Para atenuar sus efectos, antes de irse, mientras bajaba planes sociales y cancelaba hasta la vianda de Navidad de los comedores populares, el gobierno de Alberto Fernández -un besamanos consuetudinario del Papa- “habilitó a arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez a solicitar de manera particular la asignación prevista en la ley”, según informó la Conferencia Episcopal.
Es importante prestar atención a la frase “que se asignaba mensualmente a los obispos” porque la Iglesia seguirá recibiendo enormes recursos del Estado, disimulados detrás de una maraña de leyes, decretos y beneficios impositivos que vuelve casi imposible calcularlos. En el año 2018 -en medio de las escaramuzas por el debate sobre el aborto- el gobierno de Macri informó que llegaban a 3,5 millones de dólares anuales.
La “renuncia” fue presentada como un avance en la separación entre la Iglesia y el Estado. Patrañas. En principio, el clero ha renunciado solo al decreto 21.950 de Videla, el que paga el sueldo a los obispos y que no representa más de 190 millones de pesos.
Siguen vigentes el 21.540, que dispone que los obispos eméritos -retirados- cobren el equivalente al 70% del sueldo de un juez nacional de primera instancia. El 22.162, por el cual los curas de parroquias de frontera o “zona desfavorable” cobran un sueldo de la categoría 16 de la administración pública nacional. Y el 22.430, que establece que los curas que ejercieron al menos cinco años** reciban una asignación mensual vitalicia **equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia. Todos firmados por Videla.
También se mantiene el decreto 22.552, de Galtieri, por el cual los sacerdotes que cubren vacantes en arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías y exarcados también cobran el 80% del sueldo de un juez. Y el 22.950, de Bignone, por el cual la Iglesia Católica recibe por cada seminarista el equivalente al sueldo de la categoría 10 de la administración pública nacional. Ya durante el gobierno de Alfonsín, la ley 22.950, de octubre de 1983, ordena que el Gobierno contribuya “a la formación del clero diocesano”.
Solo en salarios cobran del Estado, según las Organizaciones Laicistas Argentinas, 153 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1.100 seminaristas, por un total de 202.072.246 pesos estipulados en el Presupuesto 2023.
Pero el grueso de los aportes no está en los “salarios”. Una rigurosa investigación de Eduardo Blaustein sobre cómo se financia la Iglesia Católica reveló que “lo abrumadoramente sustancial de lo que el Estado invierte en el sostenimiento de la Iglesia no pasa por los millones derivados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sino por los miles de millones que van a escuelas confesionales”.
Según Horacio Verbitsky, “aunque la Iglesia Católica oculta los detalles como si se tratara de un secreto de confesión, esa suma está entre 600 y 1.000 millones de dólares anuales. De allí se derivan fondos en forma clandestina para sufragar el funcionamiento eclesiástico, algo que ya denunció Perón hace ocho décadas” (Cohete a la Luna 7/1).
Esta transferencia carece de control porque “desde que en los ’90 se descentralizaron los recursos, el Ministerio de Educación de la Nación no destina recursos con eventuales destinos a privada o pública. Los fondos van a las provincias y éstas deciden su distribución”.
A los salarios y la transferencia vía Educación se deben sumar las exenciones fiscales -que llegan hasta los centros deportivos y salas culturales de la Iglesia e incluyen el no pago de ingresos brutos y ganancias-, otros subsidios educativos y diversas ayudas de carácter nacional, provincial y municipal que perciben la Iglesia católica y sus instituciones.
Por ejemplo: el financiamiento para la faraónica remodelación de sus propiedades en concepto de “obras públicas”: la costosísima restauración de la Basílica de Luján, que inauguró Néstor Kirchner, o la de la Iglesia de San Francisco en la ciudad de Buenos Aires.
El Estado también ha cedido numerosos terrenos, edificios públicos y otros inmuebles que engrosan el inmenso patrimonio inmobiliario con el que cuenta la Iglesia, sin pagar ningún impuesto.
La extraordinaria transferencia de recursos del Estado a la Iglesia durante la dictadura debe leerse como una devolución de favores de las Fuerzas Armadas a su socia privilegiada durante el terrorismo de Estado. La Iglesia no solo distribuyó bebés nacidos en cautiverio sino que ofreció apoyo espiritual en los propios campos de exterminio a los torturadores y a quienes arrojaban desde los aviones a los desaparecidos. No era una alianza local sino avalada desde el Vaticano. Pio Laghi, el nuncio apostólico, era asiduo visitante de los campos de concentración y solía jugar al tenis con Massera.
Los gobiernos democráticos mantuvieron y ampliaron este andamiaje, y lo extendieron a las iglesias evangélicas. E hicieron la vista gorda ante las denuncias de abusos y violaciones en las instituciones educativas clericales. En octubre, la Justicia mendocina absolvió a 9 acusadas de participar en actos de violencia física, psicológica y sexual contra 36 niños, niñas y adolescentes sordos internados en el Instituto Provolo en Mendoza.
La participación de agentes del clero y pastores evangélicos es creciente en el aparato del Estado y transversal a los bloques patronales en el Congreso. La prédica de sometimiento y resignación ante las desgracias de la “vida terrenal” en las barriadas, la injerencia clerical en las direcciones de los movimientos de desocupados y sindicales -desde la CGT a la CTA- son sólo otras de las muchas áreas donde la Iglesia funciona como escudera eficaz del régimen social.
El gobierno de Milei también lo sabe. Por eso el Ministerio de Capital Humano y de Salud están controlado por agentes del Vaticano y de las iglesias evangélicas.
Olga Cristóbal
07/01/2024
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