La Monarquía bananera de Felipe VI

Cuando una monarquía bananera pisotea, humilla y escarnece los derechos y las libertades de los ciudadanos, no es posible callar, sin cometer un acto de cobardía, servilismo o deshonestidad. La bochornosa coronación de Felipe VI me ha recordado la fastuosa ceremonia de Bokassa...

Prometí no volver a escribir sobre política, pero cuando una monarquía bananera pisotea, humilla y escarnece los derechos y las libertades de los ciudadanos, no es posible callar, sin cometer un acto de cobardía, servilismo o deshonestidad. La bochornosa coronación de Felipe VI me ha recordado la fastuosa ceremonia de Bokassa, el dictador que se proclamó emperador del inexistente Imperio Centroafricano. Se dijo que Bokassa comía carne humana, pero nunca se pudo demostrar. No creo que Felipe VI practique el canibalismo, pero al igual que su colega africano ha accedido al poder sin un ápice de legitimidad democrática. La monarquía española es una imposición de la dictadura franquista y Felipe VI ha iniciado su reinado con una oleada represiva. Los esbirros de la UIP se han comportado una vez más con el sadismo de los Tonton Macoute, la organización paramilitar que sembró el terror en Haití durante el despótico gobierno de la familia Duvalier. Durante la ceremonia, siete personas han sido detenidas con un despliegue de brutalidad gratuita. En el colmo del cinismo, los agentes que han aporreado y ultrajado a los ciudadanos, presentarán cargos por “atentado contra la autoridad”. Saben que gozan de impunidad, gracias a la complicidad de políticos y jueces, enredados en la misma trama de corrupción y violencia. La belicosa Cristina Cifuentes, Delegada del Gobierno, y el piadoso Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior, han institucionalizado la represión, persiguiendo con fervor inquisitorial a “perro-flautas” y “rojo-separatistas”. Sería injusto atribuirles toda la responsabilidad de este clima de abusos e ignominias. Otegi afirmó en 2003 que el rey Juan Carlos I era “el jefe de los torturadores”, pues no en vano ocupaba la jefatura del Estado y las Fuerzas Armadas. Condenado por el Tribunal Supremo a un año de prisión por “injurias a la Corona”, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendió que se había vulnerado la libertad de expresión de Otegi y condenó al Estado español a pagar una multa de 20.000 euros en concepto de daños morales. Pienso que se puede aplicar el mismo razonamiento con Felipe VI, pues como jefe de Estado es el máximo responsable de sus instituciones y el responsable último de la represión. No se le puede eximir de culpa, pues a fin de cuentas los matones de la UIP han puesto todo su empeño en defender sus intereses dinásticos. En una verdadera democracia, no es un delito agitar una bandera republicana o pedir que se acceda a la jefatura del Estado por medio de los votos y no por derecho de sangre.
Al igual que Felipe VI, Ana Botella no ha sido elegida por los ciudadanos, pero ocupa la alcaldía de Madrid. Tal vez eso explica su decisión de condecorar a diez de los antidisturbios heridos en las Marchas de la Dignidad del 22 de Mayo. Desconozco el alcance de sus lesiones, pero en ningún caso revisten la gravedad de los dos jóvenes manifestantes que perdieron un testículo y la visión de un ojo a consecuencia de las pelotas de goma. Ana Botella no homenajeará a estos jóvenes, pues quizás considera que se llevaron su merecido. En la misma línea represiva, Cristina Cifuentes seguirá ordenando a los sicarios de la UIP que actúen con la máxima dureza y José Fernández Díaz acudirá a la Comisaría de Moratalaz –conocida como el Guantánamo de Madrid- a felicitar a los que mutilan y torturan a los ciudadanos. Los detenidos el 22-M pasaron 35 horas sin poder utilizar un baño o beber agua. Además, sufrieron golpes, amenazas y vejaciones. Cristina Cifuentes respondió a las críticas, enviando a prisión a dos jóvenes: Isma y Miguel, que han pasado cerca de tres meses entre rejas, sin pruebas realmente incriminatorias. No son las únicas víctimas de un sistema que ha criminalizado las protestas sociales. En Granada, Carmen –un ama de casa en paro y sin ninguna clase de prestación o subsidio- y Carlos –un joven estudiante de medicina- han tramitado una petición de indulto tras ser condenados a tres años y un día de prisión por participar en un piquete informativo durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. En la misma situación se encuentran Tamara y Ana, condenadas a tres años y un día por participar en 2010 en la huelga del complejo deportivo Rías do Sur de Pontemuíños (Pontevedra). Si no son indultadas, Tamara, que espera un niño, dará a luz en un centro penitenciario. Al mismo tiempo, Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, ha indultado a un guardia civil que grabó entre carcajadas una agresión sexual contra una mujer. El agresor, que era amigo del agente de la Benemérita, golpeó a un hombre cuando intentó defender a la víctima, provocándole lesiones que necesitaron quince días de recuperación. El guardia civil indultado es hijo de un concejal del PP, lo cual indica que los privilegios de casta no son un rumor, sino un hecho tristemente cotidiano.
El reinado de Felipe VI nace bajo el signo de la represión policial, la corrupción institucional –que ha salpicado a su propia familia- y una grave crisis económica que ha servido de pretexto para liquidar los derechos laborales, sociales y políticos de una ciudadanía maltratada por el paro, la emigración forzosa y los desahucios. Somos muchos los que desearíamos ver al Borbón ganándose el pan con el sudor de su frente. Dada su estatura y su bajo perfil intelectual, podría ser un buen antidisturbios. En cuanto a Leticia Ortiz, inverosímil reina de un país que nunca dejó atrás su Leyenda Negra, podría ser una genial y convincente Lady Macbeth. Desgraciadamente, no sucederá nada semejante. Nos encontramos en una situación histórica que propicia la reaparición del totalitarismo, una ideología que resuelve los problemas del Estado, eliminando a los ciudadanos molestos e improductivos. En España, el IBEX-35, verdadero gobierno en la sombra, ha expresado su filosofía mediante Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios: hay trabajadores que “no sirven para nada” y pagarles una prestación por desempleo solo fomenta “el parasitismo”. Las palabras de Mónica Oriol están impregnadas de darwinismo social. Es innegable que brotan del mismo fondo insolidario y depredador que inspiró al canciller Adolf Hitler, según el cual “la Naturaleza solo concede el supremo derecho a la existencia al que se sobrepone por su esfuerzo y carácter”. Jorge Vestrynge y Arturo Pérez-Reverte han manifestado que la historia de España sería diferente si algún rey hubiera perdido la cabeza en la guillotina. Ambos le han robado la idea a Ramón María del Valle-Inclán que en Luces de bohemia (1924) pidió “una guillotina eléctrica en la Puerta del Sol”. En el caso de Felipe VI, yo me conformaría con que hiciera las maletas y pasara a la historia como el último Borbón. Hasta entonces, España será una monarquía bananera, con leyes de excepción, represión policial y una telaraña de corrupción que extiende sus hilos por empresas, partidos, sindicatos, medios de comunicación e instituciones. Para colmo de desgracias, ni siquiera tenemos a un José Bergamín, con el coraje y el ingenio necesarios para denunciar sin miedo este tiempo de infamias.

Rafael Narbona