Un año después de la masacre que derivó en el golpe de Estado contra Lugo, las organizaciones sociales y la sociedad civil comenzaron a cuestionar la versión oficial. ¿De quién era la tierra que ocuparon los campesinos? ¿Qué fue lo que realmente pasó en Curuguaty?
Hace un año, el 15 de junio, se llevaba adelante un brutal desalojo de las tierras de Marina Kue en Paraguay: una toma de tierras llevada adelante por campesinos en la que fallecieron 17 personas y que fue el detonante del Golpe de Estado a Fernando Lugo.
Inmediatamente después de la Masacre, el fiscal de la causa, Jalil Rachid, tenía el caso cerrado: los 60 campesinos armados con escopetas habían emboscado a casi 300 policías del Grupo de Operaciones Especiales, que contaban con armas largas y un helicóptero.
Marcha dialogó con Guillermo Ferreiro, uno de los abogados defensores de los campesinos.
- ¿Cómo es la causa que arma el estado?
Ellos arman una causa con medias verdades y con medias mentiras, en la que un grupo de campesinos radicalizados se preparan para resistir un desalojo; en donde recibieron clases de prácticas de tiro, y charlas ideológicas. Entonces, dicen que el día de la masacre, ellos buscaron un punto bajo del terreno que estaban ocupando para emboscar a la policía. Que forman una V o una U, y que esperan a la policía con tiradores expertos. Además dicen que colocan atrás, a mujeres con niños, de pocos meses o años, para que la policía se confíe. La policía llega al lugar y con disparos certeros, los campesinos dan muerte a seis policías. Entonces es ahí cuando la policía reacciona, repele la agresión y dan muerte a once campesinos.
- ¿Y ahora como está trabajando la defensa?
Nosotros sostenemos que no hay una exacta versión de los hechos, porque se han eliminado pruebas y se ha contaminado la escena del crimen. Sabemos y está demostrado con filmaciones, que se le han entregado casquillos de armas automáticas al fiscal, armas de uso militar y policial en Paraguay, y que también circulan en el mercado negro. Y el fiscal directamente las ocultó, y no presentó esa evidencia en la causa, por ejemplo. Entonces, lo que decimos hoy es que hay cosas que no pasaron; que no pasó lo que se dice, que no hay evidencias. Y al mismo tiempo, las propias pruebas de la policía demuestran que de las armas incautadas a los campesinos, sólo una fue disparada, y cuando se quiso probar en el laboratorio de la policía, no era apta para el disparo, estaba rota.
Entonces, no hay relación entre las pruebas y los hechos. Lo que aquí ocurrió es que el fiscal primero sacó la conclusión y después adaptó las pruebas a la conclusión que había sacado. Y así no se investiga.
Nosotros vamos a probar en juicio oral que hay pruebas que relatan lo que realmente sucedió. El ministerio del interior tiene, por lo menos, dos cámaras que captaron toda la masacre.
- ¿Quién es el fiscal Jalil Rachid?
Jalil rachid es un fiscal joven, de dos meses de experiencia en su cargo. Esta es una de sus primeras causas, y cuando ocurrió la Masacre, hacía un mes que había asumido la fiscalía de Curuguaty.
Es el hijo de un ex senador y presidente del partido colorado, amigo de la familia Riquelme y una persona muy conocida en Paraguay. Me atrevería a decir que su padre ha sido un muy buen legislador, pero siempre vinculado al Partido Colorado. Jalil Rachid ha tenido, además, una relación sentimental con una integrante de la familia Riquelme, que es la propietaria de Campos Morombí S.A.
- ¿Qué relación hay entre Campos Morombí y Marina Kue?
Campos Morombí es una firma, una sociedad anónima, que posee en la zona 52.000 hectáreas. Esas hectáreas rodean un inmueble que había sido donado a la Marina en el año 1967, y que ocupó hasta el año 1999.
En el año 2004, el Estado inició un juicio para titular las tierras. Y para poder llevarlo adelante, se debe notificar a los vecinos para hacer valer sus derechos, y Campos Morombí es notificado para que se presente, pero simultáneamente inicia un juicio de usucapión, que consiste en detentar la tenencia del inmueble por el transcurso del tiempo en el que uno está ahí.
Pero no lo hace contra el Estado. Aprovecha esa negligencia de no titular las tierras en más de 38 años e inicia el juicio contra la Industrial Paraguaya, que es la empresa que en 1967 le dona las tierras a la Marina.
Y con una serie de artimañas procesales, fraudes y en un tiempo récord de cinco meses, Campos Morombí logra una sentencia judicial favorable. Ellos hacen valer esa sentencia como un título de propiedad, y como supuestos propietarios del inmueble, denuncian la invasión. Y así se genera el procedimiento que después desencadena en la Masacre.
- En la Masacre de Curuguaty mueren 11 campesinos, seis policías y hay heridos e imputados que fueron encarcelados. ¿Cual es la situación procesal de los presos y los prófugos?
Hay quince procesados, privados de la libertad o en su casa o en la cárcel. Los quince procesados están con acusación y con pedido de elevación a juicio oral y público; por hechos punibles que van desde la tentativa de homicidio -que tiene una expectativa de pena de 30 años-, hasta el encubrimiento que tiene una pena de dos o tres años, como máximo. Y tres con pedido de sobreseimiento definitivo porque no están vinculados a la causa, pedido por la misma fiscalía. 9 de los acusados -todos defendidos nuestros- tienen acusación por tentativa de homicidio.
- ¿Y los prófugos?
Ahí hay una situación escandalosa; el fiscal basa su imputación en una supuesta lista, en un censo que el mismo Instituto de la Tierra le pide a los campesinos que hagan por si se conseguía el loteo de esas tierras. El fiscal cuando allana el terreno, luego de la masacre, dice encontrar un cuaderno completado por un tercero, con nombres y números de cédulas de identidad. En base a eso imputa a todos los que estaban en esa lista. Pero ese cuaderno no está agregado como prueba porque supuestamente se mojó. O sea, sólo el fiscal sabe de dónde sacó esos 54 o 60 nombres. Además, lo que también genera es que esas personas no puedan ser testigos, porque están imputadas. Lo que se buscó con eso en realidad, fue eliminar testigos.
Al día de hoy, la Articulación Curuguaty -una coordinadora de organizaciones sociales y de derechos humanos- viene denunciando los apremios y torturas ilegales que los presos y presas están sufriendo en las cárceles y por parte de los custodios de las prisiones domiciliarias. Al mismo tiempo denuncian la nulidad de la imputación a los campesinos, por haber invadido la tierra de Marina Kue, cuando no existen papeles que certifiquen que esas tierras pertenecen a Campos Morombí.
Marcha
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