Cuando finalmente se produjo el triunfo de Milei y su asunción al gobierno, Jaldo fue el primer gobernador justicialista en desearle éxito y mostrar las medidas adoptadas en Tucumán acordes a los anuncios de ajuste contra los trabajadores a nivel nacional.
Con el envío del proyecto de ley ómnibus y diversas disposiciones que afectaban a la producción citrícola, azucarera y del bioetanol, se produjo un choque. Jaldo salió con los tapones de punta a reclamar la eliminación de todo tipo de retenciones a la actividad citrícola y sus derivados, a lo que el gobierno nacional accedió. De la misma manera decidió dar marcha atrás con la derogación de la ley azucarera, que entre otras cosas protege con aranceles especiales la posibilidad de importación de azúcar. En relación a la producción de bioetanol, en la ley ómnibus se desregulaba la producción y se abría la puerta para que las empresas petroleras pudieran ingresar al negocio. El tema aún está en discusión. Se ha acordado que se mantiene por ahora el porcentaje del 12% como componente de las naftas, sigue abierto el reclamo de la proporcionalidad del 6% proveniente como derivado de la producción azucarera y 6% de la producción de maíz, el precio y la injerencia de las petroleras en el negocio.
En este marco de negociaciones y con la promesa de restitución de fondos por 120 mil millones de pesos como resultado de la reversión del impuesto a las ganancias, la revisión del plan de obras públicas y la promesa de autorizar, por vía del Banco Central, que los bancos provinciales locales puedan otorgar créditos al gobierno para cubrir posibles desequilibrios de las cuentas, que Jaldo salió a cruzar al gobernador de La Rioja, Quintela, declarando que en Tucumán no iba a ser necesario implementar la emisión de cuasimoneda.
Finalmente, Jaldo ordenó a los representantes del oficialismo tucumano que votaran a favor del dictamen con las modificaciones que se habían acordado hasta ese momento. Si bien el único que podía proceder en ese sentido era el diputado Agustín Fernández (que integra la comisión de Hacienda y Presupuesto), era una señal de que, en la sesión plenaria de Diputados, el proyecto iba a tener los votos de los cinco diputados nacionales peronistas por Tucumán. Sin embargo, el giro jaldista autoproclamándose como parte del peronismo “dialoguista” precipitó una crisis, pues dos de los diputados -Yedlín y Cisnero- declararon que se oponían a la ley ómnibus. El gobierno tucumano decidió impulsar la conformación de un minibloque provincial, denominado “Independencia”, conformado por tres diputados con la pretensión de usarlos en nuevas negociaciones con el gobierno nacional.
Paralelamente, las cámaras empresariales de la provincia -Federación Económica de Tucumán (FET), la Unión Industrial de Tucumán (UIT), la Acnoa (la Cámara que agrupa a los empresarios del limón)- salieron a atacar el paro del 24. El gobierno de Jaldo comenzó a aplicar el protocolo represivo de Milei y Bullrich con retenes donde se demoraba y se identificaba a los pasajeros de los ómnibus que pudieran llevar asistentes a la concentración prevista en la Plaza Independencia. La fuerzas federales y provinciales desalojaron y detuvieron a trabajadores limoneros que estaban cortando la ruta 38 en la localidad de Lules.
Jaldo justifica este giro declarando que de la misma manera procedió Manzur cuando el gobierno era presidido por Macri, ordenando a los representantes peronistas tucumanos en el Congreso que debían apoyar diversos proyectos de ley del oficialismo a cambio de ayudas financieras y de apoyo a demandas de los grandes capitalistas locales.
Daniel Blanco
25/01/2024
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