La jueza de primera instancia de Nueva York, Loretta Preska, determinó el viernes que el Estado nacional argentino deberá pagar unos 16.000 millones de dólares al fondo buitre Burford Capital por la estatización de YPF en 2012.
Los jueces estadounidenses habían dictaminado que la estatización de YPF se debería juzgar en ese país, pues la empresa continúa teniendo la figura legal de una Sociedad Anónima que cotiza en la Bolsa (New York Stock Exchange, NYSE, de Wall Street), con el 49% de sus acciones en manos del sector privado. En el medio del proceso de apelaciones, correrán intereses por cerca de U$S 1500 millones por año. Así, el imperialismo continúa valiéndose del esquema de privatización, que mantuvieron todos los gobiernos, para saquear los recursos nacionales.
El fondo actualmente litigante compró por unos u$s 15 millones a los Eskenazi, viejos socios del kirchnerismo, los derechos de demandar al país en los tribunales internacionales por supuestos perjuicios ocasionados con la expropiación de las acciones de Repsol en YPF en 2012. Las malas lenguas hablan de una sociedad con Buford en la cual los Eskenazi cobrarían hasta un 30% de las indemnizaciones.
El parasitismo privado y la malversación manifestó su primer síntoma cuando el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, había ingresado en 2008 a YPF mediante créditos sindicados con bancos del exterior, que fue repagando con el giro de ganancias de la petrolera, un fraude que fue adornado con el entonces relato oficial K sobre la “argentinización” de YPF. El mecanismo se cortó cuando Petersen no pudo sacar más utilidades y fue a la quiebra.
El grupo empresario, junto a Repsol, fue agente de la privatización durante el menemismo que llevó al vaciamiento total de YPF, lo que se manifestaba en una gran caída de la producción y de la inversión. Mientras tanto, los Kirchner se encontraban gobernando Santa Cruz y eran cómplices de las privatizaciones. Además el grupo Ezkenazi es dueño del Banco Santa Cruz, ampliamente denunciado por el lavado de dinero de la corruptela.
El Estado le permitió, a Repsol y a los Eskenazi, girar dividendos al extranjero por encima de lo permitido, viabilizando el vaciamiento de la empresa y el pago de la deuda que estos habían adquirido. Con la expropiación le pagó una indemnización usuraria a Repsol, para lo cual Estado argentino debió endeudarse U$S 6.000 millones.
Esta política no fue para recuperar la soberanía sobre YPF, como presentaba el kirchnerismo, sino para asociarse e impulsar la explotación de Vaca Muerta con empresas multinacionales, empezando por la yanqui Chevrón, una de las más grandes del mundo, y con la cual firmaron un acuerdo secreto donde le ofrecían ventajas económicas que no tenía ninguna otra empresa de la economía argentina. Hoy están haciendo un negocio exportando, con bajas retenciones y regalías, mientras los consumidores son víctimas de naftazos y tarifazos.
Años después tenemos a la luz las consecuencias de esa operación que, como denunció el Partido Obrero, fue una reprivatización que mantuvo a la empresa como una sociedad anónima cotizando en la bolsa de Nueva York, algo de lo que hoy se vale el tribunal yanqui para esgrimir el fallo contra el país y por lo que Argentina deberá pagar el fallo más millonario de la historia a un buffet de abogados buitres.
A pesar de los grandes discursos de los nacionales y populares sobre la soberanía energética, YPF fue cargada con la factura que representaban las importaciones y la crisis energética no hizo más que acentuarse pasando incluso por períodos de desabastecimiento. Actualmente este esquema se mantiene pero además, mientras las petroleras presionan por trasladar los precios internacionales al mercado interno y la población percibe nuevos tarifazos en las naftas, son beneficiadas con exenciones impositivas y beneficios cambiarios. En estas condiciones de saqueo capitalista, la finalización del gasoducto Néstor Kirchner podrá equilibrar la balanza energética con el exterior pero no favorecer una verdadera soberanía nacional, sino que garantizará las ganancias de las multinacionales para que estas sean giradas al extranjero.
En contrapartida, también se verifica que las privatizaciones, que hoy promueven Milei y la derecha, fueron en el pasado únicamente una vía libre a los negociados capitalistas, que se beneficiaron con el desguace de las empresas y le transfieren el costo a la nación y los consumidores.
La situación además vuelve a poner de manifiesto la subordinación del régimen jurídico, político y económico argentino respecto de la legislación y la jurisprudencia internacional, que avala todas las maniobras fraudulentas del capital financiero. No es casual que la jueza a cargo sea Loretta Preska, la misma que le ordenó a la Argentina que le pague U$S 138,3 millones a bonistas que compraron la deuda defaulteada en 2001 y litigaron contra el país. Estos forman parte de toda una saga de fallos contra la Argentina que fueron sistemáticamente pagados tanto por los Kirchner como por el macrismo, y cuyos capítulos más salientes fueron los juicios de las privatizadas en el Ciadi (tribunal del Banco Mundial) y el fallo buitre del juez Griesa.
De este laberinto solo se puede salir quebrando los estrechos límites que imponen los intereses capitalistas y el saqueo del país. En lugar de privatizaciones y reprivatizaciones (con épica de estatización), para tomar las riendas hace falta una nacionalización integral bajo control obrero, sin indemnizar a los vaciadores y dirigida hacia una planificación productiva en función de los intereses sociales y nacionales de Argentina, en el marco de un plan económico para terminar con la colonización del capital financiero. Ello requiere la dirección de la clase obrera.
Camila García
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