Participación porcentual de los salarios en el ingreso nacional
En su columna del domingo en Página/12, Horacio Verbitsky indica haber descubierto una nueva corporación al acecho, la de la “aristocracia obrera”. Ésta, al concentrar la porción mayoritaria de la masa salarial, sería la verdadera culpable, finalmente descubierta, de las condiciones precarias que aquejan a la mayoría de la clase obrera argentina. Verbitsky retoma así la línea del discurso de Cristina Fernandez en José C. Paz “pleno de definiciones conceptuales”, y arremete él también contra algunos sindicatos que “se pasaron de la raya”.
¿Redistribución de los salarios?
Este maestro de la impostura saca de la galera un nuevo concepto: el de “cúpula salarial”. Esta noción es utilizada para indicar que en el mercado de trabajo formal privado “el tercio de trabajadores de mayores ingresos recibe casi dos tercios de la masa salarial total, en tanto el tercio que menos gana accede apenas al 9,8 por ciento”. Apela al encuestador oficialista Artemio López para señalar que esta brecha responde “a las modalidades dominantes de representación gremial, y debiera ser tenida en cuenta al analizar las causas de la continuidad en el tiempo del patrón de inequidad”.
Verbitsky escribe como si el salario que le corresponde a cada trabajador surgiera de una masa salarial común, y el avance de un sector de la clase trabajadora sólo pudiera lograrse a costa de otro. El salario es efectivamente una relación, pero no con los demás salarios, sino con la ganancia de los empresarios. Ahora que de la Unión Industrial Argentina ha acercado nuevamente posiciones con el gobierno, a esta pluma oficialista se le “olvida” este detalle.
Simplificando un poco, podemos decir que el salario es lo que le queda al trabajador del valor que él genera diariamente durante su jornada laboral, luego de que el empresario se apropia de su tajada de la riqueza producida por los trabajadores, que constituye la ganancia. Es en la relación con este “robo” de trabajo que queda determinada la magnitud de los salarios para los trabajadores de cada empresa y rama económica.
Si queremos hablar de distribución del ingreso, tenemos que empezar por mirar la relación entre la porción de la torta que corresponde a la suma de todos los ingresos de los sectores asalariados en la actualidad y la que corresponde a las ganancias. Esto podemos hacerlo viendo la relación entre la suma de los salarios (masa salarial) y el conjunto de la producción anual, es decir el Producto Interno Bruto (PIB). Haciendo el esfuerzo de creer en las cifras de empleo y salarios del Indec -todo un acto de fe ya que el dibujo que Moreno inició con el índice de precios se extiende a otras áreas- vemos que la suma de los salarios, como porcentaje del PIB, apenas ha recuperado lo que perdió durante la crisis de 2001 y la devaluación posterior. Según estimaciones del Ceped, la participación de los asalariados cayó al 29,3% del PIB en 2003, y para 2009 había subido al 41,2%. Eduardo Basualdo, y el oficialista CENDA (coordinado por el ahora renombrado Axel Kicillof).
Aunque esto podría dar la idea de que nos estamos acercando al fifty fifty, es mejor no anticiparse. Esta participación, luego de una década de fuerte crecimiento del empleo, es menor que la del año 1995 (41,9%), que a la vez había caído en relación al 46,2% de participación en el ingreso del año 1993. El gran logro del “crecimiento con inclusión” de los años kirchneristas para los trabajadores ha sido llegar a una situación similar a la que había después del desguace privatizador que dejó en la calle a cientos de miles de trabajadores. La tendencia decreciente de los salarios en relación a las ganancias iniciada en los ‘70 continúa.
Un pilar del modelo K
Sin sonrojarse, Verbitsky escribe como si el “corporativismo” de la burocracia de Moyano (y por extensión, de los Zanola y Pedraza) no hubiera estado al servicio de las necesidades del kirchnerismo. El fuerte crecimiento tiene su base en todas las conquistas que logró la burguesía durante las sucesivas oleadas de reformas neoliberales, y en el golpe al salario que significó la devaluación (que redujo el costo salarial en dólares a niveles irrisorios). Gracias a la fragmentación y precarización de la clase trabajadora -de la cual la burocracia es guardiana como vino a recordar el asesinato de Mariano Ferreyra a manos de la patota de la Unión Ferroviaria- el kirchnerismo pudo tener una orientación moderadamente reformista hacia la clase obrera, restableciendo la negociación salarial en paritarias. Puede permitirlo porque lo allí pactado beneficia sólo a un sector minoritario de los asalariados. Y porque si durante la década menemista el fantasma del desempleo actuó como disciplinador para imponer la flexibilidad laboral, durante esta década la precarización y la tercerización debilitaron la capacidad de la clase trabajadora para obtener mejoras de salario y condiciones de trabajo. De esta manera, dieron el margen que la burocracia sindical necesitaba para actuar en línea con las necesidades oficiales, que desde 2006 vienen fijando para las paritarias un techo de aumento que suele estar por debajo de la inflación (y en algún gremio apenas por encima de esto).
Por eso, aún después del asesinato de Mariano Ferreyra, Carlos Tomada ha salido a defender enfáticamente la necesidad de la tercerización (además de quedar luego escrachado en sus amistosas conversaciones con Pedraza sobre cómo limitar la influencia de la lista Bordó sobre los tercerizados que pasaron a planta en ferroviarios). Tanto la defiende que en su ministerio hay un 75% de trabajadores; hasta los inspectores que controlan las condiciones de trabajo son mayormente contratados.
