Movilizaciones populares y crisis política
El gobierno de Malta, el país más pequeño de Europa, convertido en un paraíso fiscal para las grandes empresas y fortunas privadas de todo el viejo continente, ha saltado por los aires en medio de importantes movilizaciones populares que reclaman justicia por la periodista y bloguera Daphne Caruana Galizia -reconocida por sus denuncias de corrupción oficial y empresarial- asesinada en octubre de 2017 mediante la explosión de una poderosa y sofisticada bomba, colocada en un automóvil que ella había alquilado.
En los últimos días, en la pequeña isla, “miles de personas salieron a la calle en La Valeta (su capital) para pedir al primer ministro Muscat que se vaya de inmediato, con fotos de Daphne Caruana y carteles de “¡mafia!” y gritos de “justicia” o “asesinos” (El País, 2/11).
La crisis ha provocado la renuncia de dos ministros y del jefe de Gabinete -sospechados de estar entre los autores intelectuales del asesinato, junto con uno de los más adinerados empresarios del país- y ha arrastrado hasta al propio primer ministro, Joseph Muscat, a quien se lo incrimina como encubridor y que también acaba de dimitir, lo que supone la caída del gobierno.
El Ejecutivo, según denuncian los hijos de la periodista asesinada, pasó dos años impidiendo el avance de la investigación.
Antes de ser asesinada, Caruana Galizia había publicado notas sobre la corrupción que alcanzaban al primer ministro, su esposa, al entonces titular de la cartera de Energía y al jefe de Gabinete, quienes eran denunciados por tener cuentas en paraísos fiscales. Por las repercusiones de esas denuncias y el temor de que afectara su reelección, Muscat decidió entonces adelantar un año las elecciones.
En ese momento, ella también había realizado la denuncia de que había recibido amenazas de muerte, pero las autoridades no tomaron ninguna medida para preservar su vida.
Ahora, el gobierno se vio jaqueado por las movilizaciones populares y una cadena de denuncias de periodistas de distintos países integrantes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) -que fue el que dio a conocer el entramado de corrupción de los Panamá Papers- los que prosiguieron con las investigaciones que iniciara la periodista asesinada, quien también formaba parte de esa entidad.
Al fuego cruzado, se le sumó el Parlamento Europeo, pero también una operación en la cual parecen estar detrás las manos de los servicios de inteligencia -al igual que sucediera en su momento con el atentado a Caruana Galizia- que habrían actuado para acelerar la salida del jaqueado gobierno de Muscat.
Esto porque la crisis final se inició con la detención, hace 20 días, de un taxista maltés por un tema totalmente ajeno al asesinato, quien declaró, motus propio, que había participado en la conexión de los autores materiales y únicos detenidos, con el empresario Yorgen Fenech.
Éste fue detenido la semana pasada cuando trataba de huir en su yate y, en un intento por salvar el pellejo, acusó en la causa del asesinato al jefe de Gabinete, Keith Schembri, su socio en un fondo de inversión secreto asentado en Dubai y quien es un íntimo amigo del primer ministro. “También ofreció datos sobre los nexos de otros miembros del Ejecutivo en el crimen” y “sobre casos de corrupción que les afectarían” (El País, 2/11).
Fenech, que pasó a ser acusado como principal instigador del crimen, tiene, entre muchos otros activos, numerosas propiedades, casinos, hoteles y la concesión para explotar Electrogas, la única central eléctrica y de gas de la isla.
Esta compañía había sido mencionada en los "Papeles de Panamá" como el vehículo para depositar fondos en empresas secretas asentadas en ese país, propiedad del jefe de Gabinete y del ministro de Turismo, Konrad Mizzi (antes ministro de Energía y quien entregó en ese entonces Electrogas a Fenech), el otro miembro del gabinete sospechado de estar involucrado en el asesinato de la periodista.
Con las movilizaciones en la calle, la catarata de denuncias y la aparente quita de apoyo por parte de un sector del establishment de la isla, la crisis se aceleró y el gobierno comenzó a derrumbarse.
El gobierno del laborista Joseph Muscat, que también tiene en su haber el haber mantenido a Malta en el selecto grupo de cinco países de todo el mundo donde está prohibo el aborto en todas sus formas, comenzó a ser un dolor de cabeza para los capitalistas europeos que utilizan a la isla como refugio de su dinero negro y requieren para ello de una gran estabilidad económica y política.
Con el avance de la crisis mundial y la descomposición de los mecanismos de acumulación capitalista, la burguesía orienta una franja creciente de sus beneficios ociosos hacia negocios e inversiones en la economía negra, a desarrollar burbujas especulativas o hacia actividades ilegales.
Esta descomposición lleva al límite del crimen de una periodista que, con sus denuncias, ponía en evidencia la podredumbre del sistema.
Pero también a una creciente reacción popular y a la rebelión contra esa pobredumbre del actual cuadro de explotación y corrupción generalizada.
Nelson Marinelli
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