En menos de una década Río de Janeiro está padeciendo tres grandes eventos que modifican su fisonomía: los Juegos Panamericanos en 2007, la Copa del Mundo en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016. Esa sucesión de megaeventos deportivos en tan poco tiempo es aprovechada por el capital financiero para remodelar una de las ciudades más bellas del mundo, donde obtiene enormes ganancias y provoca daños irreparables a los más pobres.
Este mes el Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas de Río lanzó el cuarto dossier titulado Megaeventos y violaciones de los derechos humanos en Río de Janeiro (se puede bajar de comitepopulario.wordpress.com). A lo largo de 170 páginas analiza las principales consecuencias que están teniendo sobre la ciudad y su población, a la vez que pone al descubierto quiénes se benefician con las millonarias obras que imponen, entre otras, la FIFA y el Comité Olímpico Internacional.
Los megaeventos deportivos marcan el retorno de la forma más violenta de menosprecio de los derechos a la vivienda en la ciudad, puede leerse al comienzo del dossier. Se trata de una limpieza social que consiste en relocalizar a los pobres para abrir oportunidades de negocios a las grandes empresas, en zonas nobles como Barra da Tijuca, Jacarepaguá y el centro histórico, mientras los traslada a zonas lejanas donde deben remprender sus vidas desde la nada. Hasta ahora son casi 5 mil familias desplazadas de 29 comunidades, estando otras 5 mil amenazadas de desalojo.
El Comité de la Copa apoya con estudios y análisis a las comunidades desalojadas, pero sus miembros también ponen el cuerpo para resistir a las excavadoras que derriban viviendas. Las mujeres están a la cabeza de la resistencia, como Inalva Britos, en Vila Autódromo, y Alessandra en el morro da (cerro de la) Providencia. En los barrios populares las mujeres venden comida en el vecindario o hacen artesanías, estrategia de sobrevivencia que no van a poder continuar en los desolados barrios del programa Mi Casa Mi Vida. Resistir es cuestión de vida.
Río es la ciudad más afectada por la especulación inmobiliaria. El precio de las viviendas subió 65 por ciento entre 2011 y 2014, frente a un promedio de 52 por ciento en Brasil. El precio de los alquileres subió 43 por ciento, frente a 26 por ciento en São Paulo. La lista de obras es impresionante: dos estadios (el Olímpico y Maracaná), la Villa Olímpica y el Puerto Maravilla; seis líneas de trenes livianos, ampliación del metro y de las autopistas o vías rápidas urbanas: todo financiado con dineros públicos.
Sólo la remodelación en Río, de Maracaná demandó mil 50 millones de reales (470 millones de dólares). El presupuesto de obras aumentó 65 por ciento desde lo presupuestado en 2010, alcanzando la astronómica cifra de mil 500 millones de dólares sólo para las obras del Mundial y las Olimpiadas. Las principales beneficiarias son las grandes constructoras: Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa y Andrade Gutierrez. Casualmente, las que mayores aportes hacen a los partidos políticos en las campañas electorales.
Maracaná ha sido remodelada completamente por Odebrecht, que conserva además la apetecida gestión del recinto. Comparte con Andrade Gutierrez la construcción y gestión de la Villa Olímpica, con OAS la gestión del estado Olímpico, y así hasta 20 grandes obras en Río de Janeiro, cientos en las 12 ciudades sedes del Mundial, incluyendo nuevos aeropuertos y hoteles. Sólo la nueva Terminal 3 del aeropuerto de Guarulhos (São Paulo) tuvo hasta ahora un costo de mil 500 millones de dólares.
Nada de esto se puede hacer sin represión. La ocupación por el ejército del Complexo da Maré (130 mil habitantes en 16 favelas), hasta que termine el Mundial, es apenas la acción más conocida por la población. Esta semana el gobierno del estado de Río informó de la incorporación de ocho nuevos blindados para el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), que serán utilizados en los operativos de “pacificación de las favelas” (O Globo, 24/06/14).
En los cuatro meses previos al Mundial, la Secretaría de Estado de Río informó de 4 mil 250 internaciones forzosas de personas en situación de calle, quienes son trasladadas a un albergue a 70 kilómetros del centro de la ciudad, donde, según el dossier de los Comités de la Copa, son alojados en condiciones precarias y sufren prácticas de tortura.
Río de Janeiro se está convirtiendo en una ciudad cada vez más cara y desigual, señala el dossier del Comité de la Copa. Una ciudad fracturada, conflictiva, como sucedió en el reciente carnaval, cuando más de 70 por ciento de los 14 mil recolectores de basura entraron en huelga. Luego de ocho días de duro conflicto y descalificaciones, una de las categorías peor pagadas obtuvo un aumento de 37 por ciento en su salario base, que aun así es de apenas 500 dólares. Pese a las presiones, aún se mantiene el enorme campamento de 4 mil personas organizado por el MTST (Movimiento de Trabajadores Sin Techo) a tres kilómetros del estadio Itaquerão.
Cuando se lleva disputada la mitad del Mundial, las manifestaciones han descendido y la cantidad de personas movilizadas es menor que en las semanas previas. Aun así, las protestas están lejos de desaparecer. Nadie olvida el éxito de las jornadas de junio de 2013, que consiguieron frenar los aumentos del boleto de transporte urbano, pero que en realidad cuestionaban el modelo de ciudad que va imponiendo el capital con apoyo de una amplia coalición de partidos.
Un reciente comunicado del MTST, que mantiene un campamento de 400 personas frente a la cámara municipal en demanda de vivienda popular, asegura que su lucha no comenzó con el Mundial ni se terminará cuando finalice. Reafirmamos que el gran legado del Mundial fue la especulación inmobiliaria y la exclusión urbana.
Después de julio, cuando el balón deje de rodar y se apaguen los fuegos de artificio mediáticos, los brasileños volverán a su vida cotidiana, pagando precios abusivos por un transporte pésimo. La resistencia al extractivismo urbano recién comienza.
Raúl Zibechi
La Jornada
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