El gobierno mexicano está empeñado en cerrar la crisis abierta por la movilización popular desatada por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La "hipótesis" oficial, presentada ahora por la Procuraduría General como "verdad histórica", es atribuir la masacre de los estudiantes a "una confusión" de los narcos de Guerreros Unidos con integrantes de un cartel rival. Esta única línea de investigación procura alejar la caracterización de la masacre como un crimen político del Estado en perjuicio de jóvenes docentes en lucha. Entre las instituciones estatales comprometidas con el genocidio se encuentra el Ejército. Un grupo de intelectuales ha denunciado que "el Ejército sabía, desde 2013, que el cartel (de) Guerreros Unidos controlaba las policías de Iguala y Cocula, pese a lo cual las fuerzas armadas no investigaron a dichos delincuentes, sino que les brindaron protección" (La Jornada, 2/2).
El gobierno mexicano ha fracasado en sus diversas tentativas de cooptación, distracción, amedrentamiento y desgaste para detener el movimiento popular. A cuatro meses de las desapariciones, 60.000 personas marcharon en el Distrito Federal y hubo protestas importantes en ciudades del interior del país. Una Asamblea Popular Nacional, con delegados de 122 organizaciones, sesionó durante ocho horas en la escuela normal rural de Ayotzinapa. El sur mexicano, especialmente Guerrero, bulle con una intensa agitación docente y estudiantil.
El andamiaje político del encubridor Peña Nieto ha sido sacudido por el derrumbe de más del 50% del precio del barril de petróleo en apenas seis meses, en medio del proceso de privatización de la estatal Pemex. Asimismo, "la perforación (ilegal) de ductos de Pemex (por el crimen organizado) ya es un problema de seguridad nacional que en 2014 alcanzó la cifra de 4.127 tomas clandestinas" (El Universal, 2/2). Estas extracciones van a parar a un mercado negro que involucra a funcionarios locales.
El Estado narcotraficante mexicano, que se encuentra bajo la tutela política y militar de Estados Unidos, enfrenta un progresivo proceso de desintegración política que la crisis mundial y la movilización popular habrán de acentuar. Esta caracterización debería ser el punto de partida para establecer un programa y un método de acción que apunte a conquistar a una amplia mayoría popular bajo la dirección de la clase obrera. El papel de la clase obrera, hoy completamente subordinado, deberá cambiar como consecuencia del desarrollo de la propia crisis.
Gustavo Montenegro
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