El 24 de agosto de 1994 se juraba en Concepción del Uruguay, la Constitución aprobada, en la ciudad de Santa Fe, por la Asamblea Constituyente. El debate sobre la reforma constitucional se había impuesto en la agenda pública a partir de la necesidad de Carlos Menem de conseguir la reelección, vedada por la Constitución de 1853. Recordemos que cuando asumió el peronismo propuso como agente de una ofensiva neoliberal que logro llevar adelante mediante la derrota de los gremios estatales y telefónicos en los años ‘90 y ’91. El menemismo se transformo en un agente de la política imperialista imponiendo la convertibilidad, las privatizaciones y la flexibilización laboral, amén de someter al país a un proceso de endeudamiento externo extraordinario. Las consecuencias van a ser la híper desocupación y la miseria social de finales de los noventa.
El menemismo parecía una fuerza imparable y pretendía la reelección para darle continuidad a su proyecto político. La oposición se dividía entre una UCR fraccionada y declinante que no paraba de retroceder luego del descalabro del gobierno alfonsinista de 1989; y el FrePaSo encabezado entonces por Carlos “Chacho” Alvarez y Pino Solanas quienes buscaban construir un progresismo blanco, que había abandonado toda veleidad nacionalista o por la justicia social, que se centraba en la denuncia de la corrupción y en un cuestionamiento light de los aspectos más brutales de la política económica. El limite más fuerte que tenia el menemismo en la búsqueda de la reelección era su alianza al interior del justicialismo con el aparato del PJ bonaerense encabezado por Eduardo Duhalde quien se preparaba para ser el sucesor presidencial. Fue en este escenario, e impulsados por las disputas internas en el PJ y la UCR, que Menem y Alfonsín hicieron el Pacto de Olivos en noviembre de 1993 con el fin de acordar la reforma de la Constitución. Si para Menem se trataba de lograr la reelección y relegar a Duhalde, para Alfonsín el objetivo era recuperar el control de la UCR y ponerle limites al proyecto menemista mediante un consenso con el oficialismo. Un mes después, en diciembre de 1993 estalla la rebelión popular de Santiago del Estero, conocida como santiagueñazo, que va a adelantar la creciente y violenta oposición social al menemismo de los años posteriores.
Las elecciones constituyentes del 10 de abril de 1994 reafirmaron la mayoría del peronismo y consagraron a las candidaturas del FrePaSo que paso capitalizó para sí la oposición al menemismo y la reforma constitucional. Más aún, en virtud del Pacto de Olivos la Constituyente discutió a paquete cerrado (conocido como cláusula cerrojo) un Núcleo de Coincidencias Básicas, que contiene los acuerdos alcanzados entre Menem y Alfonsín como la reelección inmediata del presidente por un período de 4 años y la elección directa en doble vuelta; la creación de la figura del jefe de gabinete; la incorporación del tercer senador por la minoría con elección directa por provincia; la creación del Consejo de la Magistratura; la regulación de los decretos de necesidad y urgencia; la autonomía porteña o la entrega de la propiedad de los recursos naturales a las provincias. Este último item sirvió para lograr el apoyo de los gobernadores de las provincias petroleras –entre ellos Néstor Kirchner- a la privatización de YPF. Sin embargo, la parte dogmática de la Constitución de 1853, que establece los principios generales de la dominación burguesa terrateniente en la Argentina, quedo tal cual fuera redactada en la original. En los debates que se realizaron en las ciudades de Paraná y Santa Fe, no hubo en las deliberaciones ninguna oposición seria al plan de reforma o una denuncia al carácter amañado de la Convención. La única excepción fue la renuncia del frepasista obispo Jaime de Nevares.
La Asamblea Constituyente de 1994 no fue ni libre, ni soberana por el carácter amañado que tenia. Por las relaciones de fuerza existentes entre las clases (un momento de fuerte retroceso social y político de la clase trabajadora y la izquierda), por la orientación y los acuerdos previos de los partidos patronales y por la impotencia y la claudicación de la oposición centroizquierdista, la Asamblea Constituyente lejos de ser la institución más democrática del régimen burgués fue funcional a los intereses políticos del menemismo y para darle marco jurídico a los grupos económicos y del capital financiero que se habían adueñado de la Argentina, inaugurando una nueva fase de la dictadura del capital.
20 años después la oposición patronal al kirchnerismo en Argentina opone a los métodos bonapartistas del oficialismo un republicanismo que entrego en 1994 cuestiones de fondo, que hacen al carácter semicolonial del Estado burgués argentino, a cambio de concesiones formales. Sin embargo, el republicanismo compite con el oficialismo a la hora de poner límites y recortar derechos y libertades democráticas para los trabajadores y el pueblo pobre.
Cristina Fernández de Kirchner, constituyente en 1994, defendiendo al menemismo
No podemos obviar que cuando recibimos el gobierno en 1989 (se refiere al menemismo. NdR) éramos un país fragmentado, al borde de la disolución social, sin moneda, y con un Estado sobredimensionado que como un Dios griego se comía a sus propios hijos. Entonces hubo que abordar una tarea muy difícil: reformular el Estado, reformarlo; reconstruir la economía; retornar a la credibilidad de los agentes económicos en cuanto a que era posible una Argentina diferente. Se hizo con mucho sacrificio, pero se logró incorporar definitivamente pautas de comportamiento en los argentinos: estabilidad, disciplina fiscal; todos ellos son logros muy importantes, pero no podemos agotar el desarrollo en ellos.
Facundo Aguirre
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