El pasado 7 de abril de 2010, en horas de la tarde, luego de haber terminado el corte dentro de una mina artesanal – La Balanta – a orillas del río Ovejas, fueron masacrados ocho mineros. El hecho se presentó en el paraje conocido como El Hato Santa Marta, municipio de Suárez, ubicado en el noroccidente del departamento del Cauca. Esta es una región rica en minerales preciosos codiciados por las multinacionales como Anglogold Ashanti y Cosigo Resources; también es un paraíso paisajístico para la inversión de Smurfit Kappa - Cartón de Colombia, y una despensa de energía para la Unión Fenosa, hoy Colinversiones, del Grupo Empresarial Antioqueño- GEA que la adquirió en una oferta pública de adquisición por una gran suma de dinero.
EL grupo de mineros artesanales – barequeros- estaba integrado por José Yulbel Ocoro Balanta, Deiber, José Asnoldo y Wilber Fernando Mosquera, oriundos de la región, y Pablo César, Macedonio, Henry Ibarguen Mosquera y su sobrino Jeisón Antonio Ibarguen Ramírez, quienes junto con Peter Gómez Sánchez llegaron de Condoto, Chocó y las minas de Zaragoza en busca de una oportunidad de conseguir una veta de oro y obtener buenos dividendos. Todos fueron atacados con armas de fuego de alto poder y un puñal por un grupo de tres personas que vestían camuflados, y otros civiles, entre ellos uno de acento costeño. Según versiones de los moradores del sector, los asesinos se transportaban en camionetas modeludas blancas de doble cabina.
Deiber Mosquera inteligentemente aparentó estar muerto y logró escabullirse tan pronto los victimarios se retiraron del lugar e informó de lo sucedido a las autoridades en el casco urbano de Suárez. Los ocho humildes mineros ultimados a sangre fría derivaban sus ingresos para subsistir con sus familias de la minería artesanal que venían ejerciendo de generación tras generación. Desafortunadamente, el gobierno nacional ha vendido e hipotecado nuestros territorios y nuestros recursos; el poder del dinero y la ambición de quienes lo detentan no tiene escrúpulos y por ello, al igual que en otras regiones de colombia y del mundo, se presentan estos hechos abominables, crueles y despiadados.
De acuerdo al relato de Deiber Mosquera, los victimarios antes de jalar el gatillo afirmaron que “no deberían (los mineros) estar en ese sitio porque el predio era una propiedad privada”, después los hicieron arrodillar y les dispararon por la espalda. Esto implica que, aparte de los autores materiales, se debe investigar a aquellos de que tengan la presunta licencia de exploración y explotación de dichos predios, pues los mercenarios actúan porque su amo les paga para salvaguardar su inversión.
Sobre la anterior hipótesis se deben tener en cuenta dos particularidades que pueden determinar fehacientemente la responsabilidad intelectual y material de tan espeluznante crimen: primero, que sobre el predio en particular, al parecer, existe una licencia de exploración y explotación de oro y otros minerales a nombre de la multinacional Anglogold Ashanti. Segundo, en inmediaciones al sitio de la masacre se encuentra el diseño del túnel que permitiría el trasvase del río Ovejas hacía el embalse de La Salvajina, operado por EPSA SA ESP empresa subordinada de la española Unión Fenosa, recientemente adquirida, como lo manifestamos al inicio de este texto, por la empresa colombiana Colinversiones, propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño – GEA.
Llama poderosamente la atención que este grupo de asesinos pudieran movilizarse en carros lujosos y al descubiertos, portando armas de largo alcance, ejecutando a ocho personas, en una zona que por su importancia para el capital extranjero se mantiene custodiada por dos batallones de alta montaña acantonados sobre las márgenes derecha e izquierda del muro de la represa de Salvajina, a escasos media hora del sitio de los hechos. Donde, además, se mueve un grupo de contraguerrilla de la Policía Nacional, acantonada en el casco urbano del municipio de Suárez- Cauca, también a una hora del sitio donde ocurrió la masacre.
Por otro lado, y de acuerdo a las versiones de los habitantes de las veredas circunvecinas, esta masacre no es un hecho aislado o fortuito. Grupos de personas armadas se movilizan en este tipo de camionetas a diferentes horas del día, y por la noche lo hacen con los faros apagados, indagando por líderes cívicos de la región, presuntamente con el ánimo de cegarles su vida.
Esto contradice las temerarias e infundadas afirmaciones del General Gustavo Adolfo Ricaurte – Comandante de la Regional 4 de la Policía-, quien, tal vez pretendiendo desviar la investigación y tratando de salir bien librado del escenario de violaciones a los derechos humanos en la región del noroccidente caucano, sale ante los medios con dos versiones que son bien distantes de la realidad: en primer lugar no hay posibilidad de guerra o vendetta entre los mineros artesanales de la región, como lo indica el general Ricaurte, pues por todos es sabido, y así se ha denunciado con antelación, que la riqueza aurífera en Suárez es incalculable; al punto que está en la mira de las multinacionales extractivas como Anglogold Ashanti y Cosigo Resources. Esto, mientras el hambre y la miseria son el pan nuestro de cada día en toda la región, y las minas artesanales pululan a lo largo y ancho del territorio, sin que por ello jamás se han presentado disputas en torno a su ubicación o cantidad de extracción.
Segundo, afirma el alto oficial que el responsable es el 30 frente de las FARC. Pero, de acuerdo a las versiones de los pobladores del municipio, esta guerrilla, al igual que el ELN, se ha mantenido en la región y no han atentado contra la población de esta forma. Solo se cuenta una incursión – toma de Suarez – por parte de las FARC hace ya algunos años, dirigida precisamente contra la fuerza pública en le contexto del conflicto social y armado. Parece de esta manera que las declaraciones ligeras del General Ricaurte tienen más bien la pretensión de desviar la atención y la investigación de los verdaderos culpables de esta masacre y de los intereses que la promovieron.
Azalea Robles
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