Cuando en 2005 las noticias periodísticas denunciaron que había psicólogos trabajando con militares de EEUU y la CIA para desarrollar métodos brutales de interrogatorio, los dirigentes de la Asociación de Psicólogos Estadounidenses (APA) reunieron un grupo de trabajo para examinar la cuestión.
Después de dos días de deliberaciones, el grupo de diez miembros llegó a la conclusión de que los psicólogos desempeñaban «un papel valioso y ético» al asistir a los militares.
Un alto nivel de confidencialidad alrededor del grupo de trabajo prohibía revelar las actas y los miembros y asistentes. No fue hasta un año después que se dieron a conocer los nombres de los miembros de este grupo, en Salon.com [1], revelando que seis de los nueve miembros con derecho al voto pertenecían a agencias militares y de inteligencia con conexión directa a los interrogatorios en Guantánamo y sitios oscuros de la CIA que funcionan ignorando las convenciones de Ginebra.
El grupo de trabajo de la entidad Ética Psicológica y Seguridad Nacional (PENS, en inglés) se reunió en respuesta a las pruebas cada vez mayores de que los psicólogos no sólo participaban en los procedimientos que han horrorizado a la humanidad, sino que de hecho estaban a cargo de diseñar esas brutales tácticas y de entrenar a los interrogadores en esas técnicas.
En particular dos psicólogos desempeñaron un papel central: James Elmer Mitchell, que fue contratado por la CIA, y su colega Bruce Jessen. Ambos trabajaron en el programa de entrenamiento militar clasificado conocido como Supervivencia, Evasión, Resistencia y Fuga (SERE, en inglés), que condiciona a los soldados para soportar el cautiverio en manos enemigas.
De una manera bastante cuasi-científica, según psicólogos y otras personas con conocimiento directo de sus actividades, Mitchell y Jessen retroinvirtieron las tácticas infligidas a los aprendices de SERE para usarlas en los detenidos en la «guerra global contra el terror».
Con la completa adopción de las técnicas de SERE para los interrogatorios por parte de los militares de EEUU, la CIA puso a Mitchell y a Jessen a cargo del entrenamiento de los interrogadores en las técnicas brutales, incluyendo el «submarino» [técnica de tortura], en su red de sitios oscuros.
Entretanto, resulta cada vez más claro que EEUU ha sacrificado su conciencia y su imagen global por tácticas que son, con mucho, ineficaces.
Con cerca de 150.000 afiliados, la APA es la mayor organización psicólogos en el mundo. A diferencia de la Asociación Médica Estadounidense y de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense que, desde 2006, han prohibido totalmente la participación de sus doctores, la APA continúa permitiendo que sus miembros intervengan en los interrogatorios de detenidos, alegando que su presencia garantiza interrogatorios seguros y evita los abusos.
La Dra. Jean Maria Arrigo, uno de los tres miembros civiles del grupo de trabajo PENS 2005, cuya tarea fue considerar lo apropiado de la participación de psicólogos en métodos severos de interrogatorio, asegura que los más altos niveles del Departamento de Defensa (DOD, en inglés) predeterminaron las conclusiones de los grupos de trabajo.
Al citar una serie de irregularidades que incluyen la prisa, la intimidación y el secreto, Arrigo sostiene que el grupo de trabajo estaba lejos de ser equilibrado o independiente.
Reveló que el Presidente de APA, Gerald Koocher ejerció un fuerte control fuerte sobre las decisiones del grupo de trabajo y censuró a los disidentes. Seis de los diez miembros ocupaban altos puestos en el DOD, claramente en atención a que representaban decisiones que ya se habían tomado. Estas fueron:
a) la adopción de la definición permisiva de la tortura en las leyes de EEUU, a diferencia de la estricta definición en el derecho internacional, y
b) la participación de psicólogos militares en los escenarios de los interrogatorios.
Muchos psicólogos molestos insisten en que la política de la APA ha hecho de la organización una entidad que posibilita la tortura.
En la convención anual de APA de agosto de 2007, los miembros presentaron ante su Consejo de Representantes una enmienda moratoria de la resolución de la APA:
«Se resuelve que los objetivos de la APA serán el desarrollo de la psicología como ciencia y profesión y como medio de promover salud, la educación y el bienestar. Por lo tanto, el papel de los psicólogos en escenarios donde los detenidos han sido privados de una protección adecuada de sus derechos humanos se debe limitar a ser el de un personal de salud que proporcione tratamiento psicológico».
