Como en 1989 y 2001, la noticia de un primer saqueo, esta vez en Bariloche, se reprodujo geométricamente en pocas horas. Siguieron Rosario, Campana y San Fernando, pero a 48 horas de que los habitantes de los barrios del Alto barilochense se movilizaran a un supermercado, se multiplicaron episodios similares en prácticamente todo el territorio nacional, desde barrios de la ciudad de Buenos Aires, como Balvanera y Lugano, pasando por Viedma, Cipolletti, Junín, Córdoba, Posadas, Tucumán y Comodoro Rivadavia, hasta Concepción del Uruguay, La Plata, Villa Gobernador Gálvez, Resistencia y, desde luego, todo el conurbano bonaerense.
De inmediato, a la par de la represión, comenzó la búsqueda de "responsables" para ocultar que, si centenares de personas arriesgan su vida y su libertad para cargar un changuito con lo primero que encuentran a mano, lo mínimo que se está expresando es una situación de miseria y desesperación. En la tarea de deslegitimar el reclamo popular, todos los gobernantes reaccionaron con las fórmulas de siempre. "Activistas", "intencionalidad política", "grupos organizados", "los que buscan el caos", "hechos aislados", son algunas de las frases hechas que escuchamos de todo el espectro político, gobernante o no, al tiempo que se repitió el argumento de que "si se llevaron electrodomésticos o zapatillas de marca, no es por hambre". Como si los pobres, en la dinámica de la acción de masas de un saqueo, para ser fieles a su pobreza, debieran elegir la aguja y no el lomo, o sólo tomar de la góndola fideos, arroz y polenta.
El contrapunto más visible fue el del gobierno nacional con una parte de la burocracia sindical. El secretario de Seguridad Berni y el jefe de gabinete Abal Medina acusaron frontalmente a las CGTs de Moyano y Barrionuevo y la CTA de Micheli, mientras éstos, al unísono, replicaron que fue una maniobra del gobierno nacional "para victimizarse".
También desde el kirchnerismo puro, respecto de Bariloche, su senador Miguel Pichetto arremetió contra "anarquistas que vienen de organizaciones de extrema izquierda", con una "postura fuertemente ideologizada" que combina "sectores del indigenismo duro" con "componentes muy parecidos a los que actuaron encapuchados en la Casa de Tucumán", a partir de que "se ha radicado mucha gente del conurbano bonaerense" en los barrios del Alto. Parece que ya estaban ahí hace dos años y medio, cuando en los mismos barrios pauperizados estalló la bronca tras el asesinato policial de Diego Bonefoi.
El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, en sintonía con su jefe Scioli, habló de "un movimiento organizado" para asaltar supermercados, mientras que el intendente de San Fernando, después de descartar que los saqueos se vinculen con necesidades básicas insatisfechas ("Acá, hambre no hay", aseguró), responsabilizó al gobierno nacional y el provincial: "Parecía que la policía provincial y las fuerzas de seguridad nacionales no existían. ... Yo realmente no sé si pensaron Nación y Provincia que la seguridad era un problema del Municipio. La próxima vez voy a trabajar con los bomberos", ironizó, en la misma línea que un buen grupo de intendentes del conurbano.
Originalísimo, el santafesino gobernador del FAP, Bonfatti, además de quejarse porque el gobierno nacional no le mandó los gendarmes que pidió y de repetir "eso no es hambre", encontró un responsable meteorológico: "Los efectos climáticos por las inundaciones se usaron para hechos vandálicos", dijo. Menos originales fueron varias organizaciones "populares" que rápidamente salieron a aclarar que no tenían nada que ver con los saqueos.
En este juego del gran bonete, lo que queda bien claro es que se intenta, por todos los flancos, eliminar del análisis cualquier mención al hambre y la miseria de los que todos ellos, gobiernos nacional, provinciales o municipales, son corresponsables. Por eso, en lugar de "saqueo", hablan de "robos calificados" (imputación que pesa sobre casi todos los detenidos a lo largo del país). Por eso repiten "esto fue organizado", para instalar la idea de que organizarse, para los pobres, es delito. Que los explotados se organicen, así sea efímeramente y con un alto grado de espontaneísmo, causa terror a la clase dominante, y por eso prefieren apelar al absurdo de sostener que tres días de saqueos en más de 70 ciudades del país fueron parte de un complot, cuyos instigadores varían según convenga a cada uno.
Pero con dos muertos confirmados en Rosario, rumores de otros en San Fernando, varios heridos de gravedad, más de medio millar de detenidos en todo el país, y barrios y ciudades enteras ocupadas militarmente por gendarmes y policías, lo único indiscutible es que, frente a las consecuencias de la miseria, la respuesta unívoca del aparato estatal, dirigido por el kirchnerismo, el binnerismo, el PJ no kirchnerista, o quien sea, fue la represión. En eso no se diferencian, y muestran claramente quiénes son los enemigos de los trabajadores y el pueblo.
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