Aunque las patronales lograron imponer un par de acuerdos parciales -en las aceiteras de ACA y ADM- la huelga en su conjunto se mantiene firme, con concentraciones y piquetes como el que se sostiene frente a la planta AGD, en Timbués.
La rechazada propuesta patronal incluía un aumento no remunerativo (no sujeto a aportes previsionales) del 10% para el año en curso, que recién pasaría a la categoría de remunerativo en enero; luego, CIARA (la cámara aceitera) ofrece otro aumento no remunerativo del 25% pero fraccionado en tres cuotas hasta julio 2021, y la promesa de una “revisión” para el mes de agosto. Finalmente, propuso una actualización del 35% en el bono o pago anual, y estaba en discusión otro bono “por única vez”, a pagar en cuotas.
Los sindicatos impugnaron esta oferta por tres razones: en primer lugar, porque el 10% propuesto para el 2020 no recompone la pérdida salarial generada por la inflación del año que termina. En segundo lugar, porque el aumento prometido para el año 2021 es escalonado y consagra la evasión de las cargas patronales. Habría que agregar que el aumento del 25% -escalonado entre enero y julio- tendrá lugar en un año donde se prevé una inflación del 50%. La “revisión” prometida para agosto, por lo tanto, anticipa un conflicto similar al que se vive hoy, donde la paritaria oportunamente pactada ha sido pulverizada por la carestía.
Un golpe a toda la política anti-salarial
La impugnación de los gremios aceiteros a esta oferta salarial podría muy bien extenderse a TODAS las “políticas salariales” que las patronales y el propio Estado han pergeñado en el año que pasó, y que piensan reforzar en el 2021. Por un lado, aumentos escalonados, donde el salario corre todo el tiempo “detrás de la inflación” y perdiendo, en cada tramo, porciones importantes de su poder adquisitivo. En cambio, la progresiva liberación de precios y tarifas –en parte ya producida, en parte prevista para los próximos meses del 2021- debería ser enfrentada con un aumento inmediato y sustancial de los sueldos, y, luego, con su indexación mensual. Los aumentos “en cuotas”, por el contrario, apuntan a consolidar esa pérdida salarial.
El abanderado de esta política de liquidación del salario es el propio Estado, que dispuso aumentos del 7% y ahora va por un “escalonado” enero-abril que no cubrirá la inflación prevista para ese período. El Estado es un beneficiario indirecto de la inflación, porque la recaudación de los impuestos al consumo aumenta con la liberación de precios.
El carácter no remunerativo de los aumentos, que los sindicatos también han denunciado, es otra línea estratégica de la política salarial. Por esta vía, se legaliza el vaciamiento de los recursos previsionales. Es la contrapartida necesaria de la política de “desindexación” de las jubilaciones que, en estas horas, se tramita en el Congreso. La señal de largada de esta política tuvo lugar bajo la “emergencia económica” dictada con la pandemia, que permitió a las patronales eludir el pago de los aportes previsionales de sus trabajadores. Con el dinero que dejaron de pagarle al Anses, las aceiteras -y otras patronales- compraron dólares baratos para remitir utilidades, cancelar préstamos anticipados o, sencillamente, dejaron en el exterior las divisas obtenidas con sus exportaciones.
La cuestión de la huelga general
A partir de la huelga aceitera, se ha conformado una intersindical que involucra a la mayoría de los sindicatos relacionados con la actividad: además de la Federación y del sindicato aceitero, están los apuntadores marítimos, serenos de buques, los portuarios, los marítimos y hasta los gastronómicos de la zona. Por lo tanto, se ha planteado en el cordón agroexportador una situación similar a la que tuvo lugar en 2011, cuando se impuso el COPA, es decir, un salario mínimo o de piso para el conjunto de los trabajadores del cordón, y un golpe feroz a las desigualdades salariales impuestas por la tercerización laboral.
Esto significa que en el centro económico del país, los trabajadores están encarando una lucha a fondo y extendida por el salario, cuando todas las usinas patronales y políticas -sin grietas- han colocado el centro de sus esfuerzos en la “desindexación” del salario y las jubilaciones. Todas las maniobras oficiales y patronales apuntan a ese objetivo, incluyendo a las que se proponen la tarea imposible de que el tarifazo a los combustibles, las telecomunicaciones y todos los servicios privatizados resulte “indoloro”. Pero si de servicios se trata, la perspectiva de los aumentos está elevando la temperatura salarial entre los ferroviarios, los telefónicos y otros gremios. Ni qué decir de la enorme lucha de los médicos y enfermeras en la CABA, que recorre una nueva semana de huelgas, autoconvocatorias y movilizaciones.
A la luz de todo lo anterior, queda claro el porqué del cerrojo mediático sobre la gran lucha del cordón. Es una tarea del activismo obrero y de la izquierda desarrollar una agitación decidida en todos lados por la victoria de la lucha aceitera; por asambleas y plenarios que incorporen sus reclamos en todos los gremios: 50% de aumento inmediato de salarios y jubilaciones; salario mínimo equivalente a la canasta familiar; hoy en 90.000 pesos, indexación mensual del salario; abajo la reforma jubilatoria.
Extendamos a todos lados el apoyo a esta lucha y a estos reclamos, en la perspectiva de una huelga general por el salario y las jubilaciones.
Marcelo Ramal
26/12/2020
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