Un genocidio que no cesa
En la paradisiaca isla de Sri Lanka conviven diferentes naciones. La mayoritaria, la cingalesa, que corresponde al 75% de la población, ejerce un férreo control de todas y cada una de las estructuras del estado. Las minorías y en especial la mayor de ellas, la tamil, sufre una opresión que lejos de mejorar se perpetua sin esperanza a corto o medio plazo.
Tras un largo conflicto armado de varias décadas entre el pueblo tamil y el estado de Sri Lanka, en 2009 las fuerzas armadas de Sri Lanka bajo la presidencia de Mahinda Rajapaksa arrasaron a la población tamil dejando un rastro de sangre, destrucción y sufrimiento, que aun persiste.
En enero de 2015 se produjo un cambio en el gobierno de la isla. Maithripala Sirisena, un político más cercano a los Estados Unidos y el Reino Unido, salió elegido. Con la esperanza de democratizar la isla y hacer justicia con las víctimas, una parte importante de la población tanto cingalesa como tamil y de otras minorías apoyaron de manera táctica al gobierno entrante. Es cierto que se han tomado algunas medidas de cara a democratizar la isla, pero para las minorías han sido puramente testimoniales. En la región tamil se masca el miedo: las pequeñas muestras de resistencia, como reivindicar a las víctimas haciendo vigilias son duramente reprimidas; existe una política de destrucción de todo vestigio cultural tamil; se favorecen políticas de colonización facilitando el asentamiento de población cingalesa del centro y sur de la isla; el ejército es omnipresente; se ha despojado a las familias tamiles de tierras y viviendas, que en muchas ocasiones han pasado a ser propiedad del ejército; cualquier disidencia política es reprimida y detenida. La sola mención del nombre con el que el pueblo tamil conoce su territorio, Tamil Eelam, está proscrita.
Lejos de confiar en el futuro, la población tamil está sumida en la desesperanza. En una visita realizada hace un año, en contactos casi clandestinos debido al miedo a ser reprimidos, personas implicadas en la lucha por los Derechos Humanos aparecían apesadumbradas tras años de silencio y terror.
La presencia militar se hace asfixiante. Las tropas del ejército de Sri Lanka, compuestas básicamente por cingaleses, se perciben como un ejército de ocupación. No es de extrañar, existiendo una de las mayores proporciones de militares por habitante de todo el mundo. Es prácticamente imposible mirar a cualquier lado sin toparse con uniformados. Junto a los cuarteles se edifican estupas budistas, la religión oficial del estado y mayoritaria entre la población cingalesa. Muchas veces se construyen monumentos religiosos budistas sobre lugares sagrados hindúes, la religión mayoritaria del pueblo tamil. Existe una clara política de sustitución de la población, de la cultura y de la religión tamiles por las de la mayoría cingalesa.
Tras el cambio de gobierno parecía que el estado de Sri Lanka iba a emprender un camino hacia la democracia y que iba a ser posible un proceso para sacar a relucir la verdad sobre las masacres y resarcir a las víctimas. Sin embargo no ha sido así. De todos modos, no debe extrañar. El nuevo presidente, Sirisena, viene de la cartera de defensa del gobierno anterior de Rajapaksa. Generales implicados en las mayores atrocidades son recompensados con puestos diplomáticos o con promoción dentro del estamento militar. Jueces que avalaron con su comportamiento los crímenes del ejército son ascendidos y pasan a ocupar cargos de mayor responsabilidad,... En estas condiciones es imposible que la verdad aflore y se haga justicia
Desde autoridades administrativas, judiciales, culturales y sociales de las provincias del norte y este de la isla se ha pedido en numerosas ocasiones una monitorización internacional que garantice los derechos de las víctimas. Hay numerosos ejemplos que desde sus cargos han hecho estas declaraciones. La máxima autoridad del Consejo Provincial del Norte, el Sr. Wigneswaran llamó a realizar un proceso internacional acerca del genocidio sobre el pueblo tamil. La única posibilidad real de que aflore la verdad y se comience a hacer justicia es mediante alguna institución judicial de carácter internacional.
El profesor Boyle, experto en Derecho Internacional y profesor de la Universidad de Illinois, comenta que un proceso de reconciliación no es posible en el contexto de un genocidio. Por lo tanto en el contexto actual resulta imposible que dentro de la isla se inicie un proceso para sacar a relucir los tristes y crueles episodios vividos por el pueblo tamil a manos de las fuerzas armadas de Sri Lanka.
Desde la opinión pública internacional, desde los organismos de derechos humanos, desde las instancias diplomáticas y los organismos internacionales, es imprescindible insistir en la necesidad de un proceso legal de carácter internacional que garantice voz a las víctimas y permita albergar la esperanza de lograr algo de justicia y sentar las bases para que algo así no pueda volver a repetirse.
Para más información:
www.tamilnet.com
www.jdslanka.org
www.ptsrilanka.org
Gontzal Martinez de la Hidalga. Miembro de Komite Internazionalistak del País Vasco y colaborador con el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el genocidio tamil en Sri Lanka
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