El avance en el número de casos de Covid-19 sobre fines de diciembre y principios de enero puso al rojo vivo el problema de cómo enfrentar la segunda ola de la pandemia. Ocurre que Argentina recibió solamente 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V, una cantidad que alcanza apenas para la primera dosis para el personal de salud. Las millones de dosis necesarias para inmunizar al conjunto de la población irán viniendo, en el mejor de los casos, en un proceso gradual que no logrará impedir los contagios masivos de la segunda ola. En suma, el riesgo de que se repita un escenario de saturación del sistema de salud está nuevamente presente, con la escalada de casos.
En los debates sobre cómo actuar, aparece fuertemente el hartazgo de la población con la cuarentena. El gobierno apunta a imponer restricciones sobre una base represiva. Para ello responsabiliza de la ola de contagios a la juventud y las fiestas clandestinas, buscando imponer un toque de queda nocturno. Pero, por ahora, no avanza en la idea de una cuarentena generalizada, que sería la forma de cortar la propagación.
¿Cuáles son los motivos del llamado “hartazgo” social por la cuarentena?
El gobierno respondió a la primera ola con la cuarentena masiva. La cuarentena, sin embargo, no logró impedir el progreso del virus. Su efectividad fue cuestionada por factores de fondo. En un país con la tercera parte de la fuerza de trabajo en negro, los protocolos de seguridad fueron la excepción, aplicándose fundamentalmente en los lugares de trabajo mejor organizados y especialmente en aquellos con direcciones sindicales que los hicieron cumplir a la patronal. Para los trabajadores en negro, eventuales y precarizados no corrió la prohibición de los despidos, que incluso fue violada por las grandes empresas. En esas condiciones, la presión laboral por salir a hacer changas o trabajos eventuales se fue imponiendo.
Las condiciones de vivienda también fueron un impulso a la propagación del virus a pesar de la cuarentena. En la Ciudad de Buenos Aires, los primeros focos de propagación masivos fueron las villas de emergencia. El caso de la militarizada Villa Azul fue portada de los diarios, junto a la villa 31 o la 1-11-14, donde se propagó masivamente la enfermedad. En muchos de estos barrios, a lo largo y a lo ancho del país, no hay agua potable para poder cumplir con las medidas sanitarias.
Todo esto podría haber sido contenido con medidas de fondo de parte del Estado. Desde el principio de la cuarentena, las organizaciones de desocupados plantearon “Con hambre no hay cuarentena” y la necesidad de asistencia social masiva para poder cumplir con los protocolos.
El Polo Obrero se movilizó, ya el 1° de mayo, reclamando un salario de emergencia para los desocupados de $30.000. Sin embargo, las medidas en este terreno fueron totalmente insuficientes. Los tres pagos del IFE de $10.000 estuvieron por debajo de lo que minimamente hace falta para subsistir. El promedio de ingresos por el IFE fue de $5.000 mensuales, en un cuadro de inflación que se fue disparando.
El programa de sostenimiento del pago de salarios (ATP) también fue ultralimitado. Por un lado, porque no alcanzó a miles de trabajadores en negro. Por otro lado, porque tampoco fue controlada su aplicación, denunciándose casos de cobros por parte de funcionarios de la iglesia, diputados provinciales, o grandes empresas con espalda financiera suficiente para sostener los salarios con ganancias pasadas.
Mas importante, el gobierno renunció a un impuesto significativo a las grandes fortunas. El que se votó no empezó todavía a cobrarse y es una migaja comparado con los proyectos iniciales. El del FIT se proponía recaudar 15.000 millones de dólares, mientras el del gobierno recaudará con suerte 2.000. Parte de ello irá a subsidios al capital, las petroleras o las llamadas “Pymes”. El resultado es que el limitado paquete de ayuda se financió con emisión, colocando al rojo vivo las tendencias a la devaluación monetaria y la inflación. El capital nacional o imperialista no quiere invertir los pesos que posee, los fuga al dólar, y la población trabajadora no tiene para cubrir sus necesidades básicas. La contradicción entre el funcionamiento del régimen capitalista y las necesidades sociales aparece en su máxima expresión.
Todos estos factores llevaron al fracaso a la extendida cuarentena en el país. Y se combinaron con una insuficiencia notoria en la atención de la salud. Hoy por hoy, la Ciudad de Buenos Aires sigue sin cerrar la paritaria de médicos municipales. EL Hospital Garrahan está de paro. Los médicos y personal de salud de Chubut cobran con meses de atraso. En Chaco, los enfermeros precarizados trabajan por $10.000. Y en la provincia de Buenos Aires, las movilizaciones y protestas de médicos y enfermeros están a la orden del día.
La medida de centralización del sistema de salud, para unificar sus recursos en la lucha contra la pandemia, fue dejada de lado al inicio de la misma, y la precarización salarial y las paritarias a la baja son la norma para un personal de salud que dio la vida (literalmente) en la batalla contra el virus.
La segunda ola
No puede abordarse el debate sobre esta segunda ola sin un balance concreto de la primera. Si la asistencia para la primera cuarentena fue insuficiente, ahora la situación se agrava. El gobierno pretende avanzar con un acuerdo con el FMI, y así eliminó, en diciembre, los programas IFE y ATP. Una nueva cuarentena implicaría avanzar en un programa masivo de ayuda. Las condiciones habitacionales críticas que estimularon la propagación de la primera fase no se alteraron. El gobierno podría haber descomprimido la situación loteando masivamente como respuesta a las ocupaciones de tierras pero avanzó en el sentido contrario: actuó como garante del capital inmobiliario, empujando de nuevo al hacinamiento a miles y miles de familias en todo el país con desalojos violentos.
Estas condiciones explican las dificultades del gobierno para tomar nuevas medidas frente al nuevo avance del virus. Implicaría reclamarle a la población un esfuerzo enorme en base a una política que es percibida como un fracaso, por no haber impedido la propagación del virus. A la presión patronal para mantener la apertura se suma un “humor social” de una población que fue empujada a una cuarentena sin recursos, que fracasó por la falta de condiciones sociales para llevarla adelante y de respuestas del Estado que permitieran garantizarla.
La nueva ola del virus vuelve a plantear la necesidad de luchar por el programa que levantó, desde un principio, el Frente de Izquierda: la centralización del sistema de salud y la respuesta a todos los reclamos de sus trabajadores, unido al equipamiento y construcción de hospitales y unidades de terapia necesarias. Seguro de emergencia de $30.000 al desocupado. Loteo masivo y plan de vivienda. Elección de delegados en todos los lugares de trabajo, para garantizar los protocolos sanitarios y de distanciamiento. Todo esto vuelve a colocar el problema del financiamiento, con un impuesto extraordinario a las grandes rentas y fortunas y el no pago de la deuda externa.
Juan García
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