Hoy como nunca antes El Salvador ha conmemorado el 30 aniversario del asesinato del Arzobispo Oscar Arnulfo Romero; en parte, porque por primera vez organismos del estado se han sumado a una acción que los años anteriores el pueblo había conservado en las diferentes etapas que este país centroamericano ha debido transitar. Primero, en el fragor del conflicto armado en que recordar al obispo mártir era aún arriesgado. Luego de la firma de los acuerdos de paz, en la marginalidad, por ser ignorada esta efeméride por el gobierno y sectores políticos de derecha a quienes nunca les interesó recordarla.
Por ello tiene un gran valor que se hayan realizado innumerables actividades en recordación al más universal de los salvadoreños, desde galas artísticas, peregrinaciones, vigilias, exposiciones, misas y cultos ecuménicos; y con el agregado de actos organizados por el gobierno de Mauricio Funes, quien igualmente ha pedido perdón en nombre del estado, por su responsabilidad en haber favorecido la existencia de los escuadrones de la muerte y no haberlos investigado, ni llevado ante la justicia a los autores del magnicidio que conmovió al país y el mundo.
Además, la participación popular ha sido más activa y numerosa, demostrando la pérdida del miedo y el auge del interés, en especial de parte de los jóvenes, por conocer quién fue Monseñor Romero, por qué lo mataron y quiénes fueron los responsables. Nadie duda que cada día que pasa sea más admirado y respetado en el mundo, donde también ha sido recordado. Monseñor Romero fue leal hasta la muerte con su pueblo, por defenderlo valientemente en momentos que era cruelmente reprimido por la dictadura militar, y su última homilía, precisamente un día antes de ser asesinado, muestra su grado de compromiso.
Pero hay un hecho muy trascendental que ha ocurrido también esta semana al publicarse un trabajo de investigación del periódico digital El Faro, que ha permitido conocer de la confesión de uno de los participantes del operativo para ejecutar la muerte de Monseñor Romero, y se trata del ex capitán Álvaro Saravia, quien formaba parte de un escuadrón de la muerte dirigido por el mayor Roberto D’Aubuisson.
Por primera vez un implicado directamente acepta su participación, y que fue el fundador del partido Arena quien le ordenó colaborar con el crimen, facilitándole transporte al asesino, de quien aún se desconoce su nombre, pero que se ha sabido provenía de otro escuadrón de la muerte dirigido por un hijo del ex presidente Arturo Armando Molina, - en el período de 1972 a 1977 -; además, Saravia confirmó que fue D’Aubuisson quien le mandó a pagar 1000 colones de la época – unos 400 dólares de entonces – a quien disparó contra el obispo ese 24 de marzo de 1980.
El que se haya confirmado lo que se sabía por otras investigaciones – entre ellas la de la Comisión de la Verdad – con relación a la autoría intelectual, constituye una especie de conformidad de carácter moral y desagravio para el pueblo que aún lamenta y llora la muerte de Monseñor Romero. Pero con mayor razón, abre la posibilidad más cercana que se profundice la investigación y se descubra a todos los responsables y autores de este repugnante acto de barbarie.
José Mario Zavaleta
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