Las declaraciones del gobierno de Estados Unidos en favor de la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus generaron todo tipo de pronunciamientos alrededor del mundo. La Unión Europea dijo estar “lista” para comenzar la discusión, pero la alemana Angela Merkel rechazó expresamente la propuesta, mientras otros como el francés Emmanuel Macron la respaldaron. En lo que ambos coincidieron, sin embargo, es en el pedido a Estados Unidos de que levante las prohibiciones que el país norteamericano mantiene para la exportación de vacunas y de otros componentes fundamentales para la producción de dosis, revelando que la monopolización y el acaparamiento tiene en el imperialismo yanqui a uno de sus principales responsables.
De hecho, Estados Unidos solo exportó el 5% del total de las vacunas que produjo; a su vez, posee más del 40% de su población vacunada. Así fue como los casos diarios están en los niveles más bajos en 11 meses. Recién entonces Joe Biden giró de posición acerca de la suspensión de las patentes, volcándose de lleno a la disputa por el mercado mundial de una inyección que, casi con seguridad, pasará a incorporarse en los calendarios anuales de los distintos países. Incluso aunque los países tengan la prestación de la patente para producir, necesitarán de laboratorios que cuenten con los proveedores, la tecnología y la logística de producción, entre otras cuestiones.
Por eso, hay al menos dos elementos más que el préstamo de la patente para garantizar una mayor producción y una mayor inmunización de la población: la transferencia de tecnología y los insumos. El primero hace referencia al proceso de transferencia de conocimientos, habilidades, tecnologías, métodos de fabricación e instalaciones necesarias. El segundo, a todos los elementos que constituyen la vacuna, desde los componentes activos hasta los relacionados con el envasado. La empresa Pfizer, por ejemplo, declaró necesitar 280 componentes de 86 proveedores en 19 países.
Es decir que el tratamiento de la liberación de las patentes en la OMC y la OMS en abstracto y sin un planteo de fondo no garantiza nada en tanto se continúan monopolizando los insumos y la tecnología para su realización. Además, se requiere una gran inversión de capital por parte de los Estados, muchos ellos en bancarrota, por lo que incluso se fomentaría el endeudamiento con las mismas potencias que hoy monopolizan las materias primas para la fabricación de vacunas. Es lo que ocurrió en 2007 con la vacuna antigripal, cuando Estados Unidos subvencionó a través de la OMS a al menos 6 países para la transferencia de tecnología.
El telón de fondo, como mencionamos en otros artículos, es la guerra comercial, que ahora se intensifica por el reparto de mercado implicado en la posible anualidad de la administración de la vacuna contra el coronavirus y la agudización de la crisis sanitaria en todo el mundo, particularmente en aquellos países productores como India o China.
El caso de Argentina como productora de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca y, en un futuro cercano, Sinopharm, muestra que la transferencia de tecnología no es tan compleja para ciertos tipos de vacunas, en especial aquellas de virus atenuados o inactivados, tecnología utilizada para la enorme mayoría de las vacunas del calendario nacional. Pero, sobre todo, pone de relieve que la prioridad del Estado argentino ha sido la de negociar con los pulpos farmaceúticos, como lo prueba el propiciado a Sigman con la producción de AstraZeneca.
Esto se dio a costa de brindar cualquier tipo de incentivo a la industria nacional y al desarrollo de una vacuna argentina. Las dos elaboradas en el país, una en la Universidad de San Martín y otra en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Bariloche, necesitan financiamiento para avanzar a la fase II y III, respectivamente. Aunque están hace más de un año desarrollándose, recién hace 2 semanas el Ministerio de Salud se acercó a conocer la propuesta de los científicos. La desidia estatal se demuestra también en los números: el Estado solo destina el 0,5% del PBI a la inversión en investigación y desarrollo, e incluso una porción se entrega a los privados. Es decir que se empuja a que estos proyectos busquen financiación y formen alianzas con laboratorios, propulsando la privatización de los mismos.
Para el caso de las vacunas con ARN, como la de Pfizer o Moderna, la transferencia de tecnología es más compleja por ser más novedosa, por lo que la intervención de dichos laboratorios para conseguir la tecnología, la logística y las técnicas de capacitación de los profesionales toma aún más relevancia. Por supuesto, son intereses capitalistas sumamente poderosos. La intervención de los mismos no vendrá de la mano de Estados Unidos o la Unión Europea, quienes han permitido que los laboratorios diseñen sus políticas sanitarias y sus programas de vacunación, incluso formando parte integral de sus gobiernos.
No hay liberación posible de patentes, propiedad intelectual y secreto comercial sin la estatización de la industria farmacéutica como bien social, y esto es tarea de gobiernos de trabajadores. También lo es la de intervenir en Argentina aquellos laboratorios que ya cuentan no solo con la tecnología para producir a escala masiva, sino también con dosis retenidas, para ponerlas a disposición de la clase trabajadora.
Lucía Cope
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