La exclusión de los numerosos contratados y tercerizados en las negociaciones salariales dio más margen para hacer concesiones sin afectar los márgenes de ganancia. Por un lado, porque la presión de los que quedan fuera de convenio, al ser un número considerable, actúa como límite a las pretensiones. Segundo, porque el margen empresario para aceptar las mejoras en mayor cuanto menor sea la proporción de la planta directamente beneficiada por las mejoras. La pelea por integrar al conjunto de los trabajadores en las negociaciones ha sido recurrente en todo este período, y en varios casos lo ha conseguido, pero siempre en contra de las conducciones sindicales.
Las diferencias entre sectores de la clase trabajadora, que repentinamente tanto escandalizan a Verbitsky, son consustanciales a la necesidad del kirchnerismo de “contener la puja distributiva”, que no significa otra cosa que preservar un margen de ganancias, altísimo en términos históricos y por encima del promedio de toda la década de los 90. ¿Por qué se puede decir que la precarización juega un rol acá? Porque a diferencia de los ’90, este resultado se está dando con una economía que funciona a máxima capacidad, con un desempleo mucho menor. Lo raro no es que en una economía que creo millones de puestos de trabajo desde 2002 el salario haya tenido alguna recuperación. Lo notorio es que esta estuvo apenas en los niveles de 2001, es decir un año de hecatombe económica.
Justamente por esta limitación a la recomposición salarial, la participación de las ganancias en el producto tiene el piso históricamente más alto de las últimas décadas. Algunos pocos sectores alcanzados por el derrame K, algunos más salvándose de la erosión de los ingresos gracias a las renegociaciones periódicas, y la mitad de los trabajadores ganando menos de $ 2.000, son elementos inseparables de la política oficial. Para sostenerlos ha sido fundamental contar con el carácter corporativo y pro-patronal de la burocracia, enemiga de la unidad de las filas obreras y de cualquier lucha conjunta por un salario digno, y que como mostró Pedraza lucra ella misma con la tercerización. Todo esto, que Verbitsky “descubre” ahora, es algo que los sectores clasistas enfrentaron todos estos años mientras los “progres” oficialistas buscaban sembrar ilusiones con el “derrame” del crecimiento bajo la política económica kirchnerista.
El mínimo no imponible y la defensa de la caja fiscal
En la Argentina la renta financiera está exenta de cualquier impuesto a las ganancias, y un empresario puede, por ejemplo, vender acciones de su empresa por montos astronómicos como 300 millones, poner esa plata en un fideicomiso de inversión, y nunca pagar un sólo peso. Pero esto no impide que Verbitsky defienda como progresivo que los salarios estén gravados con el impuesto a las ganancias, ya que “sólo afecta a los trabajadores de altos ingresos y su tasa se eleva según el nivel de las remuneraciones”. Sin embargo, por no haber ajustado el mínimo no imponible a la par de la inflación, hay cada vez más trabajadores que tienen la obligación de tributar el impuesto. Sin duda se trata de trabajadores con ingresos considerablemente más elevados que el promedio; pero el universo afectado es cada vez mayor, y esto no porque haya aumentado su salario en términos de poder de compra, sino porque reciben un salario mayor en una moneda desvalorizada por la inflación. Como reconoce Verbitsky, “el incremento del mínimo no imponible debería haber llegado al 90 por ciento. Cristina sólo lo aumentó el 20 por ciento”. Esto significa que cada vez son más los trabajadores que por sólo tratar de mantenerse a la par de la inflación son alcanzados por este impuesto. Lejos de darse una situación como la descripta por Verbitsky, de un sector de la clase trabajadora beneficiándose a costa de otro, es la caja del Estado la que mejora gracias a los aumentos salariales nominales que en la mayoría de los caso no alcanzan a seguir el paso de la inflación.
Aunque el planteo de elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias resulta ajeno a la mayoría de la clase trabajadora cuyos ingresos la eximen de dicho tributo, los argumentos de Verbitsky embellecen un sistema tributario regresivo. Es cierto que comprensible que algún impuesto a la ganancia que grabe las remuneraciones cuando se trata de los ingresos que reciben los puestos directivos y generenciales. Aunque estos son remunerados con un salario, este es una participación en la ganancia de las empresas que dirigen. Pero no son estos los trabajadores que bordean el mínimo no imponible. Acá no se trata de otra cosa que de un nuevo gravamen al salario, que aumenta con las mejoras salariales aunque el poder adquisitivo real de los salarios muchas veces siga igual por la inflación.
Si el planteo de Verbitsky tuviera algún espíritu progresivo, al menos se le ocurriría complementarlo con la propuesta de aplicar el impuesto a la renta financiera, o de cortar con numerosas deducciones en el impuesto a las ganancias que benefician a los sectores más ricos. También, podría proponer un aumento de los impuestos a los bienes personales, ridículamente bajos. Y sobre todo, podría proponer reducir el peso de las cargas sociales sobre los trabajadores, restableciendo los montos de aportes patronales que regían en los ’90 y que hoy son ridículamente bajos. En Argentina son los significativamente altos los impuestos al trabajo que afectan a todas los sueldos en blanco, altos o bajos, en la misma proporción. Estos representan una recaudación equivalente al 6% del PIB, y son altamente regresivos. Otra alternativa “progre” podría proponer bajar la alícuota del IVA que afecta con mayor peso a los sectores de menores ingresos. Pero nada de eso hay en las páginas de Verbitsky, que sólo busca dar forma a este nuevo cuco destituyente que amenazaría al gobierno y no discutir seriamente las causas profundas de la desigualdad -inseparable de la precarización y tercerización- ni la regresiva estructura impositiva que el kirchnerismo jamás se propuso modificar.
Esteban Mercatante
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