En diciembre de 2020, una familia tipo (conformada por dos adultos y dos menores) necesitó ingresos equivalentes a $54.207 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), es decir para acceder a alimentos y servicios elementales. El 80% de los trabajadores no llega a ese umbral, por lo cual se ubica por debajo de la línea de pobreza. Comparado con diciembre de 2019, cuando su valor era de $38.960, sufrió un aumento del 39,1%, por encima de una inflación anual del 36,1%.
Mayor aún fue el aumento en la Canasta Básica Alimentaria (CBA): si enfrentamos su valor al del mismo mes del año anterior, cuando estaba en $15.524, el incremento alcanza un 45,5%. Así, una familia tipo necesitó $22.681 para superar la línea de indigencia, arriba del del Salario Mínimo Vital y Móvil fijado por el gobierno en $21.600 -que se toma como referencia para las remuneraciones de quienes no tiene convenio laboral.
La variación más pronunciada se vio en el último mes del año pasado, en consonancia con la suba más acentuada de la inflación. Mientras esta se ubicó en un promedio de 4%, la CBA aumentó un 5,1% con respecto a noviembre y la CBT, 4,7%.
Si a lo que necesita mensualmente una familia tipo para comer y tener acceso a servicios (CBT) le sumamos la necesidad de pagar un alquiler de tres ambientes (utilizando los datos del gobierno de la Ciudad del promedio de precios a diciembre de 2020), la cuenta da un total de $95.526. Esa cifra es apenas $3.000 por debajo del mínimo no imponible ($98.963) establecido para todo 2021, ¡cuando las consultoras proyectan una inflación del 50% para este año!. Esta política confiscatoria generó que en 2020 más de dos millones de trabajadores paguen Ganancias, mientras que la mayoría cobra por debajo de la Canasta Básica.
Es una situación de encierro para los trabajadores, porque mientras crece el costo de vida el impuesto a las Ganancias actúa como un techo a los reclamos salariales, ya que cualquier aumento que se acerque al ritmo de las remarcaciones de precios quedaría alcanzada por el gravamen.
Mientras esto sucede, el gobierno de Alberto Fernández sigue firme en su política de «desindexación» de los salarios y las jubilaciones, que llevan años de actualizaciones por debajo de la inflación, con paritarias congeladas o cerradas a la baja con la complicidad de la burocracia sindical. El salario real formal (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores – Ripte) de noviembre de 2020 fue el segundo más bajo en 11 años. El gobierno nacional hizo punta en la depreciación de los salarios, con una paritaria ruinosa del 7% para los estatales.
Esta política fondomonetarista, que descarga la crisis sobre las espaldas de la clase obrera, es la responsable del régimen que condena a la mitad de la población a la miseria. Solo tiene salida sobre la base de derrotar el pacto con el FMI, y oponer un plan económico de los trabajadores que empiece por fijar el salario mínimo al costo de la canasta familiar.
Lucía Cope
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