El incremento constante de casos de coronavirus -incluso en un momento en el cual debería ser desfavorable por las altas temperaturas- sin dudas implica un agravamiento de la pandemia en Argentina y la próxima llegada de la segunda ola que ya atraviesa la región europea. Pero sobre todo vuelve a colocar el eje en el problema del sistema de salud, que no está en condiciones de atender a dicho recrudecimiento. En ese sentido fueron las declaraciones de Cristina Kirchner semanas atrás, donde hizo alusión a la necesidad de reformular el sistema de salud, arrojando la posibilidad de una integración entre lo privado, lo público y las obras sociales, pero también aceptando el fracaso de la política sanitaria en este año de pandemia.
Ambos sectores, tanto el privado como el de las obras sociales, se atajaron y salieron a reclamar y plantear «soluciones»; ninguna parece resolver el problema central. Hace unos meses que las prepagas vienen declarando que los costos en pandemia de la cobertura de los afiliados se transformaron en pérdida (aunque la gran mayoría recortó las prestaciones y servicios con la excusa del coronavirus), preparando el terreno para que el gobierno autorice el tan aclamado aumento de las tarifas. Y en la víspera de año nuevo aceptó, aunque a las pocas horas lo dejó sin efecto cuando CFK levantó el teléfono. Ahora es cuando se abre la cancha para las pujas internas, aunque la discusión pasa muy lejos de lo que realmente está en juego: la salud de la población frente a una inminente segunda ola.
Después de la suspensión en el aumento, las privadas se preparan. Por eso el presidente de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, llamó a la propuesta de Cristina una «fantasía que no tiene lógica» y redobló la apuesta con lo que solo puede verse como una amenaza: «si en ese sistema de salud los privados no tenemos lugar, nos iremos y manejará otro. Pero me parece que hay momentos y momentos para la discusión». Se aferran al contexto de pandemia para proteger sus cajas.
Y se repite esto para el caso de las obras sociales. No hay grieta entre privados y estas últimas a la hora de preocuparse por el posible cambio en el financiamiento. El miedo particular de los dirigentes de la CGT es que se avance en un mayor control por parte del Estado, aunque el principal punto que trataron en las últimas reuniones con Alberto Fernández giró en torno a evitar la triangulación de aportes que las obras sociales negocian con las prepagas, es decir el giro de los aportes de los trabajadores a las privadas y la prestación de algunos de sus servicios. La clave de esto es que, al acceder a aquella triangulación, las prepagas no solo aumentan su cartera de prestaciones -siendo más competitivos en el sector- sino que también reciben reintegros de la Administración de Programas Especiales (APE). En pocas palabras, un subsidio encubierto. Para la CGT, esto significa una pérdida del «componente solidario» del sistema.
La ayuda del Estado para las privadas no termina ahí. Este año fueron beneficiarios del ATP o incluso del pago de salarios mediante bonos extraordinarios para el personal de salud, a lo que se sumó la reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales a la Seguridad Social. Pero piden más: «le decimos al Estado que el sistema de salud necesita combustible, es como un avión, vuela con nafta.»
Las experiencias en otros países indican que las segundas olas son, por lo general, tanto o más graves que las primeras. La espera por la vacunación masiva y la inmunidad de rebaño se hace más larga, sobre todo cuando los pronósticos indican que algunos países completarán su vacunación recién en el 2024. Por eso toman nuevamente prioridad los sistemas sanitarios y el abastecimiento de los mismos, los cuales han sido llevados por los capitalistas a la enorme crisis que vivencian hoy en día, castigados por años de desfinanciamiento por parte de los gobiernos burgueses. Las víctimas que quedan en el fuego cruzado son los usuarios y los trabajadores del sector, que cargan sobre sus espaldas la crisis en salud.
En este sentido, la centralización del sistema de salud bajo control obrero de la mano de la apertura de los libros contables de todos los sectores que lo integran resulta fundamental. El financiamiento para poner en pie nuevamente el sistema de salud debe salir del no pago de la deuda. También del cese de los beneficios a quienes han ganado en este año, como los banqueros que arrancaron $700.000 millones en intereses con Leliq y Pases, superando ampliamente lo destinado al presupuesto de Desarrollo Social y al IFE.
Lucía Miguez
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