Termina un año más, donde se intensificaron las luchas populares. Pero esa conflictividad parece ser sólo el preludio de su propia agudización, esta vez con un actor que se encamina a recuperar el protagonismo que nunca debió haber perdido en nuestro país: la clase trabajadora. A la luz de la crisis financiera mundial, los trabajadores ocupados se preparan para resistir los embates de las patronales que hoy más que nunca, tienen como aliado al gobierno del matrimonio Kirchner.
Los líderes de la sociedad mundial permanecen en “asamblea permanente”, a causa de la mayor crisis financiera de la historia. Una de las consecuencias directas de ella parece ser la irremediable pérdida de la hegemonía de los EEUU, lo que traerá de la mano un mundo multipolar en el futuro inmediato. Por supuesto que esa “multipolaridad” no implicará que el nuevo liderazgo del mundo vaya a recaer también en los países subdesarrollados –aunque sí adquirirán un poco más de protagonismo momentáneo- pues aquél inevitablemente se concentrará en las mayores economías del planeta. Éstas tratan de justificar a como dé lugar el hecho de que tuvieron que tomar medidas de claro corte intervencionista desde sus respectivos Estados, aclarando que se vieron obligadas “para salvar el sistema de libremercado”. Contradicciones, si las hay. Sin embargo, este regreso a escena del tan vapuleado “Estado” no significa mejores tiempos para las masas trabajadoras. Muy por el contrario, los capitalistas hoy quieren hacer recaer las consecuencias del desastre económico que ellos mismos provocaron en las espaldas de los asalariados. Lo que demuestra la vigencia del pensamiento de Carlos Marx, quien dejó en claro que el Estado es un instrumento de dominación de una clase por otra: no habrá paz para la clase obrera mientras los estados estén en manos de la burguesía.
Nuestro país no será inmune a este gran terremoto financiero mundial, muy a pesar de los dichos de la presidenta que –oscilando entre la ingenuidad y la irresponsabilidad- vaticinó lo contrario. Por supuesto que al poco tiempo tuvo que rectificarse. Las consecuencias de la crisis se reflejan en los miles de trabajadores que han sido despedidos o suspendidos, y en los efectos que esto ha producido: mientras aquéllos pelean por mantener sus fuentes de empleo, los empresarios intentan hacer oídos sordos a los reclamos y las necesidades de sus empleados; en el medio, la burocracia sindical-empresarial, que hasta se despacha proponiendo “baja de salarios” a cambio de evitar despidos, ejerciendo una postura funcional –una vez más- a los intereses de las patronales. El miedo a lo que vendrá ha retraído el consumo en las capas medias y altas de la población, con el consiguiente enfriamiento de una economía cuyo crecimiento ya venía en picada.
El gobierno de Cristina Kirchner, a un año de su asunción, de la mano de la “nueva corriente de intervención estatal mundial”, ha lanzado un madáticamente agresivo plan de medidas “anticrisis” que, para variar, deja fuera de sus beneficios a las mayorías populares: a través de medidas fiscales como la baja de impuestos y subsidios al sector empresarial, vuelve a trasladar riqueza social de los que menos tienen a los que más ganan, y el blanqueo para que regresen los capitales fugados al exterior atiende a los intereses de los que apelan a cualquier ardid para llenar sus bolsillos. Los créditos para la compra de automóviles favorecen a los sueldos de más de $5500, y la eliminación de la famosa “Tablita de Machinea”, a los de más de $7000: afuera de estas medidas queda el 90% de la población activa del país. El Plan de Obras Públicas generará trabajo, pero los de la construcción son de los salarios más bajos entre los demás rubros, y no hay esperanzas de que el gobierno quiera cambiar esa ecuación. Además, otra vez se recurrirá al capital privado y a los empréstitos de organizaciones de crédito internacional, como el BID y el Banco Mundial, lo que generará nueva deuda pública que se sumará a la ya existente.
Lo antedicho sucede en el marco de la desaceleración abrupta del crecimiento de la economía nacional, luego de seis años de crecimiento consecutivo. El Presupuesto 2009 prevé un crecimiento de apenas el 4% (aunque fuera del gobierno se habla de no más del 2%), por lo que, sumado a los vencimientos de la Deuda y a la renegociación con el Club de París y los Bonistas que quedaron fuera del Canje 2005, augura un futuro no muy promisorio para la clase trabajadora.
Mientras tanto, en el país en el que el golpista carapintada Aldo Rico es recibido con los brazos abiertos en el seno del oficialismo, y los genocidas Astiz y Acosta son liberados en medio de la administración “de los derechos humanos”, 25 chicos recién nacidos mueren por día en Argentina, seis millones de niños viven en la miseria y tres millones de ellos pasan hambre. Y a los jubilados, de los cuales el 70% cobra la mínima ($600 pesos, reconocido por la presidenta, cuando la canasta familiar ya supera los $4000), les dan por única vez míseros $200 para pasar las fiestas, y después…
Nosotros vemos que las soluciones deben ir por otros carriles, como los que se expresan en todos los espacios de coordinación de organizaciones obreras y sociales que integramos, sobre todo en el último documento de “Otro camino para superar la Crisis”:
La prohibición inmediata de despidos, suspensiones y rebajas salariales.
Por incrementos salariales ajustables periódicamente por la inflación asegurando un salario mínimo igual a la canasta familiar.
Reducción general de la jornada laboral sin disminución salarial, comenzando por el estricto cumplimiento de la jornada legal de 8hs.
Blanqueo del trabajo en negro y protección a los trabajadores informales que son los más afectados por el ajuste.
Universalización de los planes sociales para los trabajadores desocupados o de menores ingresos que cubra el valor de la canasta familiar.
Por el 82% móvil para las jubilaciones y un ANSES bajo control de los trabajadores pasivos y activos.
Incremento inmediato del presupuesto de la educación y la salud públicas.
Incentivos a las empresas bajo control obrero, a los emprendimientos productivos autogestionarios de los movimientos de desocupados y a los planes de vivienda popular cooperativos.
Frente a la negativa empresarial de detener los despidos y las rebajas salariales y ante la amenaza de cierre, control de las empresas por los trabajadores. Fábrica cerrada, fábrica recuperada.
La recreación y protección del mercado interno, especialmente del consumo popular, a través de:
La elevación de las protecciones arancelarias y para-arancelarias; especialmente a los bienes de países de otras regiones y complementaria de los procesos de integración regional beneficios para los trabajadores y sectores populares.
La prohibición de importación de artículos suntuarios y el estímulo a la sustitución de importaciones.
Promoción de los mercados populares y de la economía social.
La promoción de proyectos productivos con alta generación de empleo y orientados al consumo popular, promoviendo los modelos de gestión obrera.
Planes de obra pública y vivienda popular, gestionados por cooperativas independientes.
Una reforma tributaria progresiva para que paguen más los que más tienen, con gravámenes a las operaciones financieras e incremento del impuesto a los grandes patrimonios. Eliminación del IVA a los artículos de primera necesidad y los medicamentos.
Frente a la ausencia de crédito, control público-estatal de la Banca, ya sea mediante la nacionalización sin pago o la estatización de los depósitos. No a la estatización de las deudas privadas.
Frente a las presiones internacionales, No al pago de la deuda externa, aplicando los recursos liberados para atender las necesidades sociales.
Frente a la fuga de capitales, control y bloqueo de la salida de capitales. Reponer el control cambiario con política de cambios múltiples y diferenciados que fuera abolido por Martínez de Hoz.
Nacionalización del comercio exterior, recuperando las juntas reguladoras.
Reestatización, bajo control de los trabajadores y los usuarios, de las empresas de servicios públicos privatizados.
Recuperación del control público-estatal sobre los bienes comunes de la naturaleza (los mal llamados “recursos naturales”) con participación de los trabajadores y la comunidad.
Un plan de medidas como el expresado sería una real salida para las mayorías explotadas de nuestro país, pero exigiría que el Estado esté en manos distintas de las que hoy lo manejan. Las consecuencias de la crisis deben pagarla aquellos que la han provocado: los capitalistas. A riesgo de ser reiterativos, sólo un potente movimiento de masas dirigido por quienes hoy sufren las consecuencias de las políticas que favorecen a los explotadores podrá hacerlo realidad. Generar ese movimiento es la obligación de todas las organizaciones obreras y sociales en lucha.
Ojalá el año que viene nos encuentre mancomunados en ese camino.
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES
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