La variante Delta ya representa un 35,9% de los casos estudiados en el Amba. En la provincia de Buenos Aires se ubica 20 puntos por detrás de la variante Gamma, originada en Manaos, mientras que en la Capital Federal ya igualó su prevalencia. Otra provincia con crecimiento de dicha cepa es Santa Fe, donde hasta el 25 de septiembre el 25% de los casos correspondían a ella (Telam, 16/10). A nivel país, ocupa el 24% de los casos informados, según el Ministerio de Salud.
Este crecimiento explicaría la desaceleración en la disminución de casos desde hace tres semanas. La semana de las Paso los contagios habían disminuido un 34% con respecto a la anterior, pero desde ese momento la tendencia a la baja se fue disipando y finalmente estos últimos cinco días marcaron un leve aumento en el promedio semanal, relevante por ser el primero en cinco meses (Clarín, 18/10). Ambos hechos estarían relacionados por la mayor transmisibilidad de la nueva variante, al menos un 60% superior a la de mayor circulación, pero también a la menor eficacia de las vacunas desarrolladas contra el coronavirus para evitar el contagio de la Delta, sobre todo hacia quienes no poseen las dos dosis del esquema.
La cuestión de las segundas dosis continúa siendo un problema porque, por un lado, aún no se completó el esquema de vacunación de los mayores y, por el otro, durante octubre se redujeron considerablemente la cantidad de segundas dosis aplicadas. Mientras que en septiembre se dieron 150 mil diarias, este mes se registró un 40% menos (Clarín, 18/10). Desde el gobierno lo atribuyen al comienzo de la vacunación de menores, cuando en realidad lo que deberían hacer es ampliar la cantidad de turnos para que ambos grupos etarios puedan inmunizarse sin relegar la vacunación del otro.
A su vez, esta semana la ministra de Salud Carla Vizzoti anunció que el año que viene comenzaría la vacunación de refuerzo con terceras dosis para el personal estratégico, que en los primeros meses del 2022 cumplirán un año sin inmunización. Pero lo cierto es que en el presupuesto de salud, que contiene un 13% de recorte en general, las partidas para vacunas son reducidas nominalmente en un 20%: pasa a ser unos 122.200 millones de pesos, bastante menos que los 153.300 millones usados en 2021 (La Nación, 13/10), cuando no se terminará de vacunar al total de la población: solo el 50% tiene las dos dosis.
En todo caso, si finalmente se cumplen con los calendarios de las segundas y terceras dosis para el año que viene, es probable que se deba utilizar para ello una parte del resto del presupuesto de salud, uno de por sí ajustado. En síntesis, se profundiza el vaciamiento del sistema sanitario en términos generales, y es por eso que hoy en día se están desarmando los dispositivos Covid que se pusieron en pie durante la pandemia, como los hospitales modulares y los centros de testeos y vacunación, y se está echando a sus trabajadores, como sucedió en el Durand u otros de la Ciudad de Buenos Aires.
En estas circunstancias, un rebrote o tercera ola de contagios provocada por la variante Delta encontrará al sistema de salud desbaratado y sin ningún tipo de preparación, puesto que lo que domina el escenario es el ajuste imperante. En lugar de brindar más negociados a los laboratorios, como el reciente acuerdo con Sigman para la producción de una nueva vacuna con tecnología ARNm, o a los magnates de la medicina privada a quienes se les garantizó la baja en las contribuciones patronales durante toda la pandemia (significando más de un 30% del gasto Covid-19 para la segunda ola), se debería invertir en la conclusión de los proyectos de desarrollo de una vacuna nacional y su producción pública en la escala necesaria.
Para afrontar lo que se viene es necesario luchar por la ampliación del presupuesto de salud, la centralización del sistema sanitario y el aumento salarial para todos sus trabajadores. Por la liberación de las patentes y producción estatal de medicamentos, junto con el aumento en el presupuesto de ciencia y técnica para financiar el desarrollo de una vacuna nacional y la producción bajo control de sus trabajadores.
Lucía Cope
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