El gobierno nacional no solo ataca la cobertura de medicamentos del Pami con recortes “oficiales” sobre cientos de medicamentos necesarios para el día a día de los adultos mayores, sino que ejecuta un ajuste “silencioso” sobre otros remedios, no informado, que impacta en los bolsillos de las y los jubilados, carcomiendo aún más un escaso poder adquisitivo y poniendo en riesgo la salud de millones de personas.
Es lo que está ocurriendo actualmente con la denuncia de pacientes y farmacéuticos respecto a modificaciones no informadas en la cobertura de ansiolíticos como el clonazepam, estatinas (para el colesterol) y otros medicamentos como los que contienen risedronato, indicado para la salud de los huesos.
El Pami cuenta con diversos programas con distintos niveles de cobertura, que son objeto predilecto del ajuste presupuestario del gobierno nacional. El plan Vivir mejor cuenta con descuentos del 100% en medicamentos, seguido por el plan de cobertura ambulatorio, con descuentos de entre el 50% y el 80%, y por último los remedios de “uso eventual”, con descuentos del 40%.
El gobierno viene apelando a distintos mecanismos para excluir cientos de medicamentos más que necesarios de estos tres niveles de cobertura. Este es el caso de los medicamentos de la familia de los “prazoles” (omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol), donde el gobierno presionó a la Anmat para que los declare bajo la condición de “venta libre”, lo que a su vez implicó su salida del listado de cobertura con 40% de descuento.
En este caso se trata de un medicamento que utiliza alrededor de un cuarto de los jubilados para combatir la acidez, y que ahora tendrán que abonar el precio completo, repercutiendo en una caída de su consumo o en restricciones económicas para el acceso a otras medicaciones.
Los ajustes sobre la cobertura del Pami ya son moneda corriente bajo este gobierno, y se dan en el marco de una fuerte liberalización de los negocios de la medicina privada, incluyendo a las farmacéuticas y laboratorios que producen e importan medicamentos.
Se trata de un negocio que se monta sobre gastos que difícilmente una persona pueda postergar y/o reducir, más cuando se trata de adultos mayores con distintas convalecencias.
Las políticas de Javier Milei han llevado a un salto en la facturación interanual de la industria farmacéutica superior al 326%, según datos del Indec, comparando el segundo trimestre de 2024 con igual periodo del 2023, lo que da cuenta de una suba generalizada de los precios y mayores negocios para los capitalistas del sector.
Un reciente informe de Cepa estimó que los 10 medicamentos que más subieron interanualmente lo hicieron a razón de un 386% en promedio. En los primeros nueve meses de gobierno de Milei los medicamentos que más usan los adultos mayores subieron sus precios un 188,2% promedio.
Para el caso de los jubilados esto se combina con ingresos de indigencia, con una jubilación mínima de tan solo $234.540, lo que obliga a que sin cobertura muchos jubilados tenga que elegir ente la medicación recetada a consumir y/o medicarse a costa de una mala alimentación u otras privaciones del tipo.
Este gobierno se ha declarado enemigo número uno de los jubilados, los trabajadores y las mayoría explotadas, exponiendo a cada vez más sectores no solo al hambre sino a un deterioro grave en su salud y sus tratamiento. Hay que derrotarlo con la movilización popular para recomponer nuestros ingresos y garantizar una salida en los términos de las mayorías explotadas.
Marcelo Mache
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