Como complemento de un programa económico en beneficio del gran capital, el gobierno de Javier Milei impulsa una redefinición del papel de las Fuerzas Armadas mediante reformas legales que amplían su participación en la protección de “objetivos estratégicos”. Estos objetivos incluyen represas, infraestructuras críticas y, potencialmente, dada la amplitud jurídica de la formulación del decreto, los grandes proyectos mineros que el Ejecutivo busca atraer a través del Rigi (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).
El gobierno impulsó los decretos 1107/2024 y 1112/2024, que habilitan una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Por un lado, el 1107 define el concepto de “Objetivos de Valor Estratégico” (OVE): según este decreto, puede ser “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas… de vital importancia para el Estado nacional” cuya afectación generaría “graves perjuicios a la vida, la economía, el ambiente o la seguridad de la Nación”. La calificación de esos OVE, sobre los que podría actuar el Ejército, es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional.
El modelo extractivista impulsado por el gobierno de Milei y acompañado por todo el arco político patronal va de la mano de una reconfiguración del Ejército. La intromisión de empresas extranjeras en los negocios sobre territorios ricos en litio, cobre, tierras raras y recursos energéticos podría reactivar disputas territoriales ya conocidas en Argentina: resistencia de comunidades originarias muy arraigadas a su tierra natal, tensiones por el agua de esas tierras, conflictos laborales en las urbes periféricas, protestas socio-ambientales y reclamos contra posibles impactos ecológicos. Si ese nuevo mapa de conflictividad se encuentra con un aparato de seguridad fortalecido y con Fuerzas Armadas desplegadas sobre el territorio bajo la figura de “custodia estratégica”, cualquier manifestación o acción de lucha popular podrá ser reprimida. Ya hubo precedentes en este sentido: el asesinato de Santiago Maldonado, que luchaba por los derechos del pueblo mapuche, bajo el gobierno de Macri.
Los recientes ejercicios militares de gran escala (Ejercicio Libertador) que pusieron a prueba la FDR (Fuerza de Despliegue Rápido) en Chaco y Formosa -sumado al incremento del presupuesto de Defensa-, por ejemplo, se inscriben en el intento de garantizar condiciones de seguridad para las inversiones extractivistas que comenzarían a profundizarse en los próximos años. La FDR es una unidad operativa del Ejército dedicada a la movilidad estratégica y la capacidad de desplegar rápidamente fuerzas en distintas partes del territorio nacional. Esta fuerza fue creada en 2011 por el gobierno de Cristina Kirchner.
Su conformación incluyó unidades como la IV Brigada Aerotransportada, la X Brigada Mecanizada y la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales (AFOE). En sus primeros años, el comando de la FDR se instaló en Campo de Mayo, entre 2011 y 2012, antes de su traslado a Córdoba. Su diseño operativo la define como una unidad de alta disponibilidad: modular, con gran flexibilidad orgánica, preparada para responder rápidamente ante crisis o contingencias. Durante la gestión de Luis Petri, esta fuerza experimentó un desarrollo armamentístico y mecánico mediante adquisiciones de vehículos terrestres y aéreos provenientes de Estados Unidos y Dinamarca.
Por otro lado, el 1112 actualiza la “visión de amenazas”: no solo habla de agresiones externas (otros Estados), sino también de “organismos paraestatales”, “organizaciones terroristas” u “otras organizaciones trasnacionales” como posibles amenazas que justifican el uso de las FFAA. Permite que las FFAA vigilen/controlen “espacios terrestres, marítimos, fluviales, aeroespaciales, ciberespacio y el espectro electromagnético (radio frecuencias)”. Cabe mencionar, además que se autoriza en sus disposiciones a que las FFAA realicen “aprehensiones transitorias” de personas que cometan delitos bajo ciertas condiciones. Esto es impulsado por un gobierno que llegó a calificar de terroristas a personas que se manifestaron contra la Ley Bases.
En este marco, el gobierno viene aumentando el presupuesto de defensa. Si registramos el presupuesto publicado en 2025 veremos una cifra de 2.200 millones de dólares, lo que según InfoGate representa aproximadamente el 0,31% del PBI. Esta política se vio en el ejercicio Libertador, un entrenamiento militar que alista al FDR y otras fuerzas articulando logística y mecánica, poniendo a prueba toda la capacidad del Ejército en lo que se puede definir como un simulacro de invasión en la frontera norte del país. Nunca antes se había realizado un ejercicio tan grande y ambicioso. El ejercicio que el ejército se propone sostener como rutina anual tiene una duración de 35 días, y en él participan alrededor de 3 mil efectivos.
Por otro lado, el gobierno se propuso a adquirir 209 vehículos blindados a ruedas 8x8 de diferentes variantes para su FDR, y 24 “F-16” (Caza de combate de cuarta generación).
El aumento del presupuesto y las maniobras militares mencionadas muestran los intereses de clase que el gobierno defiende. Milei busca introducir completamente a las Fuerzas Armadas en la represión interna, para usarlas contra los trabajadores que lleven adelante piquetes o luchas en sus lugares de trabajo o movilizaciones en general. Se trata de un plan de represión al servicio de hacer pasar el plan de reformas estructurales que reclama la clase capitalista. Cabe destacar que la oposición patronal es cómplice de esta orientación, toda vez que dejó pasar los decretos mencionados.
En este contexto, por otra parte, acaba de asumir al frente de Defensa el general Carlos Alberto Presti. Será el primer militar en ejercer como ministro de Defensa desde 1983. Presti, un impulsor de la campaña por la "memoria completa" del gobierno, fue uno de los impulsores del entrenamiento intensivo de las FDR. Se trata de un hombre con una gran trayectoria, que además viene de una familia militar; su padre fue un genocida de la dictadura de Videla y murió impune gracias a la ley de Obediencia Debida alfonsinista.
Derrotemos al gobierno represor con la movilización popular.
Ángel Damián
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