La ola de saqueos desatada en el país pareciera haberse terminado. Cruces en la política y los medios que no se hacen cargo del principal problema: la cuestión social.
Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 292 locales fueron saqueados en 40 ciudades de la Argentina. Bariloche, una ciudad marcada por una brutal desigualdad social, fue el primer epicentro de un movimiento que más tarde se extendió hacia la provincia de Santa Fe y distintas localidad del conurbano bonaerense, entre otros lugares. Por otro lado esta entidad patronal estimó en 26,5 millones de pesos las pérdidas de los locales saqueados.
Por otra parte, testimoniando la violencia vivida, en barrios humildes de Rosario se produjeron dos muertes: la de Silvina Barnachea, presuntamente desangrada por un corte con un vidrio, y la de Luciano Carrizo, alcanzado por un disparo que por el momento no se sabe si provino de las fuerzas represivas o de un comerciante. Además llegan a cerca de 500 las personas detenidas en todo el país por las fuerzas represivas.
Respuestas desde la política y los medios
Frente a esta situación, el debate en el terreno político y mediático se mueve principalmente alrededor de dos cuestiones.
En primer lugar sobre quiénes son los organizadores de los saqueos. Lo primero fueron las acusaciones del gobierno nacional hacia Moyano y Micheli, líderes de la CGT y la CTA opositoras, respectivamente. Por supuesto, no tardó en llegar la réplica de los sindicalistas, que llegaron a acusar en conferencia de prensa al gobierno mismo de organizar los saqueos para autovictimizarse. Tampoco faltaron sectores de la oposición que buscaron aprovechar la situación para llevar agua para su propio molino. Intentan igualar la situación social actual con la de 2001, ignorando los importantes cambios ocurridos y en última instancia construyendo un discurso funcional al kirchnerismo, que no encuentra grandes dificultades para argumentar que no estamos en la misma situación de hace diez años.
En segundo lugar, se discute el accionar represivo de las fuerzas de seguridad y posteriormente de la Justicia. La jefa de todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires, procuradora María del Carmen Falbo, declaró en una entrevista con Página/12 que “a primera vista, los delitos son hurto calificado y robo calificado, en ambos casos por ser en banda.” Y a continuación agregó que “el robo calificado tiene un mínimo de seis años de prisión, es un delito muy grave”. Entre paréntesis, no deja de llamar la atención que sea este diario el que publique estas declaraciones, teniendo en cuenta que en sus mismas páginas Falbo fue denunciada varias veces por Horacio Verbistky por su papel en la inhumana política carcelaria de la provincia de Buenos Aires y en el escándalo de corrupción que involucra al juez responsable de la limpieza del Riachuelo.
Las condiciones sociales
Más allá de los posibles organizadores o instigadores de los saqueos, es evidente que no puede darse un fenómeno de la magnitud que ocurrió sin condiciones sociales que lo posibiliten. En este sentido se abre un debate importante con el discurso kirchnerista, que omite cualquier referencia a la continuidad de la pobreza como un dato estructural de nuestro país. A esto hay que agregar el contexto de inflación creciente y el consiguiente deterioro del salario real de los trabajadores, sumado a la insuficiencia de los planes Argentina Trabaja y de las políticas sociales en general. Teniendo en cuenta los altos márgenes de trabajo en negro o precario que sufre nuestro pueblo, es evidente que no sólo las personas desempleadas caen por debajo de la línea de la pobreza, sino también sectores importantes que trabajan todos los días, muchas veces en jornadas extenuantes. Si a esto le sumamos los recientes aumentos de impuestos y el transporte, nos encontramos frente a un marco en el que llegar a fin de mes se hace cuesta arriba para cada vez más argentinos y argentinas.
Por esa razón las soluciones represivas, que enfatizan que para cierta opinión pública el derecho de propiedad es más importante que el derecho a la alimentación, la vivienda o incluso la vida misma, están destinadas a repetir su fracaso y a seguir llenando de pobres las cárceles, mientras se agranda el abismo social, económico y cultural de la desigualdad en la sociedad argentina.
Hace unos meses la presidenta le dijo a Scioli que “muchas veces hay que discutir cuando uno administra en nombre del pueblo; tenés que enfrentarte con intereses, siempre hay que optar, porque en la economía, como lo saben los empresarios, nada es neutro, lo que se le da a uno lo pone otro.” Efectivamente, los saqueos reabren el debate sobre la redistribución de la riqueza, que no es más que hacer que los ricos pongan lo que debe ser entregado a los más pobres. En ese sentido está más planteada que nunca una reforma impositiva que desgrave a los alimentos del IVA, que restaure los aportes patronales disminuidos por Cavallo y que grave a las actividades de los grandes monopolios locales y multinacionales como la renta financiera, la extracción minera, la comercialización de granos, etc. Además, teniendo en cuenta que los grandes supermercados controlan buena parte de la venta de alimentos y productos de primera necesidad, es necesaria una política de control de precios y de distribución directa de los alimentos en los barrios populares, organizada desde el Estado y con participación de los movimientos populares. Asimismo, las asignaciones sociales como la Asignación Universal deben tener un mecanismo de aumento automático, mientras que otros planes como el Argentina Trabaja deben aumentar sus montos y extenderse al conjunto del país.
De algún modo es necesario entender que sin afectar la enorme rentabilidad de los sectores más enriquecidos con el actual modelo económico no es posible terminar con la pobreza y la indigencia estructurales, y por lo tanto con el drama de los saqueos, por más que se encarcele a centenares de personas.
Ulises Bosia.
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