El gobierno de Luis Arce anunció el retiro del proyecto parlamentario que, votado en Diputados, estaba por tratar el Senado boliviano, contra “la legitimación de ganancias ilícitas”. Una ley destinada a combatir el lavado de dinero y la fuga de capitales a través de una acción más decidida de la Aduana para controlar los flujos de divisas (subfacturación en exportaciones, sobrefacturación en importaciones, etc.) y otros controles contra el lavado de narcodólares, etc.
Coincide con que en las últimas semanas ha estallado el escándalo de la fuga de capitales denunciada a nivel mundial por los Pandora Papers. Hace más de una década (todo el gobierno del MAS de Evo Morales y el de la golpista Jeanine Añez) que las “familias” de los ricachones poderosos vienen fugando millones de dólares. Se calcula que no menos de 1.000 millones de dólares por año. Serían alrededor de 300 los fugadores-evasores.
Los Pandora Papers evidencian, por ejemplo, que el empresario Branko Marinkovic Jovicevic, que en 2020 bajo el gobierno golpista de Añez, estuvo al frente de los ministerios de Planificación del Desarrollo y del de Economía y Finanzas, es uno de los principales implicados. Otro fugador serial offshore hacia los paraísos fiscales (Islas Vírgenes, etc.), es el recientemente fallecido exministro de Desarrollo Económico y Hacienda (1993-1997) y de Energía e Hidrocarburos (2002-2003), Fernando Illanes de la Riva.
Una iniciativa anterior, el “Proyecto de Ley de Lucha Contra el Uso de Paraísos Fiscales” no llegó a tratarse nunca, quedó estancado en su tratamiento.
Contra el proyecto aprobado en Diputados la derecha boliviana, encabezada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, figura de vanguardia reaccionaria en el golpe de 2019, salió a enfrentarlo, reclamando su derogación. Acusó al planteo legislativo de un avance hacia el “totalitarismo”, que “coarta” la libertad de los empresarios (¿a fugar capitales?) y que sería parte de una campaña de persecución contra la oposición política derechista. La investigación sobre el ex ministro golpista Marinkovic sería parte de este plan persecutorio contra los defensores de la “libertad”.
El proyecto oficialista, sin embargo, deja abierta la posibilidad de una persecución para que paguen impuestos sectores de la clase media (transportistas, etc.) y hasta los vendedores callejeros, provenientes en su mayoría de la desocupación. También tiene colocado el título de la lucha contra la financiación del terrorismo, que deja abierta las puertas para descargar la legislación y el accionar represivo contra las organizaciones de izquierda, etc.
Es que el proyecto está redactado respondiendo a los dictados del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) creado por el imperialista Grupo de los 8 (G8) para combatir la financiación del “terrorismo”, concentrado en ese momento en cortar toda ayuda solidaria a las organizaciones del pueblo palestino.
Camacho (uno de los que está citado por la justicia para responder por su accionar golpista y racista) impulsó la constitución de un Bloque de Unidad que convocó a una jornada nacional de paro y movilización para el pasado lunes 11. Allí coló no solo el rechazo a la ley, sino también el reclamo de la libertad de los presos políticos golpistas (la ex presidenta Añez, etc.) y el cese de los procesamientos a golpistas, torturadores y fugadores de capital.
En el medio en un acto oficial de su gobernación, delante del vicepresidente de la Nación, arrió la bandera wiphala representativa del carácter plurinacional, adoptada en reconocimiento a la mayoría indígena de la población boliviana.
El paro, que se realizó con piquetes para cortar avenidas y rutas, tuvo un alto acatamiento en Santa Cruz y débil (La Paz, Cochabamba, etc. donde fue reprimido suavemente por la policía y algunos sectores del MAS) o nulo en otros distritos.
Al día siguiente, se realizó un “wiphalazo” de desagravio a la afrenta hecha por Camacho y de apoyo al gobierno del MAS que fue más numeroso en manifestantes movilizados (lógicamente, sin cortes de ruta).
El arzobispado católico, las direcciones de las iglesias evangélicas, cámaras patronales, los transportistas, sectores “cívicos”, etc. y las bancadas parlamentarias de Comunidad Ciudadana (del expresidente Carlos Mesa) y Creemos, apoyaron el “paro” del lunes 11. Y el Pacto de Unidad que la derecha constituyó dio un plazo de 72 horas para que el gobierno otorgara su demanda. Caso contrario, daría nuevos pasos de lucha, convocando a un paro de 48 horas. Camacho, desafiante, declaró: “vamos a ver quién se rinde”.
Faltando 24 horas para que venciera el plazo dado por Camacho, el gobierno del MAS retiró el proyecto del Senado y se comprometió a no volver a tratarlo durante su mandato (que vence en 2025).
El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, condenó la “irresponsabilidad” de “algunos políticos de oposición” y los hizo responsables de las dificultades que podrían tener en el futuro los empresarios en sus operaciones internacionales por no haber apoyado la legislación sugerida por el GAFI. La propuesta del MAS no tenía ningún aspecto anticapitalista ni antiimperialista, era la adecuación a los planteos imperialistas del G8.
Derecha envalentonada
El gobierno justificó su retroceso para impedir que se marche a “una confrontación” y a una “desestabilización”. Se trata de una derrota política del gobierno masista. Pero esto no frenará a la derecha reaccionaria. Por el contrario, la ha envalentonado.
Camacho con sus “juventudes” fascistoides, sus obispos y pastores reaccionarios, empresarios y políticos burgueses derechistas han reclamado inmediatamente la anulación de otras 7 leyes entre las que se encuentran tímidas reformas acerca de la mecánica de los ascensos en la policía y las fuerzas armadas, etc. Y va más allá: reclama la renuncia del ministro de Justicia y de la fiscalía por procesar a los golpistas represores.
Camacho sigue los pasos de la derecha fujimorista en Perú que ha obligado al presidente Pedro Castillo a modificar su gabinete, haciendo renunciar al jefe de Gabinete y otros ministros levemente enfrentados con monopolios y factores de poder. Castillo se asimila a la derecha peruana, renunciando a cualquier atisbo de cambio.
La diferencia con Perú es que el MAS tiene mayoría en ambas cámaras parlamentarias y el apoyo de las organizaciones de masas. Pero las direcciones burocráticas al frente de estas se hallan subordinadas políticamente al gobierno del MAS y han impuesto un corset a la lucha de los trabajadores y explotados. Así no solo se envalentona a la derecha, sino que se desmoviliza a las masas.
Es necesario romper la “polarización” entre el MAS y Camacho y dar lugar a la irrupción de las masas por sus reivindicaciones y por las medidas de emergencia que plantea la opresión imperialista-capitalista sobre el pueblo explotado: nacionalización integral de la industria minera bajo dirección y control de los trabajadores, reforma agraria sobre la base de la expropiación de latifundistas y capitalistas agrarios, nacionalización de la banca y del comercio exterior, control obrero. La vanguardia obrera y de izquierda debiera avanzar a la convocatoria de asambleas y plenarios para reagrupar con banderas de independencia de clase e intervenir en la crisis nacional que se está larvando.
Rafael Santos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario