“En España hubo un genocidio”

Entrevista a Carlos Slepoy, abogado y víctima de la dictadura argentina

“Presentamos la querella como consecuencia de la escandalosa paralización de los procedimientos judiciales en España”, cuenta Slepoy por teléfono desde Buenos Aires

Carlos Slepoy sabe de la naturaleza de los regímenes represores. No solo porque es abogado especializado en estos asuntos, sino porque él mismo fue víctima de la dictadura argentina. Fue encarcelado dos semanas antes del golpe de Estado argentino, en marzo de 1976. Pasó por varias prisiones y centros de torturas antes de ser condenado al exilio en noviembre de 1977, cuando se instaló en España.
Veinte años después actuó como abogado de la acusación popular en los juicios que instruyó el juez Baltasar Garzón contra el dictador Videla y otros miembros de la dictadura argentina. De ese modo jugó un papel fundamental en el juicio contra el ex militar argentino Adolfo Scilingo, a quien la justicia española condenó en 2007 a 1.084 años de prisión por crímenes de la dictadura argentina.
También ha participado en el proceso contra el ex capitán Ricardo Cavallo, extraditado desde México a España y desde allí a Buenos Aires, acusado de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, la mayor cárcel ilegal de la dictadura argentina.
Ahora las paradojas de la vida llevan a Slepoy a recorrer el camino inverso: De Madrid a Buenos Aires. En esta ciudad fue presentada este miércoles 14 de abril -día de la República española- una querella para que se juzguen los crímenes de la guerra civil y la dictadura españolas. Entre los demandantes hay varias asociaciones de derechos humanos y por la memoria histórica.

LA QUERELLA

¿En qué se basa la querella que van a presentar?
Se fundamenta en los principios de jurisdicción universal, los mismos en los que se basó Garzón para abrir diligencias por crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina, los mismos en la que se basó la justicia española para condenar a Adolfo Scilingo, los mismos que permitieron la extradición de Ricardo Cavallo o la apertura del caso por genocidio en Guatemala. Es decir, se fundamenta en una idea completamente asentada en la comunidad internacional por la que las leyes de amnistía o punto final no tienen validez ante crímenes contra la humanidad o genocidio.

DELITOS DE GENOCIDIO

¿Cómo califican entonces los delitos cometidos durante la guerra civil y el franquismo?
Son delitos que formaron parte de un genocidio. Así lo recoge Garzón en la causa que inició, y nuestra querella se basa en buena parte en esa causa, fundamentada a su vez en multitud de pruebas, hay incluso documentos y manifestaciones de todo tipo hechas por dirigentes del alzamiento nacional que así lo muestran. En ella se determina que hubo 113.000 desaparecidos y más de 30.000 niños secuestrados y privados de su identidad.
Y, ¿cuál es la definición de genocidio?
En España hubo una planificación estudiada y meditada para perseguir y erradicar a determinados grupos y colectivos con el objetivo de dar origen a otra nación diferente, algo que se logró en gran medida. Eso es un genocidio. Al igual que el nazismo o que la dictadura argentina, los participantes del golpe de estado y la dictadura española buscaban eliminar elementos de una sociedad para crear una sociedad diferente.
¿Qué posibilidades tiene de prosperar esta querella?
Nunca se sabe si prosperará o no, pero nosotros confiamos en que sí; yo tengo plena confianza en que esto vaya a prosperar, porque la querella está asentada sólidamente desde el punto de vista jurídico tanto en el derecho argentino como en el derecho internacional.

DESDE 1936 A 1977

¿Hay alguna diferencia en su querella con los autos de Garzón?
Los autos de Garzón contemplan los delitos cometidos hasta 1952. Nosotros ampliamos el ámbito temporal e incluimos todos los cometidos desde el 17 de julio de 1936, un día antes del golpe de estado, porque ya hubo fusilamiento ese día, hasta el 15 de junio de 1977, cuando se celebran las primeras elecciones democráticas. Hay también una ampliación espacial porque se pide que se investigue desde aquí, desde Argentina.
¿Van a solicitar documentación e información a las autoridades españolas?
Sí, tenemos ya un listado de pruebas a solicitar: pedimos que se busque a los responsables de los crímenes, una lista de todos los ministros de Franco con un certificado de que están vivos, un listado de todos los mandos de la Guardia Civil, la policía militar, la policía civil, la Falange. Pedimos los mapas de las fosas comunes, el número de desaparecidos y juzgados. Esperamos contar con la colaboración de las autoridades españolas; si no, todo será más trabajoso pero se podrá hacer igualmente. Además contemplamos que se haga lo mismo en otros países europeos donde hay documentación que serviría para demostrar todos los delitos. Confiamos en que ocurra algo similar a lo que pasó con Pinochet, se dictó su extradición y tras ello otros países solicitaron también su extradición.
¿Partirán de algún caso concreto?
Partimos del caso de Severino Rivas, alcalde socialista fusilado en 1936. Su caso es ejemplo claro de la persecución planeada que hubo contra determinados grupos: representante político, detenido ilegalmente, fusilado sin previo juicio y desaparecido durante décadas. Su hijo vive en Argentina y presentará la querella con nosotros. Pero desde que esto se ha hecho público nos ha llegado una verdadera lluvia de peticiones de personas que quieren personarse como testigos o como querellantes. En las próximas semanas iremos organizando todo esto. Mi impresión es que va a producirse un fenómeno similar al que ocurrió cuando en España empezaron a juzgarse los crímenes de Argentina. Todas las semanas aparecían nuevos testigos, nuevos querellantes.

UN EFECTO BOOMERANG

¿Qué lectura hace de la respuesta internacional que ha surgido frente al intento de inhabilitar a Garzón?
Mi opinión es que el intento de inhabilitar a Garzón se ha convertido en un boomerang. Es tan descabellado que han disparado la indignación general en todo el mundo de los derechos humanos y organizaciones internacionales y ahora hay ya sectores que se plantean juzgar a aquellos que quieren juzgar a Garzón, a los verdaderos prevaricadores, que saben que la ley de amnistía no tiene validez en este caso.
¿Cómo interpreta que la Justicia haya actuado antes en Argentina que en España?
El franquismo duró mucho más tiempo y Franco dejó todo cerrado con la intención de que no se mirara atrás. Pero lo que pasa en España no es una marca exclusivamente española. Aquí en Argentina ocurrió lo mismo, es un patrón común. Siempre se pretende borrar el pasado, se dictan leyes de punto final, como si uno pudiera seguir hacia adelante sin mirar atrás, ignorando lo que ha vivido antes. En todos los casos hay grupos políticos, económicos y sociales que llevan a cabo un esfuerzo para que los crímenes no se conozcan. Es el pacto de la impunidad, todo queda atado y bien atado por aquellos que participaron en el genocidio. Es absurdo que España haya ejercido un papel muy importante en el plano judicial en Chile y Argentina, pero sea incapaz de actuar en lo relacionado con sus propios crímenes.

EL CASO ARGENTINO

¿Cuántos procesados hay ya en Argentina por crímenes durante la dictadura?
En Argentina hay más de cuarenta condenas y seiscientos procesados ya. Aún así hay críticas, no se abren todos los archivos, nada es perfecto, estos procesos nunca terminan de perfeccionarse. Pero desde luego comparativamente con España esto es un sueño porque se ha terminado con la impunidad legal. Yo mismo voy a comparecer como testigo en un juicio que se acaba de abrir en Argentina contra los carceleros de la prisión de La Plata, donde estuve preso durante la dictadura.

Olga Rodríguez
Periodismo humano