva Colombia.

No habrá paz de los sepulcros. Todos los planes militares de las
oligarquías y el imperio para exterminar a la insurgencia, desde el LASO
((Latin American Security Operation) ejecutado en Marquetalia, hasta el
Patriota, han fracasado porque el alzamiento armado por causas sociales,
económicas y políticas, no se derrota ni con bombas, ni con plomo, ni
tecnologías recién creadas.

Por chifladura o demagogia electorera, Uribe ha anunciado estar dispuesto
a oficializar una zona de encuentro para firmar la paz en tres meses. 43
años de confrontación no se superan en tan corto tiempo. La problemática
política, económica, social, cultural, ambiental y de soberanía del país
no se puede resolver en 3 meses, a no ser que alguna de las partes haya
derrotado al contendor, y este no es el caso. Uribe no es el hombre para
la paz en Colombia. No está programado por los gringos para eso. Un tipo
que ni siquiera reconoce la existencia del conflicto armado no logrará la
paz por ninguna vía. Sólo un nuevo gobierno patriótico y democrático,
soberano, podrá lograr la paz negociada, no un gobierno títere de la Casa
Blanca. Se necesitaría un gobierno compenetrado con la necesidad de la
paz, que apoyado en el pueblo y el interés nacional tome la decisión de
regresar las tropas a sus cuarteles, de reducir drásticamente el
presupuesto de la guerra a favor de la inversión social y de exigir la
salida del país de las tropas y asesores estadounidenses entrometidos en
el conflicto interno y factor atizador de la guerra, para darle paso
resuelto a los diálogos de paz.

7. La paz merece todos los esfuerzos y sacrificios del país y empieza con
el consenso de sus fuerzas fundamentales, de sus organizaciones políticas
y sociales, para crear entre todos una nueva alternativa política de poder
que se convierta en gobierno soberano y digno, altivo frente a Washington,
empeñado en la mayor suma de felicidad posible para el pueblo según el
mandato del Libertador.

Es necesario empezar cuanto antes el intercambio y el reencuentro de todos
los actores de la transformación social y la paz, incluida la guerrilla,
en torno a esta perspectiva. Aquellos que desde la servidumbre del
establecimiento pregonan la exclusión de la insurgencia con rebuscados
argumentos, lo hacen para inducir a la formación de una alternativa
enclenque que sea presa fácil de los poderosos explotadores de siempre.

Proponemos despegar lo más pronto posible con los primeros contactos
clandestinos, sin darle importancia al gobierno, para convenir un
derrotero y para ir esbozando colectivamente algunos trazos programáticos
para la redención de Colombia.

Invitamos a este diálogo a los dirigentes revolucionarios, a los sectores
democráticos de los partidos, a la gente avanzada del clero, a los
militares patriotas y bolivarianos, a los líderes obreros y campesinos,
estudiantiles, comunales, indígenas, a las negritudes, a los educadores, a
las mujeres... a todos los liderazgos populares, para juntar anhelos y
emprender juntos el camino hacia la Nueva Colombia.
8. El objetivo es la creación de una alternativa para el cambio, surgida
de un Gran Acuerdo Nacional por la paz, la justicia, la soberanía y el
decoro de la nación, que se proponga un nuevo gobierno para salvar a
Colombia del abismo, para recuperar la dignidad mancillada por el gobierno
forajido de fascistas narco-paramilitares bendecidos por Washington, una
nueva conducción de los destinos de la patria que proscriba la represiva y
expoliadora Seguridad Democrática del imperio y la política neoliberal,
que rescate la soberanía del pueblo, reestructure el Estado con el fin de
garantizar el bien común y conforme un Ejército Bolivariano guiado por el
amor al pueblo, la justicia social y la defensa de la Patria. En fin, un
gobierno que convoque una Asamblea Nacional Constituyente para darnos una
nueva Constitución que refrende los cambios a favor del pueblo, hacia la
paz y la convivencia, la verdadera democracia, la soberanía y la
integración solidaria de los pueblos, como mandatos emanados de ese gran
Pacto Social.

No nos queda otra alternativa que buscar unidos el camino para salir de la
oscura noche orientados por la vislumbre de la justicia y la alborada
nueva de la Gran Colombia.

Hacia la Nueva Colombia, Acuerdo Nacional por la Paz


Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC

Montañas de Colombia,septiembre de 2007

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