En efecto: según figura en el nuevo proyecto, el gobierno ”va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo. Pero desde abril se implementará una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC”. Esto significa que los haberes de marzo serán ajustados de acuerdo a la actual ley de movilidad jubilatoria, que ajusta los haberes por un mix entre la variación de la recaudación del Anses y la de los salarios formales durante el trimestre anterior —en este caso, sería el cuarto trimestre de 2023-.
Esta fórmula, que no incluye a la inflación, vino deprimiendo fuertemente los haberes jubilatorios. De un modo general, los salarios —que intervienen en la determinación del índice de movilidad— han perdido frente a la inflación. Incluso para aquellos salarios que se corrigen regularmente, el aumento paritario corre por detrás del aumento de los precios: por lo tanto, los índices salariales reflejan con retraso a la inflación, la cual, además, fue siempre en ascenso. Lo mismo vale para los ingresos de la seguridad social, que también se relacionan con el haber de los trabajadores activos. Como consecuencia de ese desfasaje, los haberes jubilatorios cayeron en 2023 entre un 14 % la mínima -que recibió la compensación de los bonos- y un 32% las de mayor monto.
Este efecto demoledor sobre la movilidad jubilatoria se potenció fuertemente en el cuatro trimestre del año, cuando la inflación acumulada -teniendo en cuenta a un diciembre con 25,5 % de aumento- llegó al 46 %. Aunque todavía no se cuenta con los datos completos para calcular la movilidad del cuarto trimestre, una estimación razonable la ubica entre el 25 y 30 % considerando la evolución de salarios y de la recaudación de Anses respecto del trimestre anterior. ¿Qué tenemos entonces? Pues una caída esperada en el poder de compra de los haberes de entre un 15 y 20 %, gracias a la “movilidad jubilatoria” de Martín Guzmán, Massa y los Fernández (pero aplicada por Milei, según parece, por última vez).
Ahora bien, sobre esa base deprimida, la nueva ley ómnibus prevé actualizaciones mensuales con el índice de precios…pero a partir de abril, y con el “último dato de inflación disponible”, que será para ese momento el dato de febrero. En el medio, entre la vieja y la nueva movilidad, se “comen” la inflación de enero, a la cual Milei califica como “éxito” si sólo llegara al 25 %. En consecuencia, la nueva ley ómnibus sanciona una pérdida real del orden del 40 % en los haberes jubilatorios. Ningún bono -como los que se anuncian en febrero para los haberes mínimos- puede paliar semejante despojo. Sobre esta base ultradeprimida recién se “respetaría” la indexación de acuerdo a la inflación, pero desde abril.
Hay que agregar, sin embargo, que el proyecto de ley le otorga la delegación de facultades al Ejecutivo por un año. De esa delegación, el gobierno ha retirado algunas facultades —Defensa y Social—, pero no los aspectos tributarios y previsionales, entre otros. Eventualmente, no vacilarán en derogar incluso a la devaluada indexación mensual que se prevé para los haberes a partir de abril, para apelar a aumentos por decreto.
Mientras se perpetra esta confiscación a jubilados, el gobierno ha concedido a los diferentes lobbies capitalistas de las provincias, en relación a la ley de pesca, retenciones regionales y otros aspectos del interés de los gobernadores, justicialistas o no. Es evidente, entonces, que el robo previsional que se está por perpetrar ha sido largamente “conversado” con la llamada oposición dialoguista.
Marcelo Ramal
22/01/2024
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