Con la declaración oficial de que el país ya está en recesión, el presidente colombiano, Álvaro Uribe busca por todos los medios concretar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, aunque para lograrlo tenga que empeñar la soberanía nacional al entregarle a Washington varias bases militares en el territorio.
A finales de junio, Colombia entró en recesión, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), después de 10 años de crecimiento continuado aunque esos resultados no se hayan revertido en mejoras sociales y económicas para su población.
Antes de concluir 2008, el gobierno aseguraba que el país estaba blindado contra la crisis económica internacional, pero ahora ha reconocido que en el último trimestre del pasado año la economía decreció 1 % y en el primer trimestre de 2009 lo hizo en 0,6 %. El Presidente, sus ministros y empresarios colombianos han construido prácticamente un nuevo camino hacia Washington con las idas y venidas realizadas en los dos últimos años para tratar de convencer a congresistas y senadores estadounidenses opuestos al TLC (por los asesinatos de sindicalistas y las violaciones constantes de los derechos humanos en el país andino).
Semanas antes de dejar la Casa Blanca, el ex mandatario George W. Bush dijo en una reunión con Uribe que el TLC era “necesario” para la seguridad nacional de Estados Unidos.
El 30 de junio último, Uribe regresó a EE.UU. y le expuso a Barack Obama, (quien se había opuesto anteriormente al Tratado) las bondades de este.
Para estar más en línea con las disposiciones que exige el TLC, y a la par embullar a congresistas norteamericanos indecisos, el gobierno de la nación andina ha impulsado un amplio programa de privatizaciones en todos los sectores de la producción, la minería y los servicios.
El Estado sacó a la venta las empresas de electrificación de Cundinamarca, Boyacán (Ebsa), Pereira, Santander, Norte de Santander y Meta. En el ruedo también se halla Termocan-delaria, por la que se interesa el grupo chileno Solari. En cuanto al sector financiero, el Estado cederá la propiedad de 12,4 % que controla en el Banco Popular. Antes de que se acabe de aprobar el TLC, ya la estadounidense General Electric adquirió un paquete de acciones del Banco Colpatria, construirá una planta para la fabricación de químicos de purificación de aguas y compró una empresa dedicada a esa actividad industrial. Mientras, Munich Re fortaleció sus acciones en Inversura, holding de salud, riesgos profesionales y seguros.
La transnacional Glencore ha invertido, junto a Ecopretrol, en la ampliación de la refinería de Cartagena para elevar el procesamiento de crudo de 75 000 a 150 000 barriles diarios.
En la industria hotelera las cadenas transnacionales Hyatt, Milton, NH, Fronpeca, Marrito y Honesta invierten más de cuatro millones de millones de pesos colombianos, mientras compañías estadounidenses y europeas lo hacen en el sector de la aviación para ampliar las frecuencias de destinos a Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. El Instituto de Fomento Industrial (IFI) vendió la pequeña parte que controlaba en la Comercializadora Internacional Promotora Bananera y 9,3 % que tenía en Devinorte, donde han tomado posesión las transnacionales Cargill, Masisa (madera) y Mapfre Seguros.
Todas estas acciones han deteriorado aún más el nivel de vida de los colombianos, país donde la mitad de la población se encuentra en la pobreza y no tiene posibilidad de acceder a los servicios de salud, educación y seguro social.
Organizaciones sindicales y No Gubernamentales indicaron que tres de cada cuatro personas en el campo y dos de cada cuatro en las ciudades son pobres, en un número que alcanza a 20 290 000 habitantes.
Cuando se analiza que esto ocurre en una nación cuyo Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido como promedio más de 5 % en el último lustro, se comprende que las ganancias van a las pequeñas clases pudientes nacionales o salen del país mediante las transnacionales.
El ingreso de 10 % de la población más rica colombiana es 49 veces mayor que el de 10 % de los más pobres. A esto se suman los desplazamientos obligados de personas -realizados por el ejército en las zonas de conflicto armado- y quienes no tienen otro destino que irse hacia las ciudades para tratar de sobrevivir.
Ahora la crisis con su recesión acompañante se ha sentido con mayor fuerza en la industria, comercio, el transporte y los servicios según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.
Las medidas de privatización que afectan a la seguridad social están provocando grandes manifestaciones de sindicalistas y pensionados.
Las Centrales Obreras y en particular la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) se han lanzado a las calles en rechazo a la privatización del Instituto de Seguro Social y la liquidación de las subsidiarias Cajanal y Capre-com.
Jesús Ernesto Mendoza, presidente de la CPC, gremio que agrupa a 140 asociaciones con 1 350 000 pensionados, denunció que el Estado los ha puesto a merced de la voracidad del capital financiero, a la par que condenó las continuas detenciones de sus dirigentes como el caso de Sergio Díaz Forero, capturado por organismos de seguridad en la ciudad de Fusaga-sugá.
Con sus ansias de concluir el TLC y acabar de convencer a los cada vez menos reticentes congresistas norteamericanos, el gobierno de Uribe concretó un tratado con Washington para que ese país utilice tres bases aéreas y dos navales, en la Bahía de Málaga (Pacífico) y Cartagena (Caribe).
Aunque las conversaciones han sido secretas, se conoció que el senado del país norteño destinará 46 millones de dólares para la de Palanquero, puerto Saldar, en el río Magdalena, que ya cuenta con una pista de aterrizaje de 3 500 metros, dos enormes hangares y es la base principal de los aviones de combate colombianos. Entre las medidas se establece que ningún militar estadounidense podrá ser juzgado por delitos cometidos en suelo colombiano.
Este convenio abre las puertas a las operaciones y control militar estadounidense en la región, después de perder la base de Manta en Ecuador, la cual debió abandonar por la actitud del gobierno de Rafael Correa de no prorrogar el contrato de arrendamiento que vence en el próximo noviembre.
El senador Rafael Pardo, ex ministro de Defensa y candidato a sustituir al presidente Uribe, declaró que con este paso, “Colombia perderá soberanía y se convertirá en una base de operaciones, una especie de portaviones, contra los países vecinos”.
Ciertamente que el gobierno colombiano ha realizado enormes sacrificios para concluir el Tratado de Libre Comercio. Si los congresistas estadounidenses no lo acaban de aprobar, pasarán a la historia como unos malagradecidos.
Hedelberto López Blanch
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