El Presidente Fernando Lugo, con un tono muy conciliador, culminó hoy la tarea de exponer en audiencia pública el balance de lo realizado en sus primeros 100 días de gobierno, al final de una semana en la que todos sus Ministros y Secretarios de Estado hicieron lo propio.
Según el mandatario, la etapa de los cambios prometidos comienza ahora, dejando atrás una fase de observación in situ del manejo gubernamental, de constatar la situación legada por el Partido Colorado y de ordenar las diferentes piezas que conforman su equipo de mando, el que arranca con mejor orientación después de haber escuchado las críticas y esperanzas de todos los estamentos de la sociedad.
Lugo, Obispo de profesión, hizo votos por alcanzar un abrazo nacional, que elimine las diferencias de clase y de intereses, en un momento que atraviesa los subterráneos del país un proceso creciente de decantación de las fuerzas en pugna, que pueden llegar a enfrentamientos de consecuencias imprevisibles si sus aspiraciones no son satisfechas.
El tema de la inseguridad pública y hogareña ocupa cada día más y con razón, las inquietudes del paraguayo medio, y la prensa comercial y sectores políticos y empresariales de oposición, multiplican la convocatoria a reuniones y seminarios para tratar de organizar una respuesta a la grave amenaza, latente y creciente, con lo cual aprovechan para acusar al gobierno de inoperancia e incapacidad para combatirla. Uno de los negocios más lucrativos, en este momento, lo tienen los fabricantes de rejas de hierro, con la cual pretenden proteger sus perímetros privados quienes no pueden instalar cercos de alambre electrificado.
El problema es complicado y está probado que la represión es un mal que puede resultar peor que la enfermedad, máxime que las diferencias de enfoque impiden definiciones, al sacrificar el debate por exclusión de la investigación de las causas estructurales que generan tamaño mal y enmascaran el verdadero objetivo de los embanderados en la campaña por la seguridad, sin aclarar para qué?, de quienes?, de qué?, para qué?.
Todos sabemos qué ha significado y qué significa aún la famosa Seguridad Nacional, un plan estratégico continental para proteger la libertad de mercado y de empresas y a los dueños de ambos, que casi siempre son los mismos, sin ningún escrúpulo ni respeto por nada ni nadie, al punto de recurrir a la detención, tortura y asesinato de cientos de miles de militantes por la justicia social, tras robarle todos los bienes materiales.
Es decir que esa seguridad, que nunca fue nacional, sino clasista, parcial y muy excluyente, resultó una excelente herramienta para el genocidio y la rapiña y hoy sigue siendo utilizada por la derecha empresarial y política que, en muchos casos la estimula, recurriendo a matones y mercenarios para provocar delitos y, de esa forma, encontrar un argumento más en el enfrentamiento ideológico.
Coincide que en casi todos los llamados a debatir el tema, se perfila claramente que la seguridad que se busca nunca es la alimentaria ni la sanitaria, ni la de los niños abandonados para que tengan un hogar, ni de los indígenas para conservar su identidad, ni de los miles de seres abandonados en orfanatos, ni de las personas depositadas como despojos en los neurosiquiátricos y las cárceles, que suman millones. Y la seguridad del medio ambiente?. Bien gracias.
Emoción y limpieza no son sinónimos
Después de la primera quincena, en las 13 semanas que lleva Lugo en la Presidencia, los nuevos titulares de carteras y de secretarias, descubren todos los días algún nuevo delito económico contra el erario público, que ya conforman una montaña de miles de millones de dólares, cometidos al interior de los diferentes organismos del Estado.
Sin embargo, apenas unos pocos autores materiales e intelectuales están siendo investigados y ninguno está condenado, producto de una rosca judicial conformada para servir al poder, cuya corrupción salpica a todo el país y genera malestar y decepción entre la población partidaria de cambiar la situación política, social y económica.
El mandatario, apoyado por los movimientos sociales, sindicatos, algunos partidos políticos y un pequeño contingente de la Conferencia Episcopal, dice que el primer paso para combatir la corrupción es la transformación de la Suprema Corte de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, cuyos miembros son confesos fanáticos del gatopardismo.
La voluntad de Lugo por cambiar las cosas no está en discusión hasta ahora, al punto que en sus primeros 100 días de gobierno, ha removido unos sesenta oficiales de la Policía y alrededor de 180 subalternos, más 28 Generales del Ejército, aplicando uno de los capítulos del combate a la corrupción, prometido al pueblo. Al freezer han ido a parar 48 altos jerarcas de la Promoción 1979 de la policía, formados en plena represión estronista y que han capacitado a muchos para continuar apaleando luchadores sociales, como ocurre hasta ahora, con dos campesinos asesinados en el último mes.
Aparte de los encontrados sentimientos de malestar y de aceptación que esas medidas han generado en ambas instituciones armadas, la reacción popular también tiene doble expresión. La población, harta de los abusos e inoperancia de las instituciones represivas, aplaude le decisión de Lugo, pero a la vez no comprende por qué ninguno de los sancionados ha perdido sus privilegios económicos y sociales y ningún proceso judicial juzga a los jerarcas pasados a retiro por inconducta, generalmente grave.
El juego es el mismo que, en ocasiones, por haraganidad, displicencia o irresponsabilidad, se hace con la escoba, desplazando la basura para un rincón, o detrás de la puerta, renunciando a levantarla con la pala y depositarla en el basurero, en un acto que, a poco andar, facilita que los desperdicios se desperdiguen por todas partes, causando un efecto mucho más dañino, por desprolijidad y ausencia de higiene.
