Han pasado treinta y nueve años desde aquel terrible día, en el que el terrorismo fascista asesinó a cinco personas en Madrid: Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez y sus compañeros malheridos, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Dolores González y Miguel Sarabia. La provocación y el odio de los asesinos contra la democracia que empezaba a florecer, cercenaron la vida de unos abogados laboralistas del sindicato CCOO y militantes del PCE comprometidos con la justicia social.
Fue la noche fría del 24 de enero de 1977, en Madrid, calle de Atocha número 55. La dictadura franquista seguía viva y no iba a consentir que la democracia se estableciera. Hubo muchas más intentonas para impedirlo, pero mal que bien, salimos adelante. Cuando decimos que no hay democracia en España —y mucho hay que seguir haciendo para mantenerla tras el deterioro de los últimos años—, no recordamos la oscuridad de la dictadura, que se mantuvo cuarenta años a sangre y opresión. Lo ocurrido fue una operación diseñada desde los despachos del régimen, representantes de lo más granado de la ultraderecha, para sembrar el terror entre los luchadores contra el franquismo y por las libertades.
Franco había muerto en 1975 y las nuevas autoridades, tímidamente, parecía que querían poner fin a la dictadura de forma controlada. Se incrementan las movilizaciones y la voz del pueblo empieza a escucharse por las calles. Recuerdo el abucheo que le dimos al general chileno Augusto Pinochet, delante de la iglesia de los Jerónimos, cuando entraba en la misa de coronación de Juan Carlos de Borbón, que asumía el poder totalitario integro. Dentro, el cardenal Enrique y Tarancón, derribaba algún muro: «Que sea el vuestro un reino de justicia en el que quepan todos sin discriminaciones, sin favoritismos, sometidos todos al imperio de la ley y puesta siempre la ley al servicio de la comunidad… en una auténtica paz libre y justa, ancha y fecunda, una paz en la que todos puedan crecer, progresar y realizarse como seres humanos». Palabras que no gustaron a los jerarcas franquistas. «Tarancón al paredón», gritaban, mostrando el odio y las intenciones, que hoy todavía algunos tienen. Losantos ha llegado a decir: «Veo a Errejón, Bescansa, Maestre y si llevo escopeta les disparo» y no son bravatas, sino amenazas.
Dimitido Arias Navarro, es sustituido por Adolfo Suárez en la presidencia del Gobierno, quien entiende que la solución a la situación que vive el país —exteriormente aislada de Europa y de los países democráticos— pasa por la «apertura», sin saber bien la dimensión de la idea. Se convoca un referéndum para el 15 de diciembre de 1976 con la pregunta: «¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?», el 77,8% del pueblo censado acudió a votar y el 94,17% de los votantes dijo Sí. Con este resultado aplastante, se promulgó la Ley para la reforma política de 4 de enero de 1977. «La democracia, en el Estado español se basa en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo», dictaba el artículo 1. También se establecía que la potestad de elaborar y aprobar las leyes residía en las Cortes.
Mostrada la voluntad a favor de la democracia, dio comienzo la campaña organizada de terror, de desestabilización, de caos y desorden por parte de la ultraderecha, para provocar una intervención militar y un golpe de Estado, como así ocurrió el 23F de 1981 y algún que otro intento hubo más. Cuarenta días después de la celebración del referéndum, los fascistas perpetraron la matanza de Atocha.
Unos días antes, habían asesinado al estudiante Arturo Ruiz, en el transcurso de una manifestación, convocada a favor de amnistía para los presos políticos que seguían en la cárcel. También es asesinada por la policía Mariluz Nájera, por un bote de humo lanzado a corta distancia que le impactó en la frente. Por la mañana del día 24, conocíamos el secuestro del Teniente general Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, por los GRAPO. En aquella fecha, también llevaba secuestrado hacía dos meses, José María de Oriol, Presidente del Consejo de Estado. Ambos fueron liberados el 11 de febrero de 1977. Toda una escalada de tensión provocada, hasta llegar a la noche sangrienta del lunes 24 de enero.
El día 25, «cuando se volvió a los tajos, no hizo falta decir que se iban a producir paros». Los cargos sindicales convocaron asambleas permanentes, que se desarrollaron sin provocaciones y sin alteraciones del orden. Al día siguiente cientos de miles de personas despedíamos a los abogados de Atocha asesinados, solidarizándonos con sus familias y compañeros, clamando justicia. Desde la plaza de las Salesas, participé en la manifestación del silencio profundo que hoy todavía me estremece. Ni gritos ni lamentos en voz alta, ni voces de apoyo al partido ni al sindicato ni ninguna otra consigna. Fue una manifestación serena y de rabia contenida hasta el cementerio Civil, tomado por la Policía Armada, armada hasta los dientes. ¡Qué ganas nos tenían!
El Tribunal dictó sentencia el 5 de marzo de 1980, considerando que los procesados Francisco Albadalejo (secretario del Sindicato Vertical del Transporte Privado de Madrid y vinculado a FE de las JONS), José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Leocadio Jiménez constituían un «grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria», disconformes con el cambio institucional que se estaba operando en España. Se condenó a Fernández Cerrá y García Juliá a un total de 193 años a cada uno de ellos, y a Francisco Albadalejo, a un total de 73 años. No se pudo llegar más arriba por mucho que lo intentó la acusación particular, «porque la instrucción del sumario fue una chapuza y porque eran momentos complicados» recuerda Raúl Cordero (Fundación Abogado de Atocha). Aún así fue un juicio que se hizo al franquismo y el primero en el que se condenó a franquistas, que lo fueron por delito de asesinato y no terrorismo.
Escribía Santiago Carrillo en Mundo Obrero: «Los atentados de que han sido víctimas Arturo Ruiz, María Luz Nájera, los abogados laboralistas miembros del PCE y policías armados y guardias civiles, forman parte, todos ellos, de un plan encaminado a desestabilizar el curso pacífico de la dictadura a la democracia».
La respuesta de la ciudadanía madrileña el 26 de enero, es una de las raíces de la democracia, dice Alejandro Ruiz-Huerta, víctima del atentado. Responder con silencio, sin provocaciones, sin devolver violencia por violencia, con paz, libertad, democracia y serenidad «fue la clave de que a partir de ahí pudiéramos construir entre todos la democracia». Por la democracia seguimos. También por la justicia social, la igualdad, la solidaridad y las libertades.
Víctor Arrogante
En Twitter @caval100
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