Una abrumadora mayoría del Consejo votó en contra de esta medida que habría prohibido la participación de sus miembros en interrogatorios abusivos a detenidos.
En una encendida reunión de profesionales que siguió a la convención, decenas de enfurecidos psicólogos testificaron. Entre ellos, el Dr. Steven Reisner, miembro de la Coalición por una APA Ética, quien preguntó por qué el Consejo de Representantes votó por el rechazo a la moratoria, en clara contradicción con las convicciones de una amplia mayoría de la membresía de APA.
Reisner reflexionó sobre la falta de estándares éticos esenciales para una asociación como esa y para sus miembros. «Esto se refiere a la esencia de quiénes somos como psicólogos éticos. Si no podemos decir ‘No, no participaremos en interrogatorios realizados en sitios oscuros de la CIA’, pienso que tenemos que preguntarnos seriamente qué somos como organización y, para mí, cuál es mi lealtad a ella, o si habría que criticarla desde afuera en este momento».
Actualización de Mark Benjamin
Un mes después de que Salon publicara «Los profesores de tortura de la CIA» le siguió [la revista] Vanity Fair en julio de 2007 con un artículo a fondo que revelaba más detalles acerca del pequeño conciliábulo de psicólogos que ayudó a crear el programa de brutales interrogatorios de la CIA; un modelo que hizo metástasis en la Bahía de Guantánamo, Afganistán y en Irak en lugares como Abu Ghraib.
Para diciembre, llevaba a los lectores a un viaje al interior de los secretos «sitios oscuros» de la CIA, cuando Salon publicó la primera entrevista a profundidad con un ex preso de la agencia, Mohamed Farag Ahmad Bashmilah. Bashmilah incluso proporcionó dibujos escalofriantes de su estéril celda. Aparentemente, el yemenita era culpable nada menos que de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado: la CIA lo liberó después de diecinueve meses de duro encarcelamiento.
«Cada vez que veía una mosca en mi celda, me llenaba de alegría» -me dijo, hablando de la apabullante privación sensorial y el aislamiento-, «aunque deseaba que se escabullera por debajo de la puerta, para que no fuese prisionera como yo».
El 22 de abril de 2008, el Washington Post publicó un artículo sugiriendo que el gobierno de EEUU había ido mucho más allá del abuso a los detenidos, sometiéndolos a posiciones estresantes, privación del sueño y humillación sexual, y quizás hasta recurrido a drogas que alteraban la mente para desorientar aún más a los presos. De algún modo, la agencia parecía creer que con esto les sacaría información confiable. A fines de ese mes, los senadores Joe Biden, Jr. (Demócrata por Delaware), Carl Levin (Demócrata por Michigan), y Chuck Hagel (Republicano por Nebraska), solicitaron a los inspectores generales del Pentágono y la CIA que investigaran el asunto.
En mayo de 2008, el inspector general del Departamento de Justicia dio a conocer un informe individual mostrando que durante años los agentes del FBI se habían quejado de las duras tácticas de interrogatorio empleadas por la CIA y el Pentágono. Esa preocupación cayó en oídos sordos en el Consejo de Seguridad Nacional.
Sería grandioso decir que al final prevalecerá la justicia. Sin embargo, cuando se trata de tortura, la mayoría de los esfuerzos del Congreso para investigar el comportamiento de la CIA y de los militares han sido, con mucho, anodinos.
Al menos en teoría, al momento de escribir estas líneas, el Comité del Senado para las Fuerzas Armadas aún investigaba las actividades de James Mitchell y Bruce Jessen, los dos psicólogos identificados por primera vez por Salón que supuestamente ayudaron al gobierno a aplicar la retroingenieria a las tácticas creadas para ayudar a los soldados de elite a resistir la tortura de las técnicas de interrogación.
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes también investiga el asunto.
Pero pocos esperan que alguien de la administración sea llevado por la fuerza delante de cualquier clase de tribunal, y con una Casa Blanca completamente convencida de que el abuso es una táctica eficaz de interrogatorio -e igualmente comprometida a proteger a aquellos que la utilizan- pocos expertos piensan que la justicia será servida.
Eso es válido para los psicólogos que crearon el diabólico programa y a los que les dieron autoridad para llevarlo a cabo.
Médicos por los Derechos Humanos ha perseguido sistemáticamente esta noticia. Usted puede aprender más sobre esta organización y descubrir cómo puede participar visitando:
http://physiciansforhumanrights.org/
Katherine Evan* y Mark Benjamín * | Alfredo Viloria |
*Investigadores
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