Los mandatarios paraguayos anteriores también utilizaron una escoba nueva. Nicanor Duarte Frutos removió a más de doscientos jefes policiales y nueve generales de ejército, Luís González Machi a siete y Juan Carlos Wasmosy a nueve, entre 1992 y 1996, pero solamente uno de esos Generales, Administrador del Ejército, terminó en prisión y el resto pasaron a otras funciones, otros puestos de mando o gozan de una baja con honor y alta remuneración.
Son numerosos los jerarcas uniformados que están acusados de tráfico de todo tipo, desde los narcóticos hasta los automóviles de lujo, pasando por la venta de seres humanos, bebés y niños de corta edad, en particular, y jóvenes mujeres destinadas a la prostitución en otros países. Al contrabando de alto vuelo y de todo tipo de mercaderías, últimamente se le ha sumado la participación de personal en ejercicio de la policía y del ejército, en asaltos de domicilios y secuestros de personas adineradas.
Durante años, cada vez que la jerarquía ha decidido compensar a algún funcionario, uniformado o de civil, por razones de afecto, simpatía o parentesco, lo ha enviado a cumplir funciones en un puesto en la frontera con Argentina, Bolivia o Brasil. En poco tiempo, regresa convertido en un nuevo hombre rico y en otro servidor incondicional de los mandos superiores, cuyo ascenso está asegurado para garantizar el relevo jerárquico que ha permitido eternizar la corrupción.
La ley del teru-teru
Ese viejo hábito de remover funcionarios, lo está aplicando Lugo en casi todas las instituciones del Estado. Por lo común, las causas mayores de los desplazamientos son la inasistencia permanente a su lugar de trabajo, al que nunca asistió la persona ahora despedida, porque había sido empleada por el Partido Colorado sólo a título de reservista para lo que diera lugar. Su ineptitud personal y, en gran medida, su corrupción, han sido las otras razones de su remoción actual.
El acierto de esas medidas, tiene la contracara de un doble efecto casi unánimemente desalentador. Muy pocos están procesados por los delitos que se les imputan y que han motivado su desafectación y, en segundo lugar, aparte de ciertos errores en la elección del blanco correcto, las autoridades actúan como en secreto y la población permanece sin ninguna información, agravando la incomunicación entre Gobierno y ciudadanía.
La indecisión para llevar contra las cuerdas a los responsables, a sabiendas de que el Poder Judicial es fuerza de oposición a Lugo, está sembrando la sospecha de que hay un deseo de blanquear o, al menos, de evitar condenar a un elevado número de altos funcionarios. Los imputados hasta ahora son de baja figuración.
Esa desconfianza popular, alimentada por la certeza de que en este país todo se negocia, adquiere ribetes groseros en la represa binacional de Itaipú, propiedad a partes iguales con Brasil, pero de la que este socio gigante se lleva el 95 por ciento de la producción, pagando a Paraguay un precio ridículo por esos 45 puntos que el consumo local no absorbe. Esa aberración empresarial ha generado una masa de funcionarios oligárquicos.
En menos de dos meses, cerca de 300 personas fueron cesadas por el nuevo Director paraguayo Mateo Balmelli, importante referente del Partido Liberal y derrotado aspirante a la Vicepresidencia de la República en las internas de su organización. Pero resulta que ahí nadie está procesado por los cargos que provocaron su separación, omitiéndose hasta ahora su responsabilidad.
La administración anterior de Itaipú está imputada por múltiples delitos que representan millones de dólares de defraudación y malversación al Estado, pero una montaña de documentos de la gerencia de la institución, fueron incinerados noches atrás, en horas de la madrugada, por orden del Jefe de Gabinete, el mismo que estaba con el gobierno anterior, y que el nuevo lo mantuvo. Ahora aparenta padecer de amnesia cada vez que se le pregunta por alguna de las irregularidades comprobadas.
Otra desprolijidad pública del luguismo se ha producido en la Represa de Yaciretá, binacional con Argentina, reconocido nido de corrupción de ambas márgenes del Paraná. En esta ocasión, los actores del escándalo son personas muy cercanas al propio Jefe de Estado, lo cual facilita los ataques de los enemigos, y refuerza la decepción de muchos adherentes.
Algo similar ocurre con el Instituto de Previsión Social (IPS), cuya caja recoge los aportes mensuales obligatorios de los asalariados y de la patronal de todo el país. En su medio siglo de vida ha convertido a sus directores y familiares en nuevos multimillonarios, que sistemáticamente hicieron del organismo una empresa particular, propiedad de una rosca que renovó siempre parcialmente el gobierno del General Alfredo Strossner, entre 1954-89, en una práctica que han proseguido sus sucesores.
La nueva administración de IPS, nombrada por Lugo, está acusada de continuismo por sindicatos de la salud, que denuncian la permanencia de los mismos jerarcas, quienes vendrían incurriendo desde hace años en la compra de medicamentos vencidos, facturándolos como nuevos, y en maquinaria e instrumental que nunca llegaban a la empresa o eran ingresados para ser desarmados y vendidos por piezas. Una montaña de fármacos vencidos se está pérdida entre cinco a diez mil millones de dólares, por fármacos vencidos, se estaría verificando estos días en los depósitos.
José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)
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