El siguiente artículo fue extraído del sitio de la Fuerza 18 de Octubre de Chile.
Por estos días el pueblo chileno asiste a un nuevo capítulo en la historia de corrupción de quienes gobiernan. Los protagonistas son personeros del partido “Revolución Democrática” (RD), fundado por el ministro Giorgio Jackson, de la matriz constitutiva del Frente Amplio. En principio involucra directamente a dirigentes de primera línea del partido: la diputada Catalina Pérez, al ahora ex Seremi [secretario regional] de vivienda de Antofagasta Carlos Contreras (ex jefe de gabinete de la diputada Pérez) y la también ex subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas. ¿Qué pasó? Salió a la luz, a raíz de denuncias de los propios trabajadores del Ministerio de Vivienda publicadas por un medio independiente, la existencia de convenios de esta cartera que implicaron la asignación directa de 426 millones de pesos a una fundación denominada “Democracia Viva” dirigida por Daniel Andrade, militante de RD y pareja de la diputada Catalina Pérez. Sin embargo, la cosa no quedó ahí ya que este caso destapó una olla que difícilmente puedan cerrarla: ahora se conocieron convenios directos con asignaciones millonarias a fundaciones ligadas a Convergencia Social, el partido del presidente Gabriel Boric, y el desfalco que empezó en Antofagasta abarca a otras regiones.
El escándalo escaló a crisis política, la que intentó ser controlada con la salida de Contreras de la Seremía, de Rojas de la Subsecretaría y soltándole la mano a la diputada. Pero a medida que se conocen los detalles del caso la mancha se extiende y es probable que requiera cirugía mayor, esto es, un cambio de gabinete. Es que lejos de tratarse de una situación aislada como se pretendió presentar, los antecedentes conocidos hasta el momento dan cuenta de un aceitado mecanismo que, a través de fundaciones “sin fines de lucro”, se alza con millonarios recursos públicos. La coartada de estas fundaciones son las carencias de miles de familias chilenas, en particular, las privadas de todo que viven en los campamentos sin acceso a derechos elementales. Hablamos de necesidades que demandan una respuesta del Estado, que se encuentra tercerizada en fundaciones y ONGs, la mayoría de las cuales deben pasar por un proceso de evaluación y selección para que se le asignen fondos, luego acreditar el trabajo realizado y rendir cuentas, lo que no ocurre con las fundaciones fantasmas ligadas a personeros políticos. Es decir, que la progresía gobernante aprovechó los subterfugios del Estado subsidiario que decían combatir, para hacerse del dinero que debía ir a los más necesitados.
Nada nuevo bajo el sol
Este es el gobierno que se autodefinió como el de las “grandes transformaciones” pero a poco andar dejó en claro que se trata de un gobierno de continuidad en los aspectos centrales del régimen como lo son el económico y el represivo y, como no podía ser de otra manera, también en materia de corrupción. Los impolutos que venían a “recuperar al Estado para ponerlo al servicio de las mayorías”, desembarcaron en su estructura burocrática para acomodar familiares y amigxs, usar su influencia para procurar tratos preferenciales de carabineros a sus pololos [parejas], adjudicarse becas y, como ahora se descubrió, alzarse con cientos de millones que en lugar de llegar a quienes lo necesitan quedan en el camino en concepto de altos honorarios de ellos mismos, mientras la miseria de miles de familias crece. El contraste no puede ser mayor. Quienes padecemos las consecuencias de estos desfalcos somos siempre las y los trabajadores, con la desinversión en infraestructura, los problemas habitacionales o la falta de acceso a servicios básicos.
La derecha, por su parte, sin sonrojarse, se está haciendo un festín con la situación a tal grado que ya la UDI, por boca de su carta presidencial Evelin Matthei, se ha declarado de acuerdo con la definición del Partido Republicano, “el de Boric es un gobierno fallido”; con esto se habilitan una estrategia común de reemplazo. Este culebrón corruptivo del gobierno le viene como anillo al dedo porque le permite, al menos, empatar con aquellos que se asignaban una superioridad moral frente a los gobiernos de los anteriores 30 años.
Frente a una crisis que envuelve al gobierno en su conjunto, desde el oficialismo se ensaya la típica receta con la que los gobiernos intentan diluir el escándalo y, sobre todo, las responsabilidades políticas, creando una comisión compuesta por “expertos” sobre “probidad y transparencia”. Pretenden salvar a dos de sus principales ministros: el de Vivienda, Carlos Montes (PS), ya que se trata de la cartera desde la cual se asignaron los fondos a la fundación oficialista; y el de Desarrollo Social, a cargo de Giorgio Jackson, fundador y principal dirigente de RD. Todos los esfuerzos por despegarlos bajo la hipótesis de que desconocían los manejos fraudulentos, resultan inverosímiles.
Frente a la corrupción, organicémonos en forma independiente
Nosotrxs, desde la vereda de las y los trabajadores, no aceptamos la superioridad moral de unos y otros. Todos están dentro del régimen que utiliza la corrupción en sus diversas formas para servir a los intereses personales y de sus mandantes de la clase capitalista. La corrupción fluye por las venas del sistema, aceitando sus engranajes, para prolongar su dominación y particularmente en su etapa actual de decadencia. Esto nos sirve para explicarnos la desfachatez e impunidad con que operan: cada vez que el abuso se desborda nos prometen que con la próxima pomada jurídica, vendrá el definitivo renacer de su imposible transmutación ética y moral, aquí recordamos el dicho popular, “hecha la ley, hecha la trampa”.
La rebelión del 2019 fue en respuesta a la explotación a la que nos sometieron (incluidos los abusos y corrupción de todos los gobiernos) durante los 30 años de democracia tutelada y heredera de la dictadura. Es que el régimen militar y luego todos los gobiernos pseudo democráticos, robaron y coimearon en grande y salieron impunes.
La corrupción del sistema capitalista solo la puede desaparecer un gobierno de las y los trabajadores. No quiere decir ello que el pueblo trabajador permanezca ajeno. Por el contrario, debe trabajar para quemar esa etapa con más organización, conciencia y movilización, como sus métodos históricos. Poco podemos esperar de una Justicia cuyo carácter de clase la pone como último garante de la impunidad. Los jueces responden en definitiva a quienes los pusieron en sus sillones para garantizarles perdonazos y clases de ética. Para desentrañar la trama del desfalco y determinar las responsabilidades materiales y políticas se debe constituir una comisión independiente del gobierno, la oposición burguesa y la justicia del régimen, integrada por organizaciones de pobladores, luchadores por el derecho a la vivienda, comités de vecinas y vecinos de los campamentos y sindicatos, que haga una investigación popular y emita un dictamen vinculante. Pero el primer paso es que nos organicemos en forma independiente en los campamentos y poblaciones donde tendrían que haber sido volcados los fondos de la asistencia social que se robaron. Y movilizarse, para reclamar el inmediato resarcimiento por el Estado, para ser usados dichos fondos en los objetivos populares, bajo control directo de las asambleas y comités de vecinas y vecinos. ¡Basta de intermediación corrupta! Además, planteamos un plan genuino de obras públicas que dé respuesta a la necesidad de miles a una vivienda, acceso a redes cloacales y de provisión de agua potable, pero bien lejos de las garras de quienes negocian y roban con nuestras carencias, es decir, bajo control de las y los trabajadores. No olvidemos que han sido lxs trabajadorxs del Ministerio los que han sacado a luz el robo organizado de los “amigos” de Boric, directamente contra el pueblo trabajador más explotado.
El estamento dirigencial nuevo que se suponía superador de los 30 años sólo ha renovado las viejas prácticas corruptas. Su tibio programa electorero no es más que la continuidad neoliberal de las tres décadas despreciadas por la mayoría de chilenxs. Es tarea indispensable del conjunto de la clase trabajadora romper con este régimen de corruptos y su trama de negociados a costa del desarrollo del país y de las condiciones de vida de la población laboriosa. Bajo todos los gobiernos capitalistas la corruptela es la norma, pero solo una ínfima cantidad de hechos son investigados y menos aún condenados. Lxs trabajadorxs debemos mantener una posición independiente respecto a los bandos políticos capitalistas ladrones. Frente a la mugre de las camarillas capitalistas, la izquierda y la clase obrera deben emerger como alternativa con su propia fisonomía y programa. Elección de jueces y fiscales, revocables por mandato popular. Fuera el régimen de corruptos. Por un gobierno de las y los trabajadores.
7 de julio
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