Los procesos políticos progresistas que han venido hegemonizando el escenario latinoamericano los últimos quince años viven momentos cruciales. Cuestiones que afectan al eje vertebrador de las identidades programáticas e históricas de las fuerzas que componen estos gobiernos están encima de la mesa, tornándose objeto de disputa, no sólo frente a los enemigos de los procesos, situados en la derecha, el neoliberalismo y, en no pocos casos, en el golpismo, sino también en el ámbito interno de las complejas redes y movimientos que han venido ejerciendo un rol de sostén externo de las políticas de esta oleada progresista, y que suponen su expresión más genuinamente popular.
El 11 de diciembre de 2014, el Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador trasladaba a la CONAIE, organización que encabezó con altas dosis de combatividad la resistencia al modelo neoliberal en los años noventa, la finalización del derecho de usufructo del que gozaba sobre su histórica sede en Quito, lo que se ha interpretado como un ataque motivado por sus posturas críticas respecto a la línea de priorización de grandes proyectos de desarrollo que parece ganar peso, no sin debate, en el seno del ejecutivo de Correa en los últimos tiempos.
En Brasil, tras un proceso electoral caracterizado por la convulsión derivada de las protestas desencadenadas en los prolegómenos del Mundial, y en el que la victoria del PT se produjo por un margen del 3%, el nombramiento de Joaquim Levy como ministro de Hacienda ha levantado una oleada de críticas en los sectores que han venido apoyando el proceso por la izquierda, dada la orientación abiertamente neoliberal que se prevé que se le imprimirá a un ministerio estratégico. El nuevo ejecutivo cuenta también con una ministra de Agricultura, Katia Abreu, ligada al agronegocio y a la patronal del sector, y frontalmente enemistada con uno de los sostenes históricos del Partido de los Trabajadores: el MST.
Son dos ejemplos que ilustran la encrucijada histórica que enfrentan la práctica totalidad de procesos progresistas.
Una de las claves del éxito de estos procesos estriba en la capacidad para trazar amplias alianzas sociales que incluyan, además de los sectores históricamente excluidos por el modelo depredador de capitalismo dependiente, a parte importante de las capas intermedias, así como a sectores del mundo de la empresa perjudicados por el proceso de financiarización y desindustrialización acelerada de la economía, derivado de la implementación del esquema neoliberal y de ajuste estructural durante los ochenta y noventa. Esto habría posibilitado la generación de amplios consensos en torno al rechazo de un modelo que sólo beneficiaba a una élite oligárquica, la cual a su vez quedó, en la práctica totalidad de países de la región, aislada políticamente por su identificación con un esquema de gobierno que se había demostrado nefasto para los intereses del común de la ciudadanía.
Aun así, el sostén más sólido de los procesos en curso lo encontramos en los sectores populares históricamente más afectados por el modelo: indígenas, trabajadoras informales, desocupadas, pequeño campesinado y proletariado rural, etc. La CONAIE, que en los noventa tumbó tres gobiernos neoliberales en Ecuador; las organizaciones cocaleras, en cuyo seno fermentó el liderazgo de Evo Morales y que, junto con la luchas contra la privatización del agua y del gas de principios del siglo XXI, gestaron el magma popular que dio la victoria al MAS en 2006; piqueteras, desocupadas y pequeñas ahorradoras en Argentina; el MST, a la vanguardia de una movilización que cristalizaría en la victoria de Lula en 2002, y que hizo de la ocupación de tierras un modelo de desobediencia referencial para la izquierda mundial.
Esto es, la estrecha ligazón entre la movilización encabezada por los sectores populares más castigados por el ajuste neoliberal y las posteriores victorias electorales de la izquierda que han dado lugar al ciclo posneoliberal en América Latina. No se puede entender este ciclo (ni las conquistas que ha supuesto en materia de políticas sociales en favor de sectores hasta entonces absolutamente desprotegidos, de recomposición de los equilibrios de poder respecto a las transnacionales y los poderes financieros en términos de fortalecimiento de la soberanía, o de introducción de la cuestión medioambiental en las perspectivas gubernamentales), si no partimos del papel protagonista y catalizador de los movimientos sociales.
Es la agenda promovida por estos movimientos y su asunción por los gobiernos de cambio lo que permitió la cristalización de programas de ruptura con el modelo dominante, situando en el centro de las prioridades estratégicas oficiales la superación del esquema primario-exportador ligado a la extracción masiva de recursos, generador de insostenibles impactos socioambientales y responsable de un deterioro de los términos de intercambio que da lugar a la perpetuación de asimetrías estructurales en el marco de los flujos globales de comercio e inversión. Esto es especialmente manifiesto en aquellos países en los que la cosmovisión indígena está más presente, y en los que los movimientos sociales han impregnado con la misma la acción gubernamental, como Ecuador y Bolivia.
En la actualidad, dada la caída de los precios internacionales de las materias primas, la reducción de los ingresos obtenidos de la exportación está generando dificultades a los gobiernos para sostener los programas sociales que precisan las mayorías empobrecidas. Asimismo, la alianza con sectores sociales intermedios y empresariales genera imperativos políticos que, en un contexto de reducción de recursos, pueden resultar incompatibles con las exigencias derivadas de un programa de ruptura de modelo, generándose disfunciones en la implementación de medidas ligadas al paradigma del Buen Vivir o del Socialismo del Siglo XXI, dos de los marcos conceptuales que referencian las propuestas impulsadas desde los movimientos sociales.
En esta encrucijada histórica, surgen propuestas de abandono de los elementos más rupturistas, abogando por hacer de la necesidad virtud y convertir la extracción y exportación de materias primas en el eje de la acción de gobierno, renunciando a medio plazo a la modificación de la matriz productiva. La reacción desde los movimientos sociales apunta a un resquebrajamiento de la sintonía y la unidad de acción con los gobiernos, al percibir un deslizamiento en favor de estos grupos sociales de extracción menos popular en el seno de las alianzas que sustentan a los mismos, expresado en las dificultades y dudas para profundizar en elementos programáticos originalmente vinculado a los proyectos de gobierno.
En esta coyuntura crucial, es necesario dotar de un nuevo impulso estratégico a los procesos en marcha, cuya derrota en favor del retorno a esquemas neoliberales (que reaparecen en la región aprovechando las dificultades) supondría una catástrofe para unas clases subalternas que disfrutan de derechos humanos básicos que les eran negados y que se han tornado sujeto político consciente y hegemónico, en un proceso de empoderamiento colectivo que no puede ser tirado por la borda pese a las dificultades. Para ello es necesario recuperar el diálogo y la sintonía gobierno-movimientos, pues estos constituyen la base social más sólida y fiable de los proyectos de cambio al representar genuinamente al pueblo despojado por la barbarie neoliberal.
Gorka Martija, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad
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