El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha tomado por fin las medidas que seguramente nunca quiso tomar y ahora caen sobre él todo tipo de críticas. Solo recibe parabienes de los banqueros y de los poderosos que controlan los organismos internacionales y del poder ejecutivo de la Unión Europea, cada vez más parecida a un lobby de los ricos que a una institución al servicio de la libertad, la pluralidad y la democracia.
Creo que las medidas que ha tomado el Gobierno son criticables pero que es necesario contextualizarlas adecuadamente porque no me parece justo ni riguroso que caiga sobre él todo el peso de la responsabilidad por lo que está sucediendo en nuestra economía. No es verdad, por ejemplo, que sea prioritario combatir ahora el déficit porque se haya alcanzado un nivel peligroso de deuda puesto que el aumento que se está produciendo está todavía dentro de lo que se puede considerar plenamente aceptable. Lo principal, por el contrario, es recuperar cuanto antes la actividad, el empleo y los ingresos porque la deuda se ha generado justamente porque estos se han reducido a causa de la crisis.
Tampoco es verdad que haya que reducir ahora el déficit porque el gobierno haya despilfarrado gasto, como se dice desde la derecha más demagógica.
Este gobierno administró los presupuestos públicos con superávit (incluso innecesariamente a la vista del retraso en bienestar y capital social que sufrimos desde hace decenios y a diferencia de lo que están haciendo administraciones municipales o autonómicas gobernadas por la derecha). El gran incremento del déficit se produjo cuando la banca internacional provocó una crisis sin parangón que hundió las economías de casi todos los países del mundo. Una crisis que en España se llevó también por delante un modelo de crecimiento basado en el ladrillo que en esta última etapa de expansión había sido puesto en pie y alimentado inicialmente por el Gobierno del Partido Popular.
El Gobierno español, como tantos otros, no se ha endeudado caprichosamente sino para salvar a los bancos y para evitar el colapso de las economías, algo que no se hubiera tenido que hacer si quienes ahora piden reducir el déficit hubieran actuado de otra manera en los últimos años: si la banca no hubiese sido tan irresponsable, si los bancos centrales no hubieran actuado como sus cómplices, y si la Unión Europea y el resto de los organismos internacionales se hubieran dedicado a imponer en los últimos años más coordinación política y políticas de estabilidad y bienestar social en lugar de limitarse a facilitar la libertad de actuación y movimiento de los capitales especulativos.
Dicho esto, y sabiendo que la reducción del gasto público ha sido impuesta por el Fondo Monetario, por el ejecutivo de la Unión Europea y en realidad por los grandes poderes financieros, como el propio presidente reconoció implícitamente en algún momento de su intervención en el parlamento, creo que hay que señalar algunas cuestiones esenciales para poder entender lo que está sucediendo.
La principal es que las propuestas que se hacen no buscan de verdad reducir la deuda del estado español. Hay que se consciente de que la emisión de deuda pública y privada es el negocio de los banqueros y que son ellos quienes tratan de crearla constantemente por todos los medios. Por eso lograron que se estableciera la prohibición de que los bancos centrales financien en casos como este a los gobiernos. Hay que decirlo claro: lo que buscan los bancos es que los individuos, las empresas y los gobiernos tengamos sobre nuestras espaldas cada vez más deuda. Lo diabólico del caso es que gracias a la deuda que ahora han de emitir los gobiernos para hacer frente al desaguisado provocado por la banca y los grandes financieros, éstos ganan ahora miles de millones de euros: reciben liquidez al 1% de los bancos centrales y la invierten en deuda pública al 5% o incluso al 10% si logran, como en Grecia, que las agencias de calificación que trabajan a su servicio digan que es de baja calidad.
De hecho, el recorte del gasto que se propone no va a reducir la deuda de modo efectivo (y mucho menos satisfactorio socialmente) porque va a deteriorar la capacidad de crear actividad e ingresos de la economía española: limitar la inversión en infraestructuras simplemente significa disminuir el negocio de las empresas que la llevan a cabo, reducir los sueldos o las pensiones es contener el consumo del que salen los ingresos de miles de pequeñas y medianas empresas. Valga como prueba de ello el caso del cheque bebé que va a suprimirse. Sin entrar en consideración de su carácter más o menos equitativo y sobre sus efectos negativos sobre la incorporación al empleo de las mujeres, lo cierto es que pone en manos de las familias una cantidad global de dinero bastante importante que éstas dedican al consumo. Un estudio reciente de Libertad González de la Universidad Pompeu Fabra (“The Effects of a Universal Child Benefit: A Regression Discontinuity Approach”) pone de manifiesto que ha sido utilizado por las familias principalmente para aumentar el gasto en equipamiento del hogar y más concretamente en electrodomésticos.
Eso creo que demuestra muy gráficamente que las medidas impuestas al gobierno con la excusa de reducir el déficit son pan para hoy y hambre para mañana porque redundarán en una nueva caída de la actividad y de la tasa de crecimiento y casi con toda seguridad van a significar que la economía española vuelva a entrar en recesión cuando comiencen a aplicarse.
Y al caer la actividad lo que ocurrirá será que disminuirán los ingresos de las empresas y de las familias, de modo que o se recurre más tarde de nuevo al endeudamiento o se da por bueno que la economía se deteriore constantemente.
Es verdad que ningún país puede soportar que su deuda crezca ilimitadamente pero antes de entrar a limitar la actividad y a frenar la recuperación de economía española hubiera sido necesario plantear algunas consideraciones importantes.
La primera, como he dicho, que la deuda es odiosa en el sentido de que ha sido obligada por la especulación financiera con la que se han enriquecido y lo siguen haciendo banqueros e inversores cuyos nombres son bien conocidos y a quienes ahora no se les pide esfuerzo alguno para aliviar la situación que han provocado.
La segunda, que para frenar el crecimiento de la deuda la medida más eficaz es actuar sobre la causa que en realidad lo está generando y que no es otra que la falta de ingresos productivos en la economía. Reducir los únicos que están consiguiendo relanzar la actividad y no hacer nada para garantizar que la financiación vuelva a las empresas y a los consumidores es una barbaridad, justamente lo contrario de lo que hay que hacer para que la economía vuelva a funcionar al mejor ritmo posible.
La tercera, que para ser mucho más eficaces e intervenir sobre la raíz del problema habría que actuar sobre lo que incentiva la creación de deuda financiada por la banca privada y sobre lo que la encarece constantemente: permitiendo que fueran los bancos centrales quienes la financiaran a mucho menor coste, evitando que la emisión de deuda sea un negocio para los bancos y los financieros privados, prohibiendo la actuación de las corruptas agencias de calificación, y frenando radicalmente el “terrorismo financiero” que denunció hace unos días el Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
La cuarta que para reducir el déficit no se puede actuar solo sobre el gasto. Es irracional limitar la fuente de ingresos productivos cuando lo que se requiere es precisamente generar ingresos y cuando al mismo tiempo existen recursos ociosos o dedicados a generar los problemas que se quiere combatir. Por eso es más justo y sería mucho más eficaz tratar de incrementar los ingresos públicos combatiendo el fraude y la evasión fiscal y haciendo que quienes han obtenido y obtienen ganancias extraordinarias contribuyan fiscalmente. Es sencillamente repugnante que la reducción del déficit la paguen las personas con menos rentas mientras que los bancos y las cajas españoles siguen actuando en paraísos fiscales, blanqueando capitales, y ganando miles de millones de euros gracias a las ayudas material de todos los ciudadanos y al apoyo legal del Estado.
La medida que se le ha impuesto al gobierno español no busca sanear nuestra economía. Es una expresión más de las llamadas políticas deflacionistas de los últimos decenios que tienen en realidad otro objetivo: limitar la actuación y la capacidad de decisión de los poderes públicos para que los grandes intereses privados actúen más fácilmente y puedan ganar dinero más cómodamente. No les preocupa que no se recupere el empleo o que bajen ingresos de la población porque saben que es cuando esto ocurre cuando hay menos capacidad de respuesta social. Buscan lo que han conseguido: que el gobierno que representa a todos los españoles (le guste o no a la derecha) se ponga de rodillas y se doblegue ante los poderes financieros. Enseguida dirán que las medidas ahora aprobadas son insuficientes y que hay que ir más lejos: todos los chantajes funcionan igual. Más tarde irán contra los sindicatos y los partidos porque lo fundamental para ellos no es que los niveles de deuda bajen (todo lo contrario mientras sean ellos quienes la financien) sino concentrar en sus manos el máximo poder de decisión. Dicen que van a sanear la economía pero lo que quieren es salvar a los bancos y a los poderosos y para ello no les importa hundirlas una vez más.
El gran error de la ciudadanía sería enfrentarse ahora al Gobierno de Rodríguez Zapatero (como quieren el Partido Popular y la patronal) y no hacerlo con lo poderosos. Aunque para que ese error no se produzca sería necesario que el partido socialista no se clone con ellos, que hable mucho más claro a los ciudadanos y se ponga cuanto antes a la tarea.
Juan Torres López
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