Los abajo firmantes nos declaramos profundamente antifascistas y por lo tanto aplaudimos cualquier iniciativa que, partiendo de un acto de necesaria y saludable memoria, marque a fuego a quienes desarrollaron en el Estado español (o en nuestra Nación Argentina) practicas genocidas contra el pueblo y sus organizaciones populares.
Franquistas, derechistas, militares y civiles, deberían haber pasado el resto de sus vidas en las cárceles, pero los pactos espúreos, como el de la Moncloa, o el continuismo gestado por el propio dictador Franco, les garantizaron una impunidad desde todo punto de vista repudiable.
De la misma forma que exigimos que los gobernantes fascistas y sus cómplices paguen por sus crímenes de lesa humanidad y los luchadores populares asesinados puedan ser reivindicados como patriotas, también expresamos nuestro rechazo a querer transformar en un héroe de los derechos humanos a un juez que, como es el caso de Baltasar Garzón, ha convalidado con su accionar todo tipo de atropellos en contra de ciudadanas y ciudadanos vascos, catalanes, gallegos y hasta árabes que pasaron por ese “tribunal de excepción”, denominado Audiencia Nacional.
Durante su actuación casi obsesiva contra cualquier manifestación de disidencia hacia el Sistema, Garzón ha impulsado casos contra medios de comunicación, asociaciones populares, partidos políticos e incluso defensores de derechos humanos, que se deben calificar como una agresión directa a la libertad de expresión y al derecho de libre asociación pacífica. El propio Comité de Derechos Humanos europeo hizo recientemente patente su preocupación al respecto.
En su actividad diaria al frente del Juzgado especial que dirige, Garzón da orden de detener a personas acusadas de terrorismo bajo el régimen de incomunicación, verdadero espacio de impunidad en el que se producen brutales torturas. Cientos de ciudadanos vascos y españoles que sufrieron apaleamientos, violaciones y sevicias como “el submarino”, “la bañera”, la picana eléctrica o “la bolsa” denunciaron de viva voz frente al juez Garzón estas tangibles violaciones de los derechos humanos, y siempre recibieron su silencio, su mirar a un costado y su implacable decisión de dictar condenas brutales a militantes populares.
Garzón sabe, mejor que nadie, que su política de incomunicar a los detenidos durante días, sirve para montar el escenario donde monstruos policiales se ceban con los cuerpos de jóvenes detenidos.
Garzón no desconoce que Cuarteles policiales como el de Ia Guardia Civil de Madrid, el de Barcelona o el de Intxaurrondo en el País Vasco, se parecen mucho, en su afán de destrucción de los detenidos, a los campos de exterminio de la ESMA, Orletti o El Olimpo, y sin embargo jamás ha levantado una acusación contra sus gestores y promotores.
Organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa -CPT-, el Comité contra la Tortura -CAT- español o diferentes Relatores Contra la Tortura del sistema de Naciones Unidas han reclamado reiteradamente la abolición de esta modalidad de detención, cuya aplicación lleva la rúbrica de este magistrado.
Por otro lado, como bien afirmara en su oportunidad el fallecido juez y ex diputado del PSOE, Joaquín Navarro, “Garzón es un juez que se inventa casi todo a nivel sumarial. Lo que ocurre es que siempre actúa respaldado por el poder político y por el Ministerio del Interior. Garzón se permite el lujo de dictar autos de procesamiento o de prisión absolutamente fabulados, dando por demostradas vinculaciones orgánicas y funcionales de diversos sectores con lo que el denomina “el terrorismo”.
Garzón no es desde ningún punto de vista, un “justo”, un “valiente” o “uno de los nuestros”, como ahora exageran sus acólitos, sino un juez que en su afán de obtener réditos mediáticos (algo que lo deslumbra) no dudó en meter sus narices en Venezuela Bolivariana, de la mano de la recalcitrante derecha local, y avaló con su presencia actos y manifestaciones opositoras, en ocasión de la no renovación de la licencia al canal golpista RCTV. Esa injerencia provocó que el vicepresidente venezolano de esa época, Jorge Rodríguez, calificara a Garzón de “payaso que vino a nuestro país a tratar de darnos lecciones de democracia. Ese juez pro-imperialista vino para acá pagado y tarifado a decir lo que quiere escuchar la oposición venezolana'”. No obsante, el juez no cesó en sus ataques a la Revolución caribeña y calificó de “cínico” y “personaje nefasto” al presidente Hugo Chávez por sus declaraciones de respaldo a una salida negociada en el conflicto colombiano.
Por otro lado, Garzón también viajó a Colombia para dar sus consejos al gobierno represor de Alvaro Uribe. Una vez en Bogotá, mantuvo reuniones con jueces locales y funcionarios del gobierno, donde manifestó la necesidad de que se aplique a los detenidos la tristemente célebre figura de la “incomunicación prolongada”. “El Estado democrático no puede quedar contra las cuerdas, sostuvo Garzón en esa ocasión. "Para nosotros es básica la incomunicación en los primeros días de reclusión de un terrorista, de un narcotraficante o de un individuo que pertenece a una organización criminal", concluyó.
Por último, nos sentimos comprendidos en lo que manifiestan numerosas organizaciones de derechos humanos españolas y vascas, cuando manifiestan, refiriéndose a este juez: “Hemos visto de primera mano su pasividad con la tortura en sus quehaceres diarios, así como hemos podido constatar que su actividad en el ámbito internacional no es más que un ligero barniz, sin que sus acciones en ningún caso hayan pasado de ser testimoniales.
Verificamos, por fin, los excesos de su tribunal, que denunciamos de la misma manera que lo hacemos con los excesos que otros tribunales cometen ahora con el juez Garzón. La admisión a trámite de la presente querella por querer investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante el periodo franquista, es atentatoria contra la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad por el Comité de Derechos Humanos de la onU y contra el sentido común.
Desde esa legitimidad, no podemos sino oponemos a la designación de este juez como defensor de derechos humanos, cuando su actuación ha sido, mientras le era favorable a sus intereses, idéntica a la que ahora denuncia”.
FIRMAS INICIALES
Atilio Borón, escritor, economista, periodista
María Inés Brassesco, Presidenta de la Unión de Mujeres de la Argentina, Vicepresidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres- FDIM-
Manuel Márquez Berrocal, Historiador y fundador de kaosenlred.net
Lito Borello, Coordinador general Organización Nacional Social y Política Comedor Los Pibes
Carina Maloberti, Secretaria de Organización Nacional de Asociación Trabajadores del Estado (ATE)
Alfredo Ferraresi, Secretario General de la Asociación Empleados de Farmacia
Carlos Chile, Secretario Adjunto - Central Trabajadores Argentinos (CTA) - Capital Federal
Liliana Parada, Diputada Nacional - Proyecto Sur, Movimiento Territorial Liberación (MTL)
Marcelo Köenig, dirigente del Movimiento Peronista Revolucionario
Norman Briski, actor
Siguen las firmas
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