¿Qué se esconde detrás de las internas entre Cambiemos y el Poder Judicial? El gobierno y su demagogia republicana. ¿Cómo acabar con la casta de jueces millonarios?
A Mauricio Macri le hubiera gustado tener de su lado a un juez como Sergio Moro. O a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Brasil. El sueño de un Poder Judicial completamente adicto e impune. Pero la suerte no está tan de su lado.
En las últimas semanas, hubo enojo oficial por fallos del Tribunal Federal que excarceló a Cristóbal López y la acordada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que rechazó la habilitación del Tribunal Oral Federal 9 (TOF9) que iba a tener en sus manos dos causas contra Cristina Kirchner: el supuesto encubrimiento en la voladura de la AMIA y el destino de fondos para la obra pública en Santa Cruz. Antes, también había molestado la excarcelación de Amado Boudou, por parte de la Sala I de la Cámara Federal, que había sido detenido por orden del juez Ariel Lijo acusado de peculado y malversación de fondos.
A su vez, también existieron “apretadas” de Macri y su ministro de Justicia, Germán Garavano contra Comodoro Py, donde habitan los jueces que tienen las principales causas contra importantes ex dirigentes kirchneristas.
En este marco, el fin de semana pasado, trascendió que el Gobierno nacional, con su demagogia republicana, impulsa una reforma que acordó con Ricardo Lorenzetti, el presidente de la CSJ, para “acelerar las causas y transparentar al Poder Judicial”.
Aunque no se conoce en detalle el plan de reforma, una cosa es segura. No hay reforma posible a favor de las mayorías populares sin tocar el fondo de los enormes privilegios que convierten a los miembros del Poder Judicial en una verdadera casta política y los ubica a años luz del común de la población.
Hablamos de órganos judiciales como la CSJ, integrada por 5 jueces, que es una de las instituciones más antidemocráticas de la República. Con con mandatos vitalicios, tienen la potestad de emitir fallos que afectan la vida de millones de personas.
A mediados de este mes, la CSJ anuló la personería gremial del sindicato de los trabajadores del subte en una clara muestra de al servicio de quién emite sus fallos. En la sede de la burocrática UTA y en el Ministerio del Trabajo (en negro), hubo festejos.
Al mismo tiempo se conoció que el índice de credibilidad en el Poder Judicial bajó pronunciadamente en lo que va del mandato de Macri. Según un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) en 2015 era de 19,7%, y a fines de 2017 de 11,7%.
Se entiende que así sea. La población ve cómo la llamada Justicia deja impunes a los ricos y poderosos, mientras condena sin demora alguna a quienes no gozan de ese poder económico.
¿De qué privilegios hablamos?
A los integrantes del Poder Judicial jamás la población los vota. La designación es un poder del presidente, con el acuerdo de la Cámara de Senadores, previa selección que confecciona el Consejo de la Magistratura. Ese Consejo (que tampoco está compuesto por voto popular), es el que se encarga de controlar a los jueces, imponer sanciones y llevar adelante su destitución.
Su mandato es vitalicio. Los jueces de CSJ y de los tribunales inferiores de la Nación “conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta”, así lo establece la Constitución Argentina. En muchos casos, la buena conducta “te la debo”. Pero allí siguen, porque la Constitución, ese cuerpo legal cuya última reforma fue producto de un acuerdo entre peronistas y radicales en 1994 (quienes le concedieron la posibilidad de reelección a Carlos Menem), así lo dictamina.
Un juez de la Corte Suprema puede llegar a cobrar $340 mil al mes (bruto). O sea, en todo un año más de $ 4 millones. Son los funcionarios públicos mejor pagos del país. Un ex juez de la Corte Suprema, cobra una jubilación de $377 mil. Actualmente el Estado gasta solamente por 13 ex jueces, más de $3 millones de pesos por mes. Sólo 13 ex jueces cobran lo mismo que más de 400 jubilados que perciben el haber mínimo.
Sus salarios son intangibles, es decir que no pueden ser reducidos. Así también lo establece la Constitución Nacional. Amparados en esta figura, fue la misma CSJ la que estableció en 1996 la exención del pago del impuesto a las ganancias. Hoy sólo pagan este impuesto los nombrados a partir de 1° enero del 2017.
¿Puede haber independencia con semejantes privilegios y teniendo los niveles de autonomía que mantienen -y defienden- aunque los vientos políticos cambien?
Un ex juez y un actual juez son el símbolo máximo de los denominados "jueces adictos" a los gobiernos de turno. Norberto Oyarbide y Claudio Bonadio. Fueron dos de los famosos "jueces de la servilleta" de Menem. Oyarbide llegó a acumular 63 causas en su contra, mientras que Bonadio 51 por mal desempeño, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Ambos emitieron fallos muy favorables a los intereses de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y a su vez, lograron un nivel de vida muy ascendente durante ese tiempo. Sin dudas, son claros exponentes de la utilidad recíproca de jueces y gobiernos de turnos.
¿Qué se esconde detrás del accionar judicial? ¿Cuál es el rol del Poder Judicial en el capitalismo?
Por más que el gran empresariado, y sus partidos, quieran mostrar un Estado como mediador entre el capital y el trabajo, no es más que el órgano del que se vale esa minoría que son los capitalistas, para sostener la dominación de la gran mayoría, la población asalariada.
El Poder judicial es parte de esa maquinaria, junto al Legislativo y Ejecutivo, para mantener el mecanismo de esa dominación social, protegiendo y legitimando la propiedad privada: base del Estado burgués.
Karl Marx hablaba de la imposibilidad de conceptos como “justicia” e “igualdad ante la ley” en un sistema donde las relaciones sociales se basan en la opresión y dominación de una minoría sobre la mayoría.
El sistema esconde esta “desigualdad objetiva” bajo una aparente “igualdad jurídica”, queriendo hacer creer que más allá del sector social al que pertenezcamos somos todos iguales ante la ley.
Igualdad que en términos reales no existe. ¿Sino entonces cómo se explica que las cárceles de nuestro país están superpobladas de presos, en su gran mayoría sin condena firme (más del 50% no la tiene, mientras casi el 71% de la población carcelaria cometió un delito por primera vez), provenientes de los sectores más empobrecidos de la población?.
Mientras, que los presos “vip”, gozan de privilegios por su origen social, fortuna personal, o por el rol que juegan o han jugado para el régimen político, como es el caso de la decisión oficial de querer otorgarle la prisión domiciliaria a militares genocidas.
El mito de la “igualdad ante la ley” va de la mano de “la independencia de los Poderes”. Marx también se refirió a este punto. A propósito de la experiencia histórica de la Comuna de París, de 1871, decía que: “Los funcionarios judiciales debían perder aquella fingida independencia que sólo había servido para disfrazar su abyecta sumisión a los sucesivos gobiernos, ante los cuales iban prestando y violando, sucesivamente, el juramento de fidelidad. Igual que los demás funcionarios públicos, los magistrados y los jueces habían de ser funcionarios electivos, responsables y revocables.”
Las palabras del gran revolucionario alemán parecen escritas hoy.
¿Cómo acabar con esta casta de jueces millonarios y vitalicios, alejados de los intereses populares?
No hay manera de reformar el Poder Judicial sino es acabando con sus privilegios y liquidando su poder en tanto casta.
La primer medida elemental es separar a todos los miembros del Poder Judicial que estuvieron vinculados con la dictadura cívico militar y que todavía ejercen como jueces. Actualmente el sistema jurídico de nuestro país se rige por innumerables leyes creadas durante las distintas dictaduras militares, sobre todo la última. Ni hablar de las llamadas contravenciones, herederas directas de los edictos policiales.
Hace años ya Madres de Plaza de Mayo realizó una denuncia acerca de centenares de jueces que luego de la reapertura constitucional, continuaban ejerciendo. No hay cifras fidedignas al respecto, debido a que todos los gobiernos del `83 para acá sostuvieron ese andamiaje. Más allá de las pocas decenas de ex jueces que fueron condenados por complicidad directa con el último golpe cívico-militar.
En segundo lugar, la elección de los jueces y fiscales debe hacerse de manera directa por voto popular. Para acabar con los “favores” entre jueces y funcionarios políticos. Junto con esto es necesario que también los mandatos sean revocables por voto popular.
Hoy, los jueces sólo pueden ser removidos por el Consejo de la Magistratura, que pertenece al Poder Judicial y lo integran tres jueces, tres diputados y tres senadores (dos por la mayoría y uno por la minoría de cada cámara), dos representantes de los abogados, uno del Poder Ejecutivo, y un representante del ámbito académico.
El gobierno de turno tiene la mitad de sus miembros (solo contando entre legisladores y su propio representante) lo que habla del peso enorme del Ejecutivo en ese órgano.
Los juicios que no tengan que ver exclusivamente con delitos particulares, tienen que ser transmitidos por los medios de comunicación, ¿por qué la población no puede enterarse de los asuntos que atañen a los intereses sociales y de la Nación? Establecer juicios por jurados (también electos por voto popular), podría permitir contrarrestar la arbitrariedad actual de los fallos.
Se trata de una forma de sacar la decisión de manos de una casta privilegiada.
Al igual que el resto de los funcionarios públicos, los jueces deberían ganar el salario de una docente con 20 años de antigüedad. Y que sus jubilaciones no sean de privilegio. Y no deberían tener exenciones impositivas.
Estas medidas, planteadas constantemente por los diputados y diputadas del PTS/FIT, se basan en experiencias históricas como La Comuna de París (1871), el primer intento de un Estado Obrero, y la Revolución Rusa, que avanzó en tomar medidas más democráticas que la más democrática de las repúblicas burguesas, como la elección directa de los jueces locales y la posibilidad de que “ciudadanos de a pie” puedan convertirse en acusadores o defensores.
Son pasos elementales para acabar con los privilegios de la corporación judicial, alejada completamente de la vida y padecimientos del pueblo trabajador.
No será fácil imponerlas. Y no dependerá de la labor de las diputadas y diputados de izquierda en el recinto. Ellos serán el punto de apoyo de un poderoso movimiento democrático que en las calles pelee, junto con los trabajadores organizados, por liquidar esos privilegios que son utilizados para beneficio personal y convalidar el orden social existente.
Mirta Pacheco
Celeste Vazquez
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