La resolución es contradictoria: insta a Tel Aviv a tomar “las medidas necesarias para evitar un genocidio”, a “castigar” su incitación, y permitir el ingreso de la ayuda humanitaria al enclave costero, entre otros puntos, pero no plantea el cese al fuego ni el fin de las operaciones militares y bombardeos israelíes, que son las herramientas con las cuales se está perpetrando una masacre que ya dejó más de 26 mil muertos, mayoritariamente mujeres y niños.
Para tratar de desarmar esta contradicción, la ministra de relaciones exteriores de Sudáfrica, que es el país que presentó la denuncia ante el organismo en diciembre, interpretó que el fallo demanda un cese al fuego implícito, puesto que el ingreso de la ayuda humanitaria y la prevención de un genocidio requerirían, inevitablemente, la suspensión de las operaciones militares por parte de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI). Pero lo cierto es que los ataques no se detendrán.
Debido al carácter de la resolución, su recepción fue objeto de valoraciones disímiles. La Autoridad Palestina la saludó como una demostración de que ningún país está por encima de la ley, en tanto que Hamas la valoró como una decisión que contribuye a aislar a Israel y poner en evidencia sus crímenes. No obstante, como no establece un cese al fuego, punto que era reclamado por la presentación sudafricana, sus promotores reconocen cierto sinsabor. Y, en el caso del pueblo de Gaza, fue recibida directamente con “frustración y resentimiento”, según el corresponsal de Al Jazeera en Rafah, Hani Mahmoud.
En el caso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró que no impone un alto al fuego, pero criticó el resto de las medidas, repitiendo el argumento insostenible de que Israel no estaría cometiendo un genocidio sino ejerciendo un derecho a la autodefensa.
El tribunal de Naciones Unidas, integrado por diecisiete magistrados de diferentes países, no resolvió la cuestión de fondo. De aquí en adelante, se abre un período prolongado en que Sudáfrica deberá fundamentar las acusaciones contra Israel, y en que Tel Aviv puede interponer recursos que dilaten el proceso. Un fallo definitivo podría demorarse durante años. A la vez, si bien las resoluciones del TIJ son vinculantes, Israel, que cuenta con el apoyo del imperialismo yanqui, no tendrá mayores reparos en desconocerlas.
En su presentación, Sudáfrica asegura que Israel infringe el artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948), de la que Tel Aviv es signataria, y que lo define como un acto ejecutado “con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
Esta definición encuadra a la perfección con las operaciones israelíes, que han destruido o afectado a la mitad de los edificios del enclave; que atacan sistemáticamente hospitales, escuelas y centros de refugiados; que desplazaron al 80% de los habitantes de sus hogares; y que están acompañadas de un bloqueo que dejó a la región al borde de la hambruna, sin combustibles ni medicinas. Ahora, además, con el invierno, la lluvia y el frío, para una población que no dispone siquiera de mantas, termina de configurarse un cuadro inhabitable en el enclave costero, en el que, además, proliferan las enfermedades infecciosas debido a la falta de agua y a los cadáveres que se pudren bajo los escombros. Por lo demás, funcionarios del gobierno israelí plantean abiertamente el desplazamiento masivo de la población de Gaza hacia otros territorios, y Netanyahu no descarta una reocupación territorial.
Más allá del valor propagandístico que pueda tener la denuncia sudafricana, la detención del genocidio es impensable en los límites de la diplomacia internacional y las Naciones Unidas. Todo dependerá de la propia resistencia del pueblo palestino, de la solidaridad activa de los pueblos del Medio Oriente, y de la movilización popular a nivel mundial.
Gustavo Montenegro
No hay comentarios.:
Publicar un comentario