El meollo de la cuestión se encuentra en todo el entramado del crimen organizado con la venia del Estado donde se están dando a conocer con nombre y apellido los implicados que desde el poder político garantiza la impunidad de una lista de negociados que van desde el juego clandestino a la trata de personas y el narcotráfico, como supo suceder en los anteriores gobiernos del Frente Progresista.
A principio de la gestión fue designado Marcelo Saìn como Ministro de Seguridad, quien fue el creador de la policía aeroportuaria y otrora diputado por Nuevo Encuentro. Este fue incorporado a la cartera en función de acuerdos políticos con el kirchnerismo puro sorteados antes de las elecciones y como prenda de la unidad del peronismo en torno a Perotti. Desde entonces, ha sido el funcionario más criticado del gabinete, tanto por propios y ajenos, y la propia policía que intenta conducir. Desde un primer momento el ministro acusò al Frente Progresista de sus vínculos con el narcotráfico y otros delitos, como por ejemplo el haber señalado a Maximiliano Pullaro, último ministro de seguridad del socialismo y hoy diputado provincial, de haber utilizado fondos públicos el pago de los abogados defensores de los policías involucrados en el gatillo fácil de Franco Casco.
Lo dicho anteriormente suma un nuevo punto de tensión cuando en la legislatura la oposición del FP con el concurso de gran parte del bloque oficialista en el senado sancionó dos leyes que obligaban a renunciar a Saìn, leyes que Perotti terminó vetando. Este “fuego amigo” no ha sido indoloro, ya que al mismo tiempo la crisis política estalló por los aires, declarando la fractura expuesta del PJ en la cámara alta.
Armando Traferri, presidente del bloque peronista (aún mayoritario) en el senado, hombre del lobby agroexportador que hace sus negociados desde los puertos de San Lorenzo, es el disidente dentro del gobierno en el ojo de la tormenta. Sucede que el testimonio de un ex fiscal, ya depuesto por encontrarse imputado por cohecho para garantizar los negociados del juego clandestino, en sus últimas declaraciones lo involucra de lleno como partícipe de esta causa. Para imputar formalmente requerían de los dos tercios que exige el reglamento del senado, tema que se discutió hoy 18/12 y cuyo resultado fue el rechazo al mismo ya que entre radicales, socialistas y el bloque de este Traferri argumentaron que “no hay evidencias suficientes” para resolver semejante resolución. Corresponde decir que “entre bueyes no hay cornada” parecerìa ser la consigna entre los legisladores.
Como podemos visualizar, ha quedado de manera manifiesta nuevamente la descomposición de todo el régimen donde hay carpetazos para todos, y todas. No por nada el rafaelino pretende limpiar las PASO para el 2021 y designar a dedo a los candidatos de los cargos más importantes sobre una interna que arde y con una crisis política que raja las paredes. No obstante, ante la crisis “por arriba”, se desarrollan luchas de un inconmensurable alcance, por abajo. Es lo que está sucediendo con la huelga desenvuelta los aceiteros junto a los recibidores de granos organizados en URGARA, quienes han puesto de relieve en un pliego de reivindicaciones una serie de exigencias impostergables para recomponer su salario y garantizar su salud e integridad física, en un cordón industrial en el cual ningún protocolo patronal por COVID ha sido capaz de evitar los contagios. La importancia política para todo el movimiento obrero, que puede revestir una victoria de este sector, es un límite fenomenal a las medidas antiobreras planeadas por el FMI que tienen preparados los gobiernos de turno tanto de F-F como de Perotti.
Debemos generalizar la intervención de la clase obrera, que asuma en la escena como un factor político independiente, que debe articular todas las luchas en curso, y trazar una perspectiva política, mediante un Congreso Obrero, capaz de discutir un programa y arrancarlo mediante la huelga general.
Agustín Fernández
18/12/2020
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