Ante la detención del compañero Manuel Olate, militante del Partido Comunista chileno, y su pedido de extradición por parte del narcogobierno colombiano, el día 30 de Octubre, acusado de ser enlace entre las FARC-EP y la Coordinadora Arauko Malleko, la publicación libertaria Hombre y Sociedad, toma la siguiente posición:
1. Repudiamos esta acusación que no es sino una amenaza en contra de los luchadores sociales y revolucionarios en el continente. Por lo mismo, la identificamos como una amenaza que forma parte de la "guerra total" que libra el Estado colombiano en contra de la histórica resistencia campesina en ese país. Una guerra que se compone de elementos militares, terroristas, ideológicos, mediáticos, políticos y también jurídicos -esta estrategia se conoce gracias a los documentos filtrados del DAS, la policía política colombiana, en la cual se instruye a sus testaferros a impulsar una política de "guerra jurídica" contra los opositores al régimen terrorrista de ese país-. Entendemos entonces esta captura y pedido de extradición, no como un procedimiento jurídico normal, sino como una estrategia bélica impulsada por el actual gobierno de Santos, continuador de la violencia de Estado.
2. Que no es un procedimiento jurídico normal, lo cual se desprende de la confusión entre el gobierno chileno y colombiano sobre los procedimientos legales, las acusaciones, etc. Acá es claro que: se está utilizando a Manuel Olate como un chivo expiatorio, se está generando gran confusión en torno al caso, y en ese río revuelto, ambos gobiernos tratan de hacer ganancia a manos llenas: el gobierno de Colombia, agrediendo a quienes se solidarizan con la causa política de la insurgencia; el gobierno chileno, agrediendo políticamente a la resistencia chilena y mapuche en nuestro territorio; y el gobierno de los EEUU, que sin duda actúa tras bambalinas en este embrollo, agrediendo a militantes internacionalistas del movimiento bolivariano.
3. Las pruebas utilizadas para la acusación son espurias -basadas en los "súper" computadores del fallecido comandante guerrillero Raúl Reyes, que supuestamente habrían sobrevivido un bombardeo de proporciones apocalípticas. Además, en otra ocasión Interpol ha declarado que la supuesta evidencia contenida en estos computadores no puede ser probatoria, debido a que no existe certeza de que los documentos que el gobierno colombiano dice haber encontrado en ellos, no hayan sido manipulados. Los computadores de Reyes son un sombrero de mago que el gobierno de Santos ha utilizado a su antojo para perseguir a quienes considera personas molestas -todos los casos basados en esta espuria evidencia han caído por su propio peso, pero el efecto intimidatorio y de desgaste de la oposición, es lo que realmente se busca con esta nueva linea impulsada.
4. A Manuel Olate se le acusa de ser un enlace de las FARC-EP, es decir, se le acusa por sus simpatías políticas hacia un movimiento insurgente que tanto EEUU y la UE reconocen como "terrorista" (en una lista caprichosa y sin base jurídica, elaborada en medio de la histeria colectiva que siguió a los atentados del World Trade Centre, supuestamente realizados por Al-Qaeda), pero que no ha sido reconocido como tal, ni por el gobierno de Chile, ni por las organizaciones continentales de las que este gobierno hace parte. Como tal, la detención y la causa de su procesamiento, no tienen ninguna legitimidad jurídica. Más aún, se procede de una manera completamente arbitraria, saltándose la supuesta separación de los poderes del Estado (particularmente, la independencia del aparato jurídico), sin bases legales, procediendo mediante una culpabilidad mediante "linchamiento mediático". Este proceso clásico de persecución política retrata de cuerpo entero a los Estados colombiano y chileno y su Estado de derecho.
5. La acusación de ser enlace entre el pueblo mapuche y la insurgencia colombiana es irrisoria. Desconoce el carácter del pueblo mapuche que no acepta representaciones externas. Como hemos dicho, esta acusación no es sino el capital político que el gobierno de Piñera trata de sacar de este favor que le hace a su aliado colombiano, intentando, de paso, revertir la legitimación ganada por los peñis en la última huelga y darle continuidad a su política de criminalización del movimiento social y demás formas de resistencias al régimen neoliberal.
6. Sobre el pedido de extradición, en base a algo que en Chile no es formalmente un delito político (simpatías hacia la insurgencia colombiana), expresamos nuestro más profundo rechazo. En Colombia no existen ni existirán garantías para un debido proceso: la prueba, son los 7.500 presos políticos que en se pudren todos los días en las prisiones colombianas, en condiciones espantosas, sometidos a toda clase de vejaciones y torturas, que han ameritado visitas de comisiones especiales de Naciones Unidas en más de una ocasión. Puede ser que el Estado chileno se decida a sacrificar así a uno de sus "ciudadanos" y entregarlo a un juicio arbitrario (más bien, a un linchamiento judicial) y entregarlo a toda clase de torturas. Pero nosotros, como pueblo organizado estamos decididos a no permitir esto.
7.Defendemos el legitimo derecho de los pueblos a resistir, por los medios que estimen históricamente convenientes, a la violencia de los de Arriba. Por lo mismo, repudiamos a quienes practican el terrorismo de Estado y creen poseer la autoridad moral de imponer al pueblo los mecanismos legítimos para resistirle. La autodefensa no es un crimen, es un derecho histórico.
8. Declaramos, por último, que el verdadero y gran terrorista en esta historia, son los Estados chileno y colombiano. El Estado chileno, refundado mediante la dictadura de Pinochet, que persigue y encarcela sin pruebas, que militariza las comunidades mapuche, que asesina a militantes populares y que criminaliza la protesta social. El Estado colombiano, que exterminó a partidos completos de izquierda (más de 8 mil militantes de la Unión Patriótica, Frente Popular y A Luchar), que ha asesinado a casi 3 mil sindicalistas en 25 años, que secuestró y asesinó durante el gobierno de Uribe a más de 3 mil jóvenes para presentarlos ante las cámaras como "guerrilleros dados de baja en combate" (parte de su propaganda de guerra), que ha desaparecido a más de 30 mil colombianas y colombianos en dos décadas, que alimenta a escuadrones de la muerte que asesinan a por lo menos tres jóvenes al día como parte de su mal llamada "limpieza social"; un régimen que asesina y viola a menores de edad, como ocurrió recientemente en el Tame, Arauca (práctica que se originó en los '40 y que se le llamó "matar la semilla"); un Estado que ha deesplazado mediante su guerra a 5 millones de campesinos y ha entregado esas tierras a narco-terratenientes; un Estado donde más de la mitad de la clase política tiene comprobados vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico, como lo demuestra el escándalo de la parapolítica. Y, por último, un Estado que es la punta de lanza para el imperialismo yanqui en nuestra región.
¿Permitiremos los sectores organizados del campo popular que Manuel Olate sea entregado a esa clase de Estado?, hoy es Manuel, mañana puede ser cualquiera de nosotras y nosotros, a repudiar de forma organizada esta nueva arremetida contra los y las que luchan.
Llamamos a todas las organizaciones populares, sin sectarismos, a organizar un comité de apoyo permanente a Manuel Olate, para evitar su extradición, para lograr su liberación incondicional, así como para hacer claridad sobre la realidad de la prisión política tanto en Chile como en Colombia, realidad que se oculta en los medios nacionales e internacionales. Creemos que la solidaridad activa con Manuel, pasa por hacer claridad política también de la realidad colombiana, un país sometido a más de seis décadas de terrorismo de Estado y genocidio político, causa verdadera de la violencia en ese país.
El Estado colombiano se quedará con las ganas de poner sus sucias garras sobre Manuel. No lo permitiremos. A sumar fuerza, movilización y solidaridad.
Publicación Libertaria Hombre y Sociedad
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