Guatemala logró emanciparse del colonialismo español hace hoy 193 años, pero todavía tiene el gran reto de liberarse de las ataduras de la violencia y la criminalización de las luchas sociales, entre otros problemas.
Para nadie es un secreto que Guatemala es uno de los países más violentos del mundo, lo cual está asociado a la presencia de bandas criminales y estructuras del narcotráfico, esencialmente.
La denominada Sesión Histórica de firma de la independencia aconteció el 15 de septiembre de 1821 en el Palacio Nacional de Guatemala, cuando Centroamérica no era calificada como la región más insegura del mundo, según Naciones Unidas.
Aquel día, cuando asumió como jefe supremo del Poder Ejecutivo el brigadier Don Gabino Gainza, el área centroamericana distaba de ser una de las principales vías de trasiego de drogas ilegales hacia Estados Unidos, el mayor mercado de esas sustancias en el orbe, como también ha señalado la ONU.
El año pasado Guatemala cerró con 6.072 asesinatos. Si difícil es digerir esta escalofriante cifra, más complejo aún resulta saber que entre el total de ultimados hubo cuatro periodistas y 18 defensores de los derechos humanos.
Por cierto, por estos días en que se ha hablado tanto de actos conmemorativos, desfiles y antorchas la mayoría de los medios informativos han silenciado una trágica noticia: el homicidio del defensor humanitario Juan Almira en la comunidad El Naranjo, 91 kilómetros al suroeste de esta capital.
Este crimen sí lo condenaron las once organizaciones integrantes de la Convergencia por los Derechos Humanos y el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y exigieron al ministerio Público esclarecerlo cuanto antes.
La Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, manifestó en mayo anterior preocupación por la muerte de 18 defensores humanitarios durante 2013 en Guatemala y aseguró haber recibido información sobre casos de amenazas, ataques y campañas de desprestigio contra otros.
Por su parte, los coordinadores de la Alianza de Mujeres Rurales y el Comité de Unidad Campesina, Raquel Vásquez y Daniel Pascual, respectivamente, exigieron al Estado guatemalteco el cese de la criminalización de los miembros de organizaciones sociales y comunidades.
"Pedimos al Estado que nos deje mantener nuestra organización social porque en Guatemala estamos siendo muy recriminados, cuestionados y perseguidos", declaró Vázquez.
Sobre este tema, Pascual indicó que los miembros de la organización que dirige rechazan la persecución penal y judicial, y la criminalización contra la resistencia pacífica.
Estas denuncias dan una pista de cuánto hay que trabajar en Guatemala por lograr un país mucho menos violento y donde las balas no sieguen la vida de personas que dicen alto y claro lo que hay que cambiar en esta nación centroamericana.
Obviamente, para alcanzar esta meta se necesitan estrategias políticas y cambios estructurales que lleven a resultados diferentes para el bien de todos.
Randy Saborit Mora (PL